En los últimos meses, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México (CDMX) ha estado en el centro de los reflectores, y no precisamente por buenas noticias. Incidentes constantes, fallas técnicas, delitos en el interior y la creciente percepción de un deterioro generalizado han puesto en duda la capacidad de gestión de sus directivos.
Ahora, a esta crisis se suma la voz de 1,500 locatarios y permisionarios que denuncian incumplimientos y hostigamientos que agravan una realidad ya de por sí alarmante.
El reclamo de los locatarios no solo habla de acuerdos rotos, sino de un problema mayor: la desconexión entre la dirección del Metro y quienes sostienen su operación.
Durante la pandemia, cuando miles de familias perdieron su fuente de ingresos debido al cierre de locales comerciales, el Comité del Metro de CDMX aprobó una condonación parcial de pagos como medida de apoyo. Sin embargo, más de dos años después, esa condonación sigue siendo una promesa incumplida, agravada por el intento de cobrar adeudos ficticios correspondientes a los meses que deberían haber sido exentos.
Pero esta problemática va más allá de los locatarios. La crisis que enfrentan refleja la falta de capacidad administrativa que también impacta directamente en los usuarios. En los últimos meses hemos atestiguado delincuencia, accidentes recurrentes, retrasos interminables y estaciones que no reciben el mantenimiento necesario.
¿Cómo puede un sistema que depende de los ingresos de sus locatarios para mantenerse operando eficientemente darse el lujo de hostigar a quienes aportan a su sostenimiento?
El actual director general, Guillermo Calderón, no solo ha ignorado las demandas de los locatarios, sino que ha permitido que el Metro continúe en una espiral de decadencia. La falta de voluntad para resolver conflictos internos es un reflejo de la misma incapacidad que se traduce en vagones abarrotados, líneas detenidas y un riesgo constante para los millones de usuarios que dependen de este transporte todos los días.
El reclamo de los locatarios es legítimo y urgente. No solo exigen la aplicación de una condonación aprobada por el propio Comité del Metro, sino también un cese a los hostigamientos y, sobre todo, un cambio en la gestión que permita recuperar la confianza perdida en el transporte más usado en CDMX. Si los ingresos de estos locatarios se manipulan y mal administran, ¿qué podemos esperar de los recursos destinados a mantenimiento y operación?
El Metro no solo necesita mejores vagones y más presupuesto, requiere una gestión comprometida, transparente y dispuesta a atender tanto a sus trabajadores como a sus usuarios. Cada incidente, cada marcha y cada reclamo son un recordatorio de que la crisis no es solo técnica, sino profundamente humana y administrativa.
¿Hasta cuándo los responsables de este sistema entenderán que ignorar estas demandas solo profundiza una crisis que ya no puede esperar más tiempo? N
