Tijuana, B.C.- Integrantes de diversas organizaciones civiles que bridan atención a comunidad migrante en Tijuana, denunciaron que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal siguen violentando a este sector de la población. En febrero registraron dos agresiones por parte de la Guardia Nacional en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM).
Sarah Soto, codirectora del albergue Espacio Migrante, detalló que el abuso de poder en contra de la población en contexto de movilidad no ha disminuido.
“Queremos destacar dos aspectos alarmantes, primero, la detención injustificada de personas en contexto de movilidad basado en el perfilamiento racial; y segundo, el desalojo violento de personas en situación de calle, bajo la injusta justificación de limpieza social”, señaló.
Psyche Calderón Vargas, codirectora y médica de Alianza para la Salud de las y los Refugiados, compartió que el pasado 14 de febrero, fue testigo de cómo elementos de la Policía Municipal de Tijuana se presentaron a las afueras del albergue Espacio Migrante, ubicado sobre la avenida Negrete en la colonia Centro, donde se han instalado diversas casas de campaña en las que viven personas en situación de calle, entre quienes hay personas deportadas desde Estados Unidos.
El objetivo de la presencia de los agentes fue “limpiar la basura de la banqueta”, frase usada para quitar las pertenencias de quienes viven en ese espacio de la banqueta. La Policía Municipal destruyó una cocina donde las personas calentaban agua y comida. Además, quitaron carpas y cobijas.
“Esta acción, supuesta limpieza, fue ordenada por Jaime Antonio Saucedo Villaseñor, que es jefe de Obras Públicas… Las personas en situación de calle tienen diferentes retos que sobrellevar. Primero, dónde dormir, dónde dejar sus cosas, cómo ganar suficiente dinero haciendo trabajos peligrosos para poder pagar un albergue por una noche o dos y luego volver a la calle”, expuso la médica.
En la zona donde fue la agresión del 14 de febrero, colindan no solo el albergue Espacio Migrante, también un espacio donde las parteras atienden a mujeres embarazadas y la Alianza para la Salud de las y los Refugiados brinda atención médica a quienes lo requieren.
Uno de los aspectos que han registrado que va en aumento es la presencia de elementos de la Guardia Nacional, portando sus armas largas, entre comunidad que se encuentra vulnerable.
Otro de los hechos que denunciaron fue el traslado injustificado de un grupo de haitianos que se encontraban reunidos en el Parque Benito Juárez, ubicado en la Zona Norte a las oficinas del INM. La reunión fue para apoyarse en el registro de la aplicación CBP ONE para tener una cita de asilo en Estados Unidos.
Vivianne Petit Frere, organizadora de Haitian Bridge Alliance, contó que, el pasado 12 de febrero, los integrantes de la comunidad haitiana decidieron reunirse en ese espacio público para apoyarse en su trámite. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal y con apoyo del INM se los llevaron detenidos a la estación migratoria en la colonia La Esmeralda. La intención, narró la activista, era enviarlos al sur de México, a pesar de que todos tenían documentos para estar legalmente en el país.
La petición de las y los activistas es que paren las detenciones arbitrarías y los actos de discriminación por parte de las autoridades. Asimismo, instaron a que se les atiendan las mesas de trabajo que han propuesto y que no se han atendido por parte del gobierno. N
