Los gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron un Plan de Reparación para la empresa Industrias del Interior (INISA), ubicada en el municipio de Rincón de Romos, en el estado de Aguascalientes, donde se denunciaron prácticas violatorias de libertad de asociación y negociación colectiva.
A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Economía, se explicó que este plan deriva de las investigaciones hechas por el gobierno federal en tal empresa, donde se determinó la posible existencia de trasgresiones a la legislación laboral mexicana.
Lo anterior, se relaciona específicamente a la discriminación sindical en contra de un representante sindical; la injerencia de la empresa a favor de un grupo de personas sindicalizables, con el fin de promover una nueva consulta y se votara a favor de un Convenio de Revisión en beneficio patronal, así como acciones de desinformación respecto a la pérdida de prestaciones laborales en caso de votar en contra de dicho convenio.
El Plan de Reparación reconoce el convenio firmado entre la empresa, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y el Sindicato de Industrias del Interior, por lo que el curso de reparación incluye diversas acciones y compromisos encaminados a asegurar la aplicación efectiva del convenio firmado entre ambos sindicatos y asegurar la neutralidad, no injerencia y tolerancia cero a actividades que violen los derechos laborales colectivos. Asimismo, incluye la formulación y publicación de lineamientos que regulen la conducta de los empleados y los mecanismos de denuncia disponibles para las personas trabajadoras de la empresa.
“El Gobierno de México refrenda su compromiso con el cumplimiento de las reglas establecidas por la Reforma Laboral del 1 de mayo de 2019, así como su compromiso con las disposiciones laborales contenidas en el T-MEC en favor de las personas trabajadoras de México y el libre comercio en la región de América del Norte”, indica el comunicado.
A mediados de mayo pasado, el sindicato de trabajadores de la empresa INISA 2000, denunció la negación de derechos laborales ante el Mecanismo de respuesta Rápida del T-MEC, hecho que no tenía antecedentes en Aguascalientes.
La dirigente del sindicato, Sonia Vázquez Rangel, señaló en ese entonces, que en la queja se solicitaba la resolución de una serie de negaciones de derechos laborales por parte de la empresa textilera.
Por su parte, la coordinadora de la asociación civil Colectivo Raíz, Sara Montes, que acompañó a los trabajadores inconformes, afirmó que INISA no conocía la importancia de permitir que sus trabajadores eligieran de manera libre a sus representantes.
Un mes después, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos solicitó al Gobierno de México que se investigaran las acusaciones hechas por los trabajadores de la empresa ubicada en Aguascalientes.
