(Con información de Sara Elizondo y Emmanuel Rincón)
Redacción I Pachuca
Después de 22 meses en el cargo, Javier Ramiro Lara Salinas presentó ante el Congreso local, con carácter de irrevocable, su renuncia por motivos personales como titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
Durante la sesión de ayer, la presidenta de la directiva del mes, Ana Bertha Díaz Gutiérrez, señaló que el documento ingresó el 5 de julio y fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su dictamen.
Lara llegó al puesto el 3 de septiembre de 2016.
Según la fiscalía, al inicio de su gestión, el rezago en materia de averiguaciones previas, en el sistema de justicia tradicional, era de 67 mil 541 expedientes, de los cuales se resolvieron 33 mil 620 (49.7 por ciento).
El 15 de septiembre de 2016, Criterio publicó que la PGJH destituyó a 15 peritos, la mayoría del área de Criminalística, por carecer de título profesional, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lara justificó que esta condición permitía evitar que un dictamen pericial “se viniera abajo” por la falta del documento oficial.
El año pasado, la procuraduría detuvo a cuatro exfuncionarios vinculados con malversación de recursos públicos durante el sexenio anterior.
El 17 de enero, efectivos pusieron a disposición de las autoridades a José Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH).
El 9 de marzo, fue apresado Carlos Becerril Vargas, extitular de la Coordinación Financiera y Planeación del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRTH); el 19 de julio, el exdirector general del órgano gubernamental, Sergio Islas Olvera,
fue recluido.
El 22 de agosto, efectivos de la procuraduría pusieron a disposición de las autoridades a Pablo Pérez Velasco, exfuncionario de la Secretaría de Salud. No obstante, su padre, Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Administración y Finanzas en la SEPH, acusado junto con Turrubiarte Delgadillo por desvió de recursos, continúa evadido de la justicia.
En casi dos años, la Policía Investigadora desarticuló 34 bandas dedicadas al asalto, fraude, al robo a vehículo o hurto a casa habitación, de acuerdo con la PGJH.
Los elementos decomisaron 324 mil 900 litros de hidrocarburo y protagonizaron 16 enfrentamientos relacionados con este ilícito. Además, aseguraron 49 tomas clandestinas y 223 unidades; detuvieron a 55 personas por huachicoleo en la gestión de Lara.
Respecto de la renuncia, organizaciones civiles plantearon que la dependencia estatal debe convertirse en una fiscalía general autónoma, abierta al diálogo con la sociedad civil y de respeto a los derechos humanos.
Diana Avilés, directora de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), señaló que es necesario que la instancia transparente los procesos penales y sus resultados.
Recordó que en 2017, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) emitió la recomendación VG-0001-17 contra el Tribunal, Salud y la Procuraduría de Hidalgo tras el feminicidio de una mujer en La Providencia, La Reforma, del que a la fecha no hay detenidos.
También cuestionó la actuación de la instancia ante el aseguramiento de la coordinadora de Administración y Finanzas de la UAEH, Gabriela Mejía, el 15 de junio. “Había muchos recursos puestos desde el Ministerio Público para el caso, criminalizando activistas y periodistas, pero en otros casos de desaparición, feminicidio y más delitos no hay la atención”.
POSTURAS.
