En 2023, un visitante del Canal de Panamá podría pensar que está en China. Los puertos en ambos extremos del Canal son administrados por empresas de la República Popular China (RPC), mientras que Huawei domina el sistema de telecomunicaciones del país.
Panamá se unió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing en 2018, apenas un año después de romper relaciones diplomáticas con Taiwán, convirtiéndose en la primera nación del hemisferio occidental en adoptar la estrategia masiva de desarrollo de infraestructura de Beijing. La Isla de Margarita, frente a la desembocadura atlántica del canal, está arrendada al Grupo Landbridge para el desarrollo de un puerto de libre comercio fuera del control local. Landbridge tiene estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino (PCC) y su presidente ha formado parte de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, una organización clave del Frente Unido.
Panamá ilustra el incesante avance de la influencia del PCC en todo el hemisferio occidental. Entre 2000 y 2010, la participación de la República Popular China en las exportaciones latinoamericanas se quintuplicó y luego se triplicó nuevamente entre 2010 y 2021, de 180 mil millones de dólares a 450 mil millones de dólares. Las empresas vinculadas a la República Popular China se han asegurado el control de más de 40 puertos en toda la región. Veinte naciones latinoamericanas más han seguido a Panamá en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la República Popular China.
Con el único objetivo de una campaña militar, el PCC coordina directamente a empresas aparentemente “privadas” y a funcionarios de la República Popular China en pos de la agenda del partido. A diferencia de las empresas multinacionales normales que buscan ganancias, los beneficios financieros son sólo una preocupación secundaria para el PCC. El verdadero premio es el control: no sólo el control de puntos estratégicos como el Canal de Panamá y los puertos, sino también el control de los recursos naturales, las telecomunicaciones y, en última instancia, los gobiernos. Entre 2005 y 2021, China otorgó más de 130 mil millones de dólares en préstamos a países latinoamericanos para proyectos de infraestructura, a menudo con disposiciones de que los contratos se destinen a empresas asociadas a la República Popular China.
Estos proyectos de infraestructura están diseñados específicamente para profundizar los vínculos económicos con China. En Chancay, a menos de una hora al norte de Lima, Perú, se está construyendo un puerto de aguas profundas valorado en 3.000 millones de dólares, que impulsará las exportaciones a los mercados chinos. Se están construyendo nuevas carreteras para conectar minas de minerales críticos directamente con el puerto, y las rutas marítimas a lo largo de la costa oeste de América del Sur se están desviando a través de esta enorme instalación propiedad de la República Popular China. Proyectos como Chancay van de la mano con la adquisición por parte de empresas chinas de la construcción, el transporte marítimo y las telecomunicaciones locales.
