Miles de personas se manifestaron este miércoles 27 de diciembre convocadas por las centrales obreras —sindicatos— en Argentina para pedir a la justicia que declare inconstitucional un decreto del presidente ultraliberal, Javier Milei, que impulsa una profunda desregulación de la economía y permite la privatización de empresas públicas.
Al grito “la patria no se vende” y con banderas argentinas los manifestantes respaldaron el petitorio que las centrales sindicales entregaron a la justicia contra el decreto que incluye la reforma de más de 300 leyes y entrará en vigor el viernes, en el marco de un fuerte ajuste fiscal.
“No cuestionamos la legitimidad del presidente Milei, pero queremos que respete la división de poderes. Los trabajadores tienen la necesidad de defender sus derechos cuando hay una inconstitucionalidad”, dijo a la prensa Gerardo Martínez, secretario general del sindicato de la construcción, uno de los que encabezó la manifestación frente al Palacio de Tribunales en Buenos Aires.
Organizaciones sociales también adhirieron a la movilización. “Venimos a decirle ‘no’ al decreto porque se lleva puesto a uno de los poderes del Estado, el Congreso“, dijo Adrián Grana, uno de los manifestantes para quien la iniciativa presidencial “es un decálogo para favorecer a los poderosos en desmedro del pueblo”.
El decreto limita el derecho a huelga, modifica convenios laborales y el sistema de indemnizaciones por despido, redefine la jornada laboral, abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios cuando la inflación anual supera el 160 por ciento y la pobreza el 40 por ciento.
“Hoy acudimos a la justicia, pero hay otro capítulo centrado en el Congreso que tendrá que dar un debate profundo sobre el contenido del decreto”, apuntó Gerardo Martínez.
El dirigente sindical instó al gobierno a “conformar una mesa colectiva de diálogo tripartita con empresarios y sindicatos, como han tenido otros países que han atravesado un ajuste severo”. El Congreso, donde el oficialismo es la tercera minoría, puede invalidar el decreto, pero es un trámite que tomaría varios meses.
La iniciativa deroga la ley de movilidad jubilatoria y la que regula los alquileres, libera el precio de comisiones bancarias y tasas punitivas para deudas y permite a los clubes deportivos convertirse en sociedades anónimas.
“El decreto es destructivo de todos los derechos laborales. El pueblo argentino eligió a Milei como presidente de la Nación, no como emperador”, criticó Martín Lucero, un docente de 45 años que vino desde Rosario a apoyar la marcha.
La justicia abrió ya la semana pasada un expediente para analizar un amparo colectivo contra el decreto. El presidente Milei, que asumió el pasado 10 de diciembre, convocó al Congreso a sesiones extraordinarias que se instalaron el martes para tratar leyes complementarias al decreto con reformas impositivas y a la ley electoral, entre otras.
También dio de baja por decreto a unos 7,000 contratos de empleados públicos en el marco de la reducción del gasto del Estado, que aspira a llegar al equivalente a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Todas las medidas me atraviesan de lleno, nos van a matar de hambre. Estamos unidos y organizados y vamos a seguir luchando para oponernos a las decisiones que tome este gobierno contra el pueblo argentino”, comentó Sofía Julián, una empleada de 33 años que vino a la marcha desde la periferia sur de Buenos Aires. N
