El Congreso del Estado de Aguascalientes avaló este miércoles la iniciativa presentada por la gobernadora, Teresa Jiménez Esquivel, con la cual se creó el delito de “sabotaje”, que sancionará los daños causados al equipamiento o infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos.
Durante la sesión ordinaria de esta semana, se explicó que el objetivo de esta iniciativa es reformar y adicionar disposiciones en el Código Penal del Estado y así, endurecer los castigos contra los responsables de dañar la prestación de servicios como el agua, el alumbrado público y la recolección de basura, por ejemplo.
“El objeto de la iniciativa consiste en reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y crear un delito penal autónomo denominado ‘sabotaje’, a fin de proteger de menoscabos la infraestructura y el equipamiento destinados a la prestación de servicios públicos”, se indicó en el Pleno.
De manera original, la iniciativa de la gobernadora buscaba aplicar de entre 5 a 20 años de prisión y una multa de mil a 12 mil días de salario mínimo a los responsables de estas afectaciones. Sin embargo, el proyecto se modificó y se avaló con sanciones de 3 a 8 años de prisión, y multas de mil a mil 400 días, así como el pago de la reparación de los daños ocasionados.
Cabe destacar que también se añadió otro punto a esta iniciativa. Con esto, las sanciones serán igualmente aplicadas, si se causa un daño a las funciones de las dependencias municipales, del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones.
Esta iniciativa se dio a conocer el pasado 26 de octubre, es decir, que en menos de una semana se voto a favor por parte de la mayoría de los diputados y diputadas de Aguascalientes.
Antes de que el delito de sabotaje fuera aprobado, le diputade Juan Carlos Regalado Ugarte, de Morena, expresó su voto en contra de esta iniciativa, al considerar que de esta manera también se castigaría a aquellos ciudadanos que decidieran manifestar su inconformidad por la calidad de la prestación de los servicios públicos.
“Es profundamente lamentable que sigamos violando de esta manera los procesos legislativos, es escandaloso que el Ejecutivo nos esté utilizando como una especie de oficialía de partes. Esta iniciativa fue turnada el 26 de octubre, hoy 1 de noviembre ya fue dictaminada y subida al Pleno”.
“También es importante que la ciudadanía sepa cuál es el verdadero objetivo de esta iniciativa, que no busca proteger la infraestructura urbana, de ser así, ya se habría aprobado una iniciativa que yo propuse hace algunos meses para justo eso”.
Llegado el momento de la votación, los diputados morenistas Juan Luis Jasso Hernández, Ana Gómez y Leslie Mayela Figueroa Treviño se retiraron del recinto, mientras que la legisladora Carola Macías votó a favor. Por su parte, Arturo Piña Alvarado se abstuvo del voto.
Estas acciones causaron gritos entre los morenistas que sí se quedaron en la sesión, acusándolos de traidores.
