A tres años del colapso de 130 viviendas en la colonia Lomas del Rubí, los afectados siguen esperando el cumplimiento de las promesas de apoyo que hicieron los tres órdenes de gobierno y ver avances en las denuncias que presentaron en contra de la constructora Grupo Melo por los derrumbes iniciados el 2 de febrero de 2018.
“La parte de la justicia sigue estancada”, señaló Atalia Ramos, secretaria del Comité de Vecinos de Lomas del Rubí.
En conferencia de prensa, en la zona del siniestro, un grupo de familias afectadas demandaron a las autoridad federal, estatal y municipal, cumplir con el apoyo ofrecido de damnificar al cien por ciento de los afectados y clausurar el fraccionamiento Valle del Pedregal, obra cuya construcción detonó el desastre que derrumbó su patrimonio.
Mariana Morales Alvarado, vocera de los vecinos afectados, recordó el día en que inició este problema.
El 19 de enero de 2018, la constructora Grupo Melo realizó un corte de talud para desarrollar un nuevo conjunto habitacional, al pie de Lomas del Rubí.
La consecuencia fueron grietas y daño estructural en paredes, bardas y las cinco calles del asentamiento.
“Desde entonces comenzaron a brotar fugas de agua y drenaje”, anotó.
Aunque los habitantes de la zona alertaron a las autoridades municipales, Grupo Melo continuó con la edificación del nuevo Fraccionamiento.
A partir del 2 de febrero de ese año casas asentadas hasta por 30 años en la zona comenzaron a colapsar.
Los deslizamientos de tierra arrastrando el patrimonio de más de 200 familias continúa, a la par que Grupo Melo concluye la construcción y el proceso de venta de la casa erigidas en Valle del Pedregal.
A la fecha son 167 predios colapsados y más de 200 familias afectadas, detalló Mariana Alvarado.
“Aunque Grupo Melo es el responsable de nuestra tragedia, como se determinó en un estudio técnico realizado por el Ayuntamiento de Tijuana, ninguna autoridad ha fincado responsabilidad en su contra”, expuso Mariana Morales.
En 2018 el grupo de vecinos interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, hoy Fiscalía General de Justicia, la cual no registra avance alguno, indicó.
Ese mismo año se presentó otra denuncia ante Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, entonces a cargo de Ana Marcela Guzmán Malverde, “quien lejos de iniciar un proceso de investigación, le dio carpetazo”, acusó Morales Alvarado.
Actualmente los vecinos tienen la promesa de la síndica María del Carmen Espinoza Ochoa de reabrir el expediente.
Los afectados demandan investigar no solo a la constructora, sino también a los funcionarios que expidieron los permisos y no fueron omisos en supervisar el desarrollo irregular de Lomas del Pedregal.
Al gobierno de Jaime Bonilla Valdez le solicitaron avanzar en la realización de un nuevo estudio técnico que corrobore las causas del desastre, análisis que complementará las evidencias presentadas en las denuncias.
El arquitecto Ignacio Carlos Huerta, ex presidente del Colegio de ingenieros de Tijuana y quien pertenece a la comisión de apoyo de los vecinos de Lomas del Rubí, urgió a las autoridades atender la opinión técnica presentada por el organismo colegiado en el que se estableció la necesidad de realizar un estudio técnico de toda la zona que permita fincar responsabilidades.
“Esto fue un colapso inducido, fue provocado por una mala decisión en el proceso constructivo – de Lomas del Pedregal […] hubo una coparticipación del que dio los permisos”, dijo Huerta.
Además de exigir avances en investigaciones y estudios, los afectados demandaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que exhiba el listado de beneficiados con la asignación de viviendas del conjunto habitacional Lomas de la Esperanza, el cual se edifica para indemnizar con una casa a las familias afectadas de Lomas del Rubí.
