Los daños a la infraestructura hotelera, de vivienda y de comunicaciones, así como a la economía y tejido social de Acapulco y otros municipios de Guerrero causados por el huracán Otis, modificaron la estructura orgánica y fuentes de ingreso del crimen organizado.
Sin embargo, un día después del paso del huracán, los grupos delictivos ajustaron su estrategia y táctica para sacar el mejor provecho de la crisis. Ante ello, gobierno y sociedad en general deberán estar muy atentos a su evolución, sobre todo si se parte de la premisa de que los espacios que la autoridad no sea capaz de cubrir serán capitalizados por el crimen organizado con miras a consolidar su control territorial y base social en Acapulco y zonas aledañas.
Lo anterior se desprende de la conferencia de prensa “Radiografía y prospectiva sobre la violencia y la seguridad en Acapulco posterior al huracán Otis”, presentada este lunes 27 de noviembre en la Ciudad de México por Grupo BlackIND.
Facundo Rosas Rosas, director de Estrategia de Grupo BlackIND —empresa especializada en las diferentes ciencias que componen la seguridad y gestión de riesgos mediante inteligencia estratégica—, expresó que, hasta ahora, “lo que tenemos por parte de las autoridades federal, estatal y municipal son solo declaraciones políticas y buenos deseos en el sentido de que las cosas van a mejorar en el corto plazo, pero en realidad no existe siquiera un diagnóstico serio de la crisis en Guerrero, por lo que tendrá que abordarla desde diferentes aristas, una de ellas la de la seguridad“.
El directivo manifestó que para los habitantes de Acapulco nada será igual y que la llegada de recursos económicos y apoyos en especie para la reconstrucción de la infraestructura hotelera, de negocios y vivienda y, en general, de la vida en el puerto, abre la posibilidad a que parte de ese capital termine en manos de los grupos del crimen de manera indirecta o directa.
“Mientras se reconstruyen los mercados ilícitos de las drogas ilegales, secuestro, armas de fuego y trata de personas, los grupos delictivos buscarán tomar el control total de la extorsión y el cobro de piso, así como la distribución de materiales para construcción, energéticos (gas, gasolina, diésel), abarrotes y agua para uso doméstico (pipas), sobre todo en las colonias más apartadas del puerto, a esas a las que la ayuda del gobierno tardará más en llegar”, anotó Rosas Rosas, otrora secretario de Seguridad Pública de Puebla y subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.
Antes del paso del huracán Otis por Guerrero, de acuerdo con el directivo de Grupo BlackIND, desde 2020 el estado registró una reducción de homicidios dolosos hasta llegar a 1,500 víctimas anuales, ello luego de una década de cifras absolutas por arriba de las 2,000 víctimas por año.
“Este fenómeno solo es explicable por el hecho de que el precio y la demanda de la goma de opio disminuyeron ante la llegada de las drogas de diseño, las metanfetaminas y el fentanilo, lo cual cambió la dinámica de dicho mercado ilícito y, de paso, la violencia en comparación con años anteriores”, explicó.
Ante estos cambios, los grupos delictivos dedicados a estos ilícitos ajustaron sus estructuras y sus mercados y optaron por las actividades de narcomenudeo, el cual pasó de 349 casos en la entidad guerrerense a 1,073 en 2021, pero disminuyó en 2022 a 791 casos. No obstante, existe suficiente evidencia de que repuntará, ya que a septiembre de 2023 van acumulados 651 casos.
De acuerdo con los indicadores de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otros delitos en que incursionaron estos grupos en los últimos nueve años son la extorsión, que pasó de 150 casos en 2015 a 281 en 2022, y el cobro de piso, cuyos registros aún se incluyen en los de extorsión, por lo que no existe información sólida y desagregada.
“Además, extorsión y cobro de piso son delitos que presentan una alta cifra negra, cercana al 100 por ciento, por lo que tomar como única referencia estos datos para aproximarse al fenómeno y su solución por ahora es insuficiente”, señaló Rosas.
El directivo también dijo que el único delito que mostró una sensible baja de 2015 a la fecha fue el secuestro, que pasó de 110 en 2015 a 19 en 2022: “Lo anterior en virtud de que, comparado con la extorsión y el cobro de piso, estos últimos han sido más redituables, ya que no hay necesidad de invertir en casas de seguridad y cuidado de la víctima mientras dura el cautiverio”.
Tras el paso de Otis, agregó, un mercado ilícito intangible que será aprovechado por los grupos delictivos es el del servicio de transporte público, taxis formales e informales (tolerados o piratas), además de vagonetas y autobuses urbanos y suburbanos, incluidos algunos turísticos, “los cuales reportan cuotas a los grupos delictivos disfrazadas de aportaciones sindicales para la operación diaria, para la supervisión y despacho de unidades, para los seguros (mutualistas) o de cajas de ahorro”.
Asimismo, explicó que no debe descartarse que el mercado de la chatarra o material de reciclaje, en particular los metales ferrosos y no ferrosos, también serán motivo de disputa entre los grupos delictivos, tomando en cuenta la cantidad y tamaño de los inmuebles que tendrán que ser reconstruidos en sus fachadas, lo que generará grandes cantidades de este tipo de material.
“Por lo que respecta al papel de las autoridades federal, estatal y municipal, sus esfuerzos seguirán concentrados en la articulación de los programas ya anunciados. Sin embargo, estos tardarán en madurar por lo menos de aquí a que concluye este sexenio y, mientras tanto, no se apartarán de la estrategia económica y de seguridad que están en marcha”, dijo Facundo Rosas.
Y opinó que, en materia de seguridad, el hecho de poner cuarteles de la Guardia Nacional en 38 colonias de Acapulco no resolverá de fondo el problema del, crimen, violencia y robo, ya que se limitará a cuestiones de “presencia policial” bajo el esquema de patrullajes sin el acompañamiento de las policías estatal y municipales que en los hechos son insignificantes.
“Además, el nuevo despliegue no tendrá capacidades de análisis e investigación in situ que permita identificar y combatir la estructura criminal que continúa operando en el puerto”.
En ese sentido, el director de Estrategia de Grupo BlackIND concluyó que “se vuelve relevante la participación de las empresas de seguridad privada y ciberseguridad como coadyuvantes de la autoridad para garantizar la continuidad del negocio, como las que tienen que ver con vigilancia física y cibernética de infraestructura crítica, diseño y operación de centros de inteligencia corporativa, para anticipar los riesgos y retos a los modelos de negocios”.
Por su parte, Francisco Daniel Herrera Lau, director de Estrategia Corporativa del mismo grupo empresarial, afirmó que “la reconstrucción de una localidad devastada por un desastre natural es un desafío y una oportunidad para contribuir al desarrollo de la comunidad y garantizar la continuidad de negocio”.
Por ello, dijo que se deben tomar medidas urgentes que debe considerar al empresariado para lograr una reconstrucción resiliente, ya que en estos momentos aún nadie sabe si alcanzará la fuerza económica, de seguridad, coordinación y visión estratégica para evitar que la nueva transformación de Acapulco conlleve el crecimiento exponencial de todos los males.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, dijo en su momento que Guerrero “desde antes del huracán tiene un gobierno prácticamente inexistente, no asume su responsabilidad en educación, salud y menos en seguridad y justicia, es decir, en lo más básico, y el estado está tomado por el crimen organizado”.
Y agregó que, con el objetivo de “levantar a Acapulco” en unos meses, el Ejecutivo Federal se negó a modificar el presupuesto y asignar recursos etiquetados, (mientras) los poco más de 61,000 millones designados por Hacienda, además de escasos, no tienen reglas de operación, por lo que será muy difícil darle seguimiento y saber sus resultados”.
Por ello, indicó, “la destrucción provocada por el huracán Otis debería ser una oportunidad y el punto de partida para reconstruir Guerrero de fondo. Regresar a la situación previa al impacto del huracán como se pretende es una forma de seguir matando a Acapulco de forma lenta”.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, destacó que esta es una oportunidad de pensar “qué tipo de Acapulco y Coyuca de Benítez queremos reconstruir, pero también pensar que si se pueden generar las condiciones para prevenir tempranamente el delito; no espacios asignados, sino que haya elementos y urbanización necesarias que inhiban la presencia de grupos delictivos”.
Destacó que un espacio que se deja vacío lo llena la delincuencia y si el Estado no otorga servicios llegará alguien que lo haga y lo hará de una manera ilegal.
“Entonces, el gran reto no solo está en de dónde va a salir el dinero y cómo le vamos a hacer, sino quién lo va a hacer, y probablemente lo hará la delincuencia a través de negocios lícitos”, finalizó. N
