El Poder Judicial de la Federación autorizó un contrato de obra presuntamente irregular para la construcción de un edificio de su nueva sede sobre la Av. Adolfo Ruíz Cortines, al poniente de la ciudad capital, según el informe de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al año 2016.
En el informe se indican tres observaciones dentro del proceso de construcción del edificio denominado “Fracción No. 2” de la sede del Poder Judicial de la Federación en Aguascalientes, el cual consistía en un edificio integrado por planta baja y seis niveles, con un área total de construcción de 11 mil 200 metros cuadrados en una superficie de 32 mil metros cuadrados.
En las diversas áreas el edificio albergaría la administración regional y el tribunal colegiado, así como los cinco juzgados de distrito y la sección de trámite y actuaría, además de las áreas de servicios generales y estacionamiento requeridas.
El proyecto de obra fue adjudicado a Grupo Akarci S.A. de C.V. por un monto de 336 millones 212 mil pesos, a desarrollarse del 16 de diciembre de 2016 al 12 de agosto de 2017.
De acuerdo al informe de la ASF, se encontraron tres observaciones en el proceso de ejecución en el contrato de obra pública: CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016, a precio alzado.
La primer presunta irregularidad fue la modificación de la fecha en que se daría a conocer el fallo, al postergarse del 5 al 8 de diciembre de 2016, sin que todos las empresas constructoras participantes en la convocatoria tuvieran conocimiento de ello y sin que esa modificación se difundiera en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos con alcance nacional en los que previamente se hubiera realizado la convocatoria.
Además la propuesta del contratista no se sujetó a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, al no reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas por el Consejo de la Judicatura. Y tampoco representó la propuesta más económica, ya que antes de ella hubo tres propuestas con montos más bajos de entre 330 millones y 335 millones de pesos.
Derivado de este aspecto, la Auditoría Superior de la Federación emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria dirigida a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que dicha entidad realice las investigaciones concernientes y en su caso inicie el proceso administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron el contrato de obra.
Asimismo, se corroboró que la contratista no acreditó la inversión del anticipo concedido dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega, el cual correspondía a un 35% del monto total de la obra, es decir 117 millones 674 mil pesos.
Otra observación que hizo la ASF fue la sobreoferta de insumos de la propuesta de la contratista Grupo Akarci S.A. de C.V., al señalar mil 471 toneladas de acero de refuerzo, de las que sólo se ejecutaron 235.85 toneladas, sin que se hayan llevado a cabo las deducciones o descuentos señalados en el Artículo 395 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Dentro del contrato de la obra también se omitió colocar dos bocinas con luz estroboscópica y dos estaciones manuales de alarma inteligente.
Finalmente, el informe de la ASF puntualiza que no se aplicaron las penas convencionales al contratista por no concluir el edificio en el tiempo marcado en el contrato, ya que al momento de la auditoría, al 1° de septiembre de 2017, aún se encontraba en ejecución el proyecto aunque en el contrato se indica que los trabajos debieron concluirse el 12 de agosto.
