Los medios de comunicación informaron que el gobernador electo del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier “propondrá la castración química como sanción a los violadores en el estado de Puebla” y señaló que “es una iniciativa que ya había presentado en el Senado y que se trata de una inyección para disminuirlos la libido”.
No me pondré a discutir sobre la bizantina cuestión de si los violadores merecen ser castrados o no. El tema ha sido analizado por pasiva y por activa en docenas de círculos y es la fecha que no se llega a una conclusión universalmente admitida.
El director de la organización Proyecto Inocente de California, una ONG que atiende a personas inocentes en prisión, ha calculado que el 15 por ciento del total de las Personas Privadas de su Libertad en México, son inocentes.
El dato más actualizado del INEGI en este punto se refiere a 233 mil personas recluidas en los penales de México. Luego entonces, de esa cifra se desprende que ahora mismo hay unas 34 mil 950 personas inocentes en prisión.
Testigos a modo, personas encerradas por venganza, peritajes cocinados al gusto de quien pague y horrendas fallas en la fase final de los juicios, son algunos de los condimentos que producen semejantes injusticias.
Podría decirse que esas personas encerradas injustamente tienen al menos la posibilidad matemática de dejar la prisión, si cuentan con el apoyo de abogados que sí sepan del tema y que enfrenten con entereza a la maquinaria judicial, hasta vencerla.
Lo que el gobernador Armenta propone tiene un margen de error inadmisible: si el juzgador se equivoca o le pagan para que actúe con dolo y se castra a una persona que no era culpable, ¿cómo se le resarcirá si se demuestra que forma parte de ese 15 por ciento de condenados que eran inocentes?
Dado el desastroso estado en que se encuentra el sistema judicial y de investigación criminal en México (sin óbice de lo que viene en poco tiempo), dos cosas no deben ponerse a votación de la tribuna que no piensa y que todo aplaude: la castración y la pena de muerte.
Si el Agente del Ministerio Público, el Juez y claro está, el policía, se equivocan todos los días y en no pocas ocasiones reciben dinero a cambio de enviar tras las rejas a la persona equivocada, castrar a la persona errónea no solo será un error sino un crimen de Estado.
La caza del vítor ramplón puede producir catástrofes innecesarias. A menos que eso se busque, claro está.
