El Senado mexicano se alista para aprobar vía fast track la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa de más de 300 cuartillas que plantea una profunda reconfiguración del marco normativo en torno al espectro radioeléctrico, recursos satelitales y medios digitales. La propuesta, que ya fue aprobada en comisiones, podría votarse en el pleno el próximo lunes.
Uno de los puntos más controvertidos de esta nueva legislación es la creación de la Agencia de Transformación Digital, un nuevo organismo que operará como secretaría de Estado, asumiendo todas las funciones, atribuciones y recursos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La iniciativa restablece la prohibición de transmitir propaganda extranjera en medios electrónicos, una restricción que había sido eliminada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El artículo 210 establece que los concesionarios de servicios de radiodifusión y televisión restringida no podrán transmitir contenido político, ideológico o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, salvo en casos de promoción cultural o turística.
Esta limitación también aplicará a plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en territorio nacional, lo que ha encendido las alertas sobre un posible control estatal sobre lo que se transmite en redes y servicios de streaming.
Los concesionarios que infrinjan esta norma podrán enfrentar multas de entre el 2 % y el 5 % de sus ingresos, impuestas por la Secretaría de Gobernación. Además, se contemplan nuevas sanciones económicas de hasta 0.75 % de los ingresos para otros incumplimientos, así como causales de revocación de permisos si se viola el Plan de Remplazo de Recursos Orbitales.
El nuevo marco también otorga al Ejecutivo federal la facultad de recibir concesiones comerciales directas, lo que le permitirá proveer servicios de Internet de banda ancha en regiones vulnerables y llevar cobertura digital a zonas remotas del país. “El acceso a las tecnologías de la información no debe ser un privilegio, sino un derecho fundamental“, subrayó la presidenta Sheinbaum.
La oposición ha levantado fuertes críticas, acusando al Gobierno de intentar centralizar el control de los medios de comunicación y plataformas digitales. El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN), presidente de la Comisión de Radio y Televisión, afirmó que la nueva ley “concentra el poder en una sola persona que responderá directamente a la presidenta”.
En conferencia de prensa, acompañado por su coordinador parlamentario Elías Lixa Abimerhi, Monraz denunció que la reforma busca “controlar lo que se dice en las redes, en la televisión y en la radio”. Según Lixa, la ley representa un intento de censura sin precedentes, tramitada de forma acelerada y sin el debate público necesario.
“Esta reforma es más grave que la de 2007. Ya no es solo influir en la conversación, es censurarla por completo”, advirtió. La preocupación también ha llegado al sector privado: la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) convocó a una reunión urgente, preocupada por los alcances de la legislación.
Con la creación de esta nueva agencia estatal y la reestructuración del sistema de concesiones, el Gobierno de Sheinbaum busca sentar las bases de un modelo centralizado de telecomunicaciones, orientado a garantizar el acceso universal pero con mayor injerencia del Estado sobre el contenido y operación de medios electrónicos y plataformas digitales.
Mientras el Senado se prepara para votar la iniciativa, el debate sobre libertad de expresión, soberanía digital y control gubernamental se vuelve cada vez más intenso. N
(Con información de agencias y Congreso de la República)
