Los políticos están profundamente preocupados por “el legado”: esa inmaterialidad que se consolida en las hojas de los libros de historia para alagar al futuro y ganarse un espacio en el boulevard de los héroes. El presidente Andrés Manuel López Obrador no es la excepción y, si bien su paso por la presidencia será motivo de debate, me parece que la propuesta de cerrar su mandato con cuatro reformas constitucionales será un tramo importante de ese “legado”, ese tramo de historia al que aspira.
Contradictorio como cualquier gobierno, estos cambios constitucionales son una mezcla difícil de materializar en políticas públicas coherentes, pero definitivamente hablan de las confluencias del fantasma del ideario político mexicano de la década de 1970 que se siente contemporáneo: tradicional, autoritario, nacionalista, populista y postrevolucionario.
En agosto de 2022, el presidente López Obrador anunció que entregaría una propuesta legislativa para que la Guardia Nacional dependiera por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional, eliminando su carácter civil. Si bien en la práctica la Guardia Nacional es un cuerpo bajo control militar, pues 80 por ciento de sus 110,000 efectivos proviene del Ejército y la Marina, esta reforma confirma su espíritu militar.
La decisión de apartar este cuerpo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es particularmente polémica, pues es una muestra de la clara y progresiva militarización del país.
Entre los señalamientos más frecuentes está el hecho de que los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, esto sin olvidar los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas que han salpicado al Ejército mexicano. Ya lo ha comentado Amnistía Internacional: “militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos”.
El sistema de pensiones en México ha sido un tema recurrente de los últimos 25 años; el tema es complejo y multifactorial. Por un lado, está la inercia de la dinámica poblacional global y su envejecimiento, resultado de las mejoras en el acceso a más y mejores servicios de salud pública, y, por otro, ese envejecimiento coloca cada vez más personas con derechos a pensiones que no es posible fondear con los recursos actuales, resultado de que las economías y los gobierno previeron poco sobre esta situación.
Para cambiar el sistema actual de pensiones, en 2020 se decidieron cambios como reducir las semanas de cotización, bajar las comisiones que cobraban las administradoras y aumentar las aportaciones de los trabajadores de forma gradual hasta 2031.
Ahora, este gobierno propuso “la modernización del sistema de pensiones para mejorar su integración”, y es que, en 2024, el gasto total de pensiones ascenderá a 1.99 billones de pesos, la cifra más alta desde que se tiene registro.
Así, la propuesta del presidente López Obrador, contenida en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica 2024, se centra en mejorar la integración de los tres componentes del sistema de pensiones: la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores; la pensión ligada al empleo o contributiva; y el ahorro voluntario.
En la propuesta de paquete económico, la administración federal reconoce que el gasto en pensiones será un reto en los siguientes años, ya que en 2023 la población mayor a 65 años era 8.2 por ciento de la población total mexicana, pero en 2050 se espera que este porcentaje llegue a 17 por ciento.
“Aunado a lo anterior, se trabajará en la educación financiera para promover una adecuada toma de decisiones de las personas trabajadoras; explicando los beneficios que el SAR y el ahorro voluntario tienen para incrementar el monto de la pensión”, apunta el proyecto de Ley. Sin embargo, el Paquete Económico no menciona detalles sobre esta reforma ni los plazos ni requisitos para llevarla a cabo.
Uno de los grandes retos de cualquier sociedad es mitigar las diferencias que por discapacidad una persona deba afrontar y las dificultades socioeconómicas y culturas que puede afrontar.
En México viven 6.2 millones de personas con discapacidad, por lo que una política pública que favorezca el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social es en sí un activo.
En ese sentido, esta administración ha decidido otorgar apoyos económicos a todos los adultos de 30 a 64 años que presenten alguna discapacidad, sin importar su lugar de residencia. Actualmente, las infancias y juventudes mexicanas menores de 29 años con alguna discapacidad reciben un apoyo económico bimestral de 2,700 pesos.
En el caso de los adultos de 30 años o más, solo reciben la pensión los que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas y en zonas urbanas con alto grado de marginación, pobreza y altos índices delictivos.
La razón de ser de esta pensión son las condiciones que limitan la interacción de las personas que viven con alguna discapacidad, la cual, a su vez, registra una mayor prevalencia en personas en situación de pobreza (incluidos menores de edad, indígenas y afrodescendientes), adultas mayores y mujeres, limitando su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.
Sembrando Vida es un programa del Gobierno de México que busca contribuir al bienestar social de comunidades agrícolas a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, y la recuperación del medioambiente, con la implementación de parcelas con sistemas productivos agroforestales.
El objetivo del programa es colocar apoyos directos a propietarios con 2.5 hectáreas disponibles para ser intervenidas con proyectos agroforestales para cubrir necesidades alimenticias básicas. Las personas beneficiarias de este programa reciben un pago mensual de 6,000 pesos entregados de manera directa a través de transferencias electrónicas.
Hasta enero de 2023, el programa presentaba una cobertura en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, impactando un millón 139,000 hectáreas.
Aunque la observación ciudadana sobre los programas debería estar presente desde su diseño hasta la evaluación, ahora con la posibilidad de elevar a rango constitucional este programa, es importante comentar deficiencias relevantes que han sido detectadas.
Primero, la reforestación planteada por el programa tiene una tendencia homogeneizadora en la cual las técnicas de cultivo se reducen a dos, lo cual genera deforestación, erosión del suelo por distribución de especies no endémicas, y la promoción de fertilización industrial.
Segundo, los campesinos que se han integrado al programa lo hacen por lo atractivo del subsidio, lo cual ha generado tensiones y la preferencia de la adquisición de bienes alimenticios sobre su cultivo.
Tercero, ha debilitado y promovido la discontinuidad del modelo comunitario debido a que, al homogeneizar las técnicas de cultivo, se ha sedentarizado la milpa y las técnicas de cultivo milenarias.
Por último, pesan serias acusaciones de corrupción y falta de transparencia, pues se han destinado millones de dólares de los mexicanos sin resultados identificables.
Complicada y retadora es cualquier sucesión presidencial, y el presidente López Obrador, de cara al fin de su mandato, apuesta por un fin adelantado de su gobierno como si lo importante no fuera 2023, sino lo que sea que traiga 2024 y, sobre todo, el futuro.
El presidente apuesta por la historia, el legado constitucional, como si quisiera tallar con mármol esas páginas de historia que quiere que los mexicanos lean. Es justificable que lo busque, es injustificable que varias de esas políticas que busca legar estén plagadas de militarización y desarrollismo sin sentido. N
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Miguel Tovar es socio de Alterpraxis. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
