En un estado democrático como lo es México, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
Todo poder público dimana del mismo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
A partir de esta disposición constitucional, cualquier asunto vinculado con la integración de los poderes públicos, debe privilegiarse la voluntad popular.
El pasado domingo 1 de julio poco más de 45 millones de ciudadanas y ciudadanos de todo el país, acudimos a las urnas para ejercer nuestro derecho al sufragio.
De acuerdo con datos arrojados por el PREP, hubo una participación mayor al 62% de personas inscritas en el listado nominal, lo que representa una amplia votación para los comicios federales.
De igual manera, los resultados preliminares arrojan como ganador de la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES).
Mismo caso sucede con las candidatas y candidatos postulados a senadurías y diputaciones por la referida coalición en Baja California, quienes ganaron con una amplia ventaja en sus respectivas elecciones.
Cabe indicar que los resultados mostrados por el PREP solo tienen un carácter informativo y no son definitivos, es decir, no tienen efectos jurídicos.
Por tanto, de acuerdo a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para brindar resultados definitivos de las elecciones, es necesario llevar a cabo los trabajos de escrutinio y cómputo en los 300 Consejos Distritales, que iniciaron a partir del miércoles 04 de julio hasta el sábado 07 del mismo mes.
De confirmarse estas tendencias, permitirá en todo caso, que no se presenten medios de impugnación, dada la amplia diferencia de votos entre el primero y segundo lugar.
No obstante lo anterior, en los últimos procesos electorales -locales y federales- hemos observado cómo el TEPJF ha jugado un papel de mayor relevancia en las elecciones.
Esto se debe fundamentalmente a lo cerrado de las contiendas, aunado a que nuestro marco normativo permite la posibilidad de que las candidatas y candidatos, así como sus representantes tengan un mecanismo legal para impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético, o bien, por nulidad de toda la elección.
En ese tenor, el juicio de inconformidad es el medio de impugnación idóneo para combatir y anular los resultados de la votación en una o varias de las casillas instaladas en un proceso electoral, o incluso se puede solicitar que se anule una elección. Cabe puntualizar, que este tipo de juicios sólo es procedente durante los procesos electorales federales de forma exclusiva en la etapa de resultados y declaración de validez.
En base a los plazos que marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este recurso deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de la conclusión del cómputo que se impugna. Así pues, se estima que alrededor del 13 o 14 de julio el TEPJF iniciará el proceso de calificación de las elecciones federales.
Como breviario, la Sala Superior del TEPJF será la competente para resolver los juicios de inconformidad relacionados con la elección de presidencial en única instancia, mientras que las Salas Regionales que ejerzan jurisdicción en sus respectivas circunscripciones, serán competentes para resolver los juicios cuando se trate de elecciones de diputaciones y senadurías por ambos principios, así como la asignación a la primera minoría en la elección de senadurías.
