De academia y medios
Mediante webscrapping, el Programa de Políticas de Drogas (PPD) elaboró en 2020 una base de datos sobre la presencia criminal en México e identificó a 150 grupos delictivos en el país, información que finalmente dispuso en su portal web.
Por su parte en 2023, El Universal publicó un mapa interactivo a partir de un análisis realizado a más de 50 reportes de inteligencia elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que forman parte del acervo hackeado por la organización Guacamaya, con datos entre 2017 y 2022, aunque los más útiles y numerosos serían entre 2019 y 2022.
En ese tenor, revisé cada una de las filas y celdas de los datos contenidos tanto en los archivos Excel del PPD como de El Universal, empleando entre otras técnicas, una búsqueda fonética de organizaciones criminales para identificar coincidencias, dado que entre cada fila de cada Excel, había un sinnúmero de posibilidades sobre un mismo nombre.
Revisando la base de datos de El Universal, conté 112 grupos criminales, que tenían mezclados a cárteles, clanes y pandillas, considerando que los cárteles son las organizaciones con más personal, poderes territoriales y manejo de dinero, al tiempo que los clanes son organizaciones intermedias, que provienen de una de dos hipótesis:
La primera hipótesis es que los clanes son pandillas de alto impacto en una fase de auge, por lo que en el largo plazo podrían ser cárteles, al tiempo que la segunda hipótesis apunta a que se trata de cárteles en caída, en declive pero que siguen siendo lo suficientemente poderosos, con capacidad económica y paramilitar, como para no considerarlos pandilla.
En un artículo publicado el 9 de septiembre (Lista 2024: los clanes criminales de México) presenté a los dos únicos cárteles en México (CJNG y Sinaloa) así como a los 10 clanes existentes (Arellano Félix, Beltrán Leyva, Carrillo Fuentes, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel Santa Rosa de Lima, Cártel de Tepito, Nueva Familia Michoacana, La Línea y, Nuevo Cártel de Juárez).
Y apunté que dos son los clanes que tienen mayores probabilidades de ascender a cárteles, de la lista de los diez identificados: el Cártel del Noreste y la Nueva Familia Michoacana.
Así, cotejando las listas del PPD y de El Universal, hay coincidencia de ciertos nombres que fueron identificados en ambos trabajos. Estos grupos no son cárteles, sino entes delictivos que tienen una capacidad de fuego aplastantemente superior a una pandilla común y evidentemente de menor peso específico respecto a los clanes:
El lector avezado notará de inmediato que al menos dos tercios de las pandillas de alto impacto mencionadas en esta lista, fueron alguna vez parte de un cártel; empero, hay algo más preocupante: al menos, la mitad de la lista son fragmentaciones de clanes o lo que es lo mismo, son pedazos de cárteles que se hicieron clanes y luego pandillas.
En ese tenor, es de entenderse que las estrategias de seguridad de al menos tres sexenios, no han servido en lo absoluto, dado que como diría Lavoisier, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. De cártel a clan y de clan a pandilla de alto impacto o a la inversa.
Estas pandillas de alto impacto tienen un componente común, además de sus orígenes de cártel o clan: su ferocidad y territorialidad es a todas luces, expoliativa. Agreden al tejido social en donde operan y son los que se manchan las manos a la hora de avanzar sobre un terreno que es atractivo para organizaciones más grandes, fungiendo como outsourcing.
Revisando, la lista no es siquiera cercana a la realidad: hay docenas de pandillas de alto impacto que no aparecen en ninguna de las dos listas estudiadas. Solo por citar unos ejemplos, no están Los Artistas Asesinos, Los Mexicles, El Toñín y el Cártel de la Sierra de Izontepec.
Con todo, da una idea de las cosas. De ahí que alrededor de 120 organizaciones criminales sean las que pertenecen a este estrato y cubren a todos los estados de la República Mexicana. Si solo se tomara en cuenta a las coincidencias identificadas, serían 88. Por supuesto, no están distribuidas simétricamente por entidad federativa.
Cotejando ambos trabajos, calculé el porcentaje de municipios que tienen actividad de pandillas de alto impacto por entidad federativa. Los datos son los siguientes:
Entidades con 90 a 100 por ciento de sus municipios, con pandillas de alto impacto
Entidades del 70 al 89 por ciento
Entidades del 40 al 69 por ciento
Entidades del 20 al 39 por ciento
Entidades del 10 al 19 por ciento
Entidades con menos del 9 por ciento
La violencia en términos de homicidios dolosos no se explica por la mera presencia de los cárteles y pandillas de alto impacto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y San Luis Potosí tienen el 100 por ciento de municipios con actividad de grupos delictivos, pero de esos, Baja California, Colima y Michoacán tienen un baño de sangre sistémico al tiempo que Durango y Aguascalientes no pasan por una situación similar.
En ese tenor, Chiapas o Hidalgo deberían tener una cantidad de homicidios dolosos muy pequeña, pero no es así, por lo que no se puede dar una razón técnica que explique la violencia. Todo señala que son patrones que entremezclan lo estatal con lo nacional.
Dos son los casos más interesantes: Yucatán, con una cantidad minúscula de homicidios dolosos y una cifra bajísima de sus municipios con grupos criminales y, Ciudad de México con todas sus demarcaciones cubiertas por ese tipo de colectivos, pero con 709 homicidios dolosos en 2022, una cantidad que palidece frente a los 2 mil 399 de Baja California.
La especulación que explicaría estas anomalías señala entonces que, la inaudita cantidad de homicidios dolosos que está experimentando el país se da por tres elementos:
El 20 por ciento de todos los municipios del país muestra actividad de CJNG (513 municipios), pero hay “algo más” que debe estar generando violencia.
Esa “violencia que falta explicar” supone que los delincuentes comunes y no asociados a CJNG, están operando bajo dos posibilidades: o, trabajan para Sinaloa o un clan o, se percataron que con una tasa de esclarecimiento del delito menor al 5 por ciento, se puede matar y no solamente herir a sus víctimas.
Y, ante la presencia de dos cárteles nacionales, de los cuales uno está frente a un proceso de eclosión (Los Menores y Zambada), los clanes se han consolidado como barones territoriales que un día se asocian con uno y otro día, cambian de bando.
Los que están poniendo las víctimas de delitos y los muertos, no son los cárteles sino una tendencia que está siendo conveniente para éstos: Sinaloa o CJNG negocian con una pandilla local que funcione como outsourcing y se llevan un beneficio económico a cambio.
La ventaja es gigantesca para los cárteles ya que el riesgo no es de ellos sino de aquellos que aceptaron ser su outsourcing, actividad que no garantiza ingresos estratosféricos a una pandilla pero es trabajo (criminal) y da cierto nivel de protección frente a las autoridades.
Por lo tanto, en todo México hay pandillas outsourcing que tienen control de una colonia, fraccionamiento o unidad habitacional que a su vez le rinden resultados a un mando local de un clan o un cártel.
Así, docenas de homicidios que tienen que ver con la delincuencia organizada, pasan desapercibidos y en todo caso, tratados como un homicidio más entre pandillas, escondiendo a un verdadero monstruo detrás de la burda justificación oficial, “un ajuste de cuentas” o ese otro memorable embuste, “un ataque directo”.
Faltan las pandillas comunes. El último dato que conocí de una fuente del más alto nivel en el gobierno federal, fue de 2017 y señalaba 9 mil 400 pandillas. Si apenas 3 personas integraran cada pandilla, habría un ejército de 27 mil delincuentes activos y en la calle.
Queda presentar en otro artículo, a la estimación de las personas que trabajan para 10 clanes y 2 cárteles (CJNG y Sinaloa) a los que habrá de agregarse a las docenas de miles de delincuentes comunes que azotan al país entero.
