En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Occidente, celebrada en Aguascalientes, el fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, participó junto a sus homólogos de Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro.

En una breve entrevista, el saliente fiscal se deslindó de las estadísticas que posicionan a su estado como la entidad más violenta de México, al registrar 1,630 homicidios dolosos y 12 feminicidios al cierre de agosto de este año, lo le ha valido críticas desde el gobierno federal e incluso de la nueva gobernadora, Libia Denisse García, quien logró su renuncia.

“Su servidor como fiscal y cualquier fiscal de nuestro país, exactamente tienen establecidas las mismas responsabilidades porque está establecido en la constitución. Esa responsabilidad se enfoca específicamente en la investigación de los casos, ¿cuáles casos? los casos acontecidos” declaró.

Zamarripa Aguirre señaló a medios de comunicación y opositores de responsabilizarlo por una problemática que, aseguró, a su instancia no le corresponde, pues ellos sólo se encargan de investigar una vez acontecidos los delitos.

“En materia de prevención, por supuesto que son otras las autoridades, que son supuestamente densas, las encargadas de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía” argumentó.

Tras 15 años en el puesto, el pasado 27 de septiembre el fiscal de Guanajuato hizo llegar a la gobernadora su carta de renuncia, con efecto a partir del 1 de enero de 2025. Previo a ello, instruyó modificaciones al reglamento interno de la FGE, con la que se concede a él y a sus funcionarios una pensión de 100 mil pesos mensuales, superior a lo establecido en la Ley de los Servidores Públicos, donde está topada en 50 mil para el nivel más alto.