En los últimos tres años, las sobredosis por fentanilo han alcanzado niveles críticos en Nuevo México, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte relacionadas con drogas en el estado. Las autoridades estatales han propuesto una combinación de estrategias punitivas y comunitarias para frenar esta crisis, en medio de una iniciativa de la Casa Blanca para reforzar la frontera sur.
Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2022, Nuevo México registró una de las tasas más altas de sobredosis por opioides sintéticos en Estados Unidos, con el fentanilo responsable del 63 % de estas muertes. En 2023, esta cifra aumentó al 66.7 %.
A pesar de una leve disminución en el número total de muertes por sobredosis, el fentanilo sigue siendo un problema grave. La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham ha abogado por endurecer las penas contra los traficantes de fentanilo, pero se opone a la militarización de la frontera.
Mientras el expresidente Donald Trump ha enviado tropas a la frontera con México para frenar la inmigración y el tráfico de fentanilo, una medida respaldada por los republicanos del estado, muchos demócratas argumentan que esta estrategia no ayudará a las personas afectadas por la adicción ni a reducir la influencia de los carteles.
La portavoz del Partido Republicano de Nuevo México, Ash Soular, declaró que la presencia militar en la frontera es crucial para reforzar la vigilancia y disuadir el contrabando de drogas. Sin embargo, el fiscal del condado de Bernalillo, Sam Bregman, señaló que la mayoría del fentanilo ingresa a Estados Unidos por rutas terrestres y marítimas, no a través de “mulas” individuales.
Las autoridades locales han implementado programas como Young Adult Court y Drug Court para ofrecer alternativas a los consumidores de fentanilo, centrándose en el tratamiento y la rehabilitación en lugar de la criminalización. Estos programas han mostrado éxito en reducir la reincidencia y ayudar a los afectados a superar su adicción.
Bregman enfatizó la necesidad de aumentar la inversión en salud mental y vivienda para abordar las causas subyacentes del abuso de sustancias. Además, la congresista Teresa Leger Fernández ha pedido mayores fondos federales para mejorar la detección de fentanilo en los puntos de control fronterizos, argumentando que la mayoría de los traficantes son ciudadanos estadounidenses y no inmigrantes indocumentados.
Para reforzar la lucha contra esta epidemia, la gobernadora Lujan Grisham emitió la Orden Ejecutiva 2024-013, ordenando a las agencias estatales coordinar esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo. Además, el Departamento de Educación Pública de Nuevo México ha designado la semana del 14 al 18 de octubre como “Semana de Concienciación sobre el Envenenamiento por Fentanilo” para educar a las comunidades sobre los peligros de esta droga.
La crisis del fentanilo en Nuevo México requiere una solución integral que combine justicia penal, salud pública y políticas de prevención. A pesar de los desacuerdos políticos, es fundamental que los líderes encuentren un terreno común para detener la propagación de esta droga mortal y proteger a las comunidades más vulnerables. N
(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)
