El Tribunal Supremo español impuso este lunes penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve de los 12 líderes independentistas procesados por el fracasado intento de secesión de 2017, anunció el alto tribunal.
La pena más alta, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación, fue para el ex vicepresidente del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, una pena muy inferior a los 25 años que solicitaba la fiscalía. Los otros tres procesados que no recibieron pena de cárcel fueron condenados a una multa.
Dirigente de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, de 50 años, fue condenado a 13 años de prisión, por sedición y malversación de fondos públicos.
La fiscalía había solicitado 25 años de cárcel por rebelión y malversación, y los abogados que representaron al Estado 12 años, por sedición y malversación.
Junqueras fue encargado por el entonces presidente regional Carles Puigdemont de preparar el referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de 2017. Fue el principal acusado del juicio, en ausencia de Puigdemont, huido de la justicia española a Bélgica.
Tres antiguos ministros regionales, Dolors Bassa (60 años) Jordi Turull (53), y Raul Romeva (48), fueron condenados a 12 años de prisión por sedición y malversación.
Otros dos exministros catalanes, Josep Rull (51 años) y Joaquim Forn (55), fueron sentenciados a 10 años y 6 meses de prisión por sedición.
Carme Forcadell, de 64 años, recibió 11 años y 6 meses de prisión por sedición.
Esta exdirigente de la influyente Asamblea Nacional Catalana (ANC), que organizó masivas manifestaciones de separatistas, ignoró las advertencias de la justicia de que no permitiera la tramitación de leyes para organizar el referéndum y la secesión.
El Tribunal Supremo condenó a 9 años de prisión por sedición al presidente de la ANC en el momento de los hechos, Jordi Sánchez, de 55 años, y el presidente de otra gran asociación separatista, Omnium Cultural, Jordi Cuixart, de 44 años.
Ambos fueron puestos en prisión provisional el 16 de octubre de 2017 por haber convocado una manifestación frente a una dependencia del gobierno catalán que era registrada, impidiendo la salida de funcionarios y agentes de fuerzas del orden.
Otros tres exministros regionales, los únicos acusados en libertad condicional, fueron condenados a una multa de 60,000 euros y 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Ellos son Santi Vila, 46 años, quien abandonó el gobierno regional la víspera de la declaración de la independencia, el 27 de octubre de 2017; Carles Mundó, 43 años; y Meritxell Borràs, 55 años.
Un juez español emitió este lunes una nueva orden internacional de detención contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont, instalado en Bélgica, luego de que el Tribunal Supremo condenara a otros 12 líderes independentistas por su papel en la fallida secesión de 2017.
El Tribunal Supremo indicó en un comunicado que el magistrado Pablo Llarena, quien retiró anteriormente una orden similar contra Puigdemont –pero por el delito de rebelión que no logró hacer aplicar por otros países europeos–, lanzó ahora el pedido “por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos”.
Principal figura del intento de secesión de octubre de 2017, Puigdemont se trasladó a Bélgica para evadir la justicia española.
Apenas habían pasado unos minutos del anuncio de la condena contra sus líderes y los independentistas catalanes ya se habían echado a la calle, cortando calles y carreteras como comienzo de unas protestas que “van para largo”, aseguraban.
A mediodía, la Plaza Cataluña, en el centro de Barcelona, ya estaba a rebosar con miles de personas con banderas independentistas y pancartas con consignas como “libertad presos políticos” o “lo volveremos a hacer”. Los manifestantes después se dirigieron hacia el aeropuerto con intención de bloquearlo.
En el aeropuerto de El Prat, se vivieron momentos de tensión cuando la policía cargó contra los manifestantes independentistas localizados a la entrada.
La tensión se respiraba desde el amanecer en esta ciudad. Un helicóptero sobrevolaba el cielo nublado y numerosas furgonetas policiales protegían posibles objetivos de las protestas como la principal estación de trenes, las dependencias judiciales o el aeropuerto.
Para los próximos días están previstas marchas de varios días para paralizar la región, manifestaciones en numerosas localidades y una huelga general el viernes.
