La actual crisis de movilidad humana llama a la acción de distintos actores a nivel mundial, no sólo de las entidades gubernamentales y de las agencias involucradas, sino de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y todos aquellos que puedan sumar a la atención de dicho fenómeno.

La migración y la protección internacional a través de las fronteras se diferencian por la motivación del desplazamiento. La modalidad de la migración económica en la cual los hombres en edad laboral salían de su lugar de origen para mandar remesas a sus familias persiste, salvo que la población se ha diversificado ya que cada vez están más presentes otros segmentos poblacionales en los flujos, sumando a las mujeres y a los niños y niñas que emigran, buscando un mejor porvenir. 

Adicional a la diversificación del segmento poblacional se encuentran las motivaciones, ya que a la migración económica que se internaba en los países de destino huyendo de la autoridad migratoria se han ido sumando los solicitantes de protección internacional (asilo o refugio, dependiendo del país de acogida). Esta modalidad ha saturado los sistemas migratorios de los países de destino y han generado crisis en distintos lugares del mundo, haciendo más complejo el fenómeno. 

Las respuestas de los gobiernos de los países de origen han sido distintas, generando políticas públicas que tratan de aliviar su sistema migratorio, muchas veces, a costa de la integridad de las personas que huyen de sus lugares de origen por falta de oportunidades, el crimen organizado, desastres naturales, conflictos bélicos u otras coyunturas o causas estructurales. 

A nivel global, se buscan respuestas de distinta índole, desde la agenda 2030 en la cual a través de diversas metas tratan de combatir las causas negativas de la migración forzada, hasta instrumentos más específicos como lo son el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular, y el Pacto Mundial sobre Refugiados. 

Ambos esfuerzos surgen debido a la crisis migratoria sucedidas en distintas partes del mundo, particularmente en el mediterráneo, llevando a los líderes mundiales a adoptar en el 2016 la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente, este esfuerzo se tradujo en la creación de ambos Pactos que fueron adoptados por la mayoría de los países en el mundo. 

En la víspera de la celebración del Foro Mundial sobre Refugiados (FMR), a celebrarse en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2023, la situación global arroja alarmas por el descomunal reto que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene por delante. Basta con identificar los desplazamientos que han generado los conflictos armados en distintas latitudes como son Ucrania, Sudan y por supuesto Gaza. Aunado a lo anterior, están los retos permanentes de los solicitantes de protección internacional cuya integridad (y muchas veces cuya vida) están en riesgo en sus países de origen. En este sentido, el Alto Comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, alza la voz permanentemente para que la comunidad internacional se comprometa de una manera más activa en la atención del fenómeno. 

En el caso de México no es la excepción. No obstante que México cuenta con una política migratoria que permite oportunidades para que las personas extranjeras solicitantes de refugio hagan vida al interior de sus fronteras, la intención de consolidarse como país de destino es superada por la intención de las personas que utilizan al país -y su sistema de protección internacional- como herramienta para llegar a los Estados Unidos. 

Aún cuando las solicitudes de refugio en México han incrementado considerablemente los últimos años, pasando de 1,296 solicitudes en 2013 a 112,960 en 2022 según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la realidad es que la población extranjera residiendo en México apenas supera el 1% de la población total en el país, lo cual nos aleja de esa clara intención de ser un país de destino. 

Por lo anterior y muchas otras razones, es necesario ver los resultados del FMR e identificar los beneficios que puedan incidir de manera positiva en el mundo y en México. N

José Eduardo Rojo Oropeza, Dr. en Administración Publica, catedrático en ITESM y Universidad Anáhuac.

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