En un lamentable y angustiante episodio que se repite con alarmante frecuencia en México, Yamilé N. ha enfrentado meses de una brutal violencia vicaria a manos de su exesposo, José M. N.
El señor ha utilizado recursos financieros e influencias para manipular el proceso de divorcio, convirtiéndolo en una batalla desigual y despiadada, donde el único objetivo parece ser despojar a su expareja de cualquier soporte emocional y económico.
El día de hoy, en Puebla, la situación llegó a un nuevo extremo con la ejecución de un llamado “autoembargo“.
Esta práctica fraudulenta y corrupta, ampliamente extendida en el país, la utilizó José M. N. y su hermano Miguel Ángel N., quienes fabricaron una demanda entre ellos mismos para embargar la vivienda donde residían Yamile y sus tres hijos.
Con este movimiento calculado, logran sacar el inmueble del proceso de divorcio, dejando a Yamile y a sus niños en la calle.
La violencia vicaria, un fenómeno en el que los abusadores utilizan a los hijos como arma para infligir daño a sus exparejas, es una forma de maltrato que persiste silenciosamente en la sociedad, especialmente en un sistema donde el poder y la corrupción a menudo prevalecen sobre la justicia.
Esta táctica de manipulación emocional y psicológica es desgarradora, no sólo para las madres que se ven privadas de sus hogares y seguridad, sino también para los menores que se utilizan como peones en un juego de control y poder.
Este caso es un reflejo aterrador de una realidad a la que se enfrentan muchas mujeres en México, donde la estructura del poder, las conexiones y los recursos económicos pueden doblar la ley a voluntad, dejando a las víctimas en un estado de indefensión absoluto.
Es vital que se eleve la voz para denunciar estas injusticias y que el sistema judicial tome acción para proteger a las víctimas de la violencia vicaria y financiera, asegurando que ningún niño sea usado como un instrumento de venganza.
La historia de Yamilé N. debe servir como un llamado de atención urgente a las autoridades, para que se tomen medidas firmes contra estas prácticas corruptas que despojan a muchas mujeres de su dignidad y seguridad.
La justicia debe prevalecer, y es responsabilidad de todos asegurar que estas voces no se silencien.
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