Cataluña, en el noroeste de España, atraviesa la sequía más dura desde que existen registros. En días pasados, el territorio entró en emergencia y se instauraron nuevas restricciones en más de 200 municipios que obtienen agua de los embalses del Ter-Llobregat (área metropolitana de Barcelona y parte de Girona).
La emergencia en Ter-Llobregat entró en vigor el viernes 2 de febrero, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). De acuerdo con medios internacionales, se trata de la peor fase que estipula el Plan Especial de Sequía (PES) y en la que se aplican las restricciones más severas para distintas áreas: industria, agricultura y consumo doméstico.
“La crisis climática nos está poniendo a prueba como en la pandemia. Después de tres años así, la región pulsó el botón rojo de alarma”, comentó en conferencia de prensa Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, el sistema institucional en que se organiza políticamente la comunidad autónoma de Cataluña. Casi 6 millones de personas deben limitar su consumo de agua, además de seguir aplicando restricciones como regar jardines, lavar el auto o llenar piscinas.
En un primer nivel de emergencia, el consumo está limitado a 200 litros por habitante y día. En un segundo nivel de emergencia, con reservas por debajo del 11 por ciento, el límite de consumo diario baja 180 litros por habitante; mientras que, en un tercer nivel, se restringiría el consumo máximo a 160 litros.
Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un individuo gasta en promedio 50 litros por una ducha de cinco minutos; esta cifra se cuadruplica en caso de llenar una tina, pues supone un gasto de 200 litros de agua.
Actualmente, los embalses catalanes que abastecen a la mayor parte de la comunidad se encuentran en su mínimo histórico. A tenor de la última actualización del informe de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) están en un 15.53 por ciento.
Para algunos ambientalistas las medidas son insuficientes. El responsable de Greenpeace en España, Julio Barea, argumentó que estas limitaciones “van a tener que ser más restrictivas si no acaba lloviendo”. Además de que podrían registrarse cortes de agua en Barcelona, “que resultaría una tragedia”.
Como solución, el gobierno de España planea trasladar agua desalada (proceso por el cual se eliminan las sales minerales) en barco a Cataluña. El líquido procedería del puerto de Sagunto y la estrategia es coordinada por el Ministerio de Transición Ecológica junto con la Consejería de Emergencia Climática de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, para Greenpeace esta media es insuficiente y costosa.
“Llevando agua desalada en barco a Barcelona, solo se podrá cubrir 2 por ciento del consumo de agua que cada día ocupan los ciudadanos (…) Esto no es solo falta de lluvia, es cambio climático y mala gestión”, denunció Greenpeace España en redes sociales. Según la organización, la base del problema recae en la agricultura y ganadería, al ser un sector que consume una gran cantidad de agua por el uso de regadíos intensivos.
Las compañías navieras informaron al gobierno y a la Generalitat que el alquiler de un barco con la tripulación para transportar agua tiene un costo de 100,000 euros por día. Asimismo, el tratamiento para que el agua sea potable tiene un costo de 160,000 euros aproximadamente.
Medios españoles indican que varios municipios de Cataluña ni siquiera cuentan con un Plan por Sequía. Los núcleos urbanos con más de 20,000 habitantes deberían tenerlo, pero solo 1 de cada 4 lo ha diseñado.
“Esta región es una de las que tiene mayor gestión privada de agua de todo el mundo. Un 70 por ciento de la población es abastecida por operadores privados”, apunta Euronews. N
