Con el objetivo de brindar atención médica y medicamentos gratuitos a la población que no contaba con seguridad social, en enero de 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) reemplazó al Seguro Popular. Sin embargo, este cambio, lejos de solucionar los problemas del sistema de salud mexicano, parece haber profundizado las deficiencias y generado una sobrecarga para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El Insabi prometía ser una solución integral al acceso a la salud, pero su implementación ha sido tildada de precipitada, dejando tras de sí hospitales sin suficientes insumos, largas filas de pacientes esperando ser atendidos y la ausencia de medicamentos en diversas entidades del país.
Una de las principales críticas al Insabi radica en su financiamiento. Al eliminar el Seguro Popular, desapareció también el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, recurso destinado a enfermedades de alto costo. Esto ha generado incertidumbre entre pacientes con enfermedades como cáncer, quienes han reportado falta de tratamientos en distintos estados de la República.
Por su parte, profesionales de la salud han alzado la voz sobre las condiciones laborales que enfrentan. Desde la falta de contratación formal hasta la carencia de equipos de protección, especialmente en el contexto de la pandemia por COVID-19, el personal médico ha tenido que lidiar con situaciones adversas que afectan su desempeño y ponen en riesgo su bienestar.
Este panorama ha llevado a que muchos pacientes busquen alternativas en el IMSS, ocasionando una sobrecarga en el sistema. Las consultas externas, urgencias y hospitalizaciones han mostrado un aumento considerable, y aunque el IMSS ha hecho esfuerzos por absorber la demanda, se encuentra al borde del colapso en diversas áreas.
En un artículo escrito en El Economista, se lee “Desde el 5 de agosto de 2019, semanas después de que se presentó en el Congreso una iniciativa para desaparecer el Seguro Popular, Salomón Chertorivski Woldenberg junto con los también exsecretarios de salud, Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro, manifestaron su preocupación por esta propuesta. Plantearon que anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en el siglo XXI y señalaron que su historia era la de una política acorde a la dimensión y la naturaleza del sistema público que exigía estrategias graduales, perseverantes y tenaces. Además de que su mejora no es obra de un viraje repentino, de un gran cambio, sino de políticas de Estado por encima de prejuicios ideológicos o agendas partidistas. En proceso legislativo continuó y la reforma se aprobó y el 29 de noviembre de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que daba a una nueva política pública que sustituiría al Seguro Popular y entró en vigor el 1 de enero de 2020. Con las primeras horas del 2020 aparecieron los primeros problemas, todos ellos reducidos a una sola palabra: la implementación y comunicación. El gobierno se apresuró a eliminar el Seguro Popular y no publicó las reglas de operación, los ajustes a la normatividad, su plan de implementación, por lo que los primeros problemas surgieron en las clínicas y hospitales”.
La situación no parece mejorar con la centralización de compras de medicamentos que ha implementado el gobierno federal. La falta de transparencia en los procesos y los retrasos en la entrega han dejado hospitales sin los insumos necesarios, y pacientes en una situación vulnerable.
El panorama se complica aún más con el éxodo de profesionales de la salud. Desencantados con la falta de estructura y de insumos, muchos médicos y enfermeras han optado por migrar a la iniciativa privada o buscar oportunidades fuera del país.
Ante esta crisis, la demanda es clara: es necesario un replanteamiento del Insabi. La salud de millones de mexicanos está en juego, y la solución no puede ser transferir la carga a otra institución.
El gobierno federal debe tomar cartas en el asunto y fortalecer la infraestructura y financiamiento del sector salud, garantizando que tanto el Insabi como el IMSS cuenten con los recursos necesarios para brindar atención de calidad.
La salud no puede ser un juego político, y menos en tiempos donde una pandemia ha dejado en evidencia la fragilidad del sistema. Es momento de tomar decisiones acertadas y de colocar a la salud de los mexicanos en el centro de la política pública.
Los ojos del país están sobre el Insabi y el IMSS. La solución no es sobrecargar a una institución ya de por sí rebasada, sino fortalecer ambas, garantizando el derecho fundamental a la salud para todos los ciudadanos. N
