La reforma judicial que impulsa el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha provocado que jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial sumen su inconformidad y desacuerdo ante los cambios. A ellos ya se suman un grupo de estudiantes universitarios de derecho de diversas facultades del país, que a través de una carta respaldan a los trabajadores y rechazan la reforma al Poder Judicial.
Según los empleados, el texto que discutirá el Legislativo elimina la llamada carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder a un cargo de juez federal. También, advierten sobre la eliminación de prestaciones laborales. Asimismo, los magistrados serán elegidos por voto popular.
López Obrador alega que la reforma apunta a sanear el sector, que según él está carcomido por la corrupción y los privilegios, además de servir a intereses privados. El mandatario minimizó el paro de labores de la semana pasada al señalar que “a la mayoría de los mexicanos no les importa”.
“Hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado”, dijo en su rueda de prensa.
Ante la problemática de la reforma al Poder Judicial, estudiantes universitarios rechazan la reforma al Poder Judicial, conformados en las Sociedades de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (Campus Ciudad Universitaria y Campus Acatlán), Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus México (Sede Mixcoac y Sede Ciudad UP), Universidad La Salle México Campus Condesa, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (Campus Monterrey y Campus Santa Fé) y Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Expresaron su “apoyo y solidaridad con las personas trabajadoras del Poder Judicial Federal y nuestro interés en la construcción de una reforma judicial que atienda a las realidades sociales de nuestro país, que valore la autonomía del Poder Judicial y que coloque en el centro los derechos de todas las personas”.
En una carta, el grupo de universidades expresó: “En momentos de gran relevancia para la consolidación del Estado de Derecho y la defensa de los Principios Democráticos”. Por ello sumaron puntos a considerar ante los cambios que propone la reforma.
“Uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático es la independencia del Poder Judicial. Toda modificación que pretenda influir, directa o indirectamente, en la autonomía de las personas juzgadoras, pone en riesgo el equilibrio de poderes y la impartición imparcial de justicia.
Los Derechos Humanos y el debido proceso son garantías que deben fortalecerse y no debilitarse. Cualquier reforma que limite estos derechos o que facilite la intervención indebida en los procesos judiciales, atenta contra los Principios Constitucionales que protegen a toda persona frente a posibles abusos de poder”.
Añaden: “Es preocupante que una Reforma de tal magnitud se esté llevando a cabo sin un verdadero diálogo inclusivo. Este diálogo debería contemplar la participación de las personas juzgadoras así como de expertos, académicos, sociedad civil, profesionales del Derecho y estudiantes, quienes representamos la próxima generación de juristas y defensores de la ley y del pueblo”.
Por ello, los estudiantes de derecho, “hacemos un llamado a los legisladores, autoridades y actores involucrados, con el fin de garantizar que las decisiones tomadas se apeguen a los principios de Justicia, Equidad e Imparcialidad que han sido la base de nuestro sistema judicial.
“Como futuros juristas, reiteramos nuestra creencia en la nobleza e importancia de la labor que realizan todas las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación. Seguiremos vigilantes ante cualquier acción que comprometa la integridad de la Constitución y de nuestras instituciones”, concluye la misiva. N
