¿Qué sucede en los tribunales de México? El 22 de julio pasado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, emitió un decreto para desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO). El decreto fue aprobado, en fast track, por el Congreso del Estado.
El TJAO fue sustituido por un tribunal patito al que denominaron “Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción” del Estado de Oaxaca (TJACCO). En este tribunal los magistrados serían lo que en la jerga política se conoce como “carnales”, pues habrían de funcionar como alcahuetes del gobernador.
Claro que todo eso se hizo con la connivencia de un Congreso a modo, que se pasó por el arco del triunfo las reglas del debido proceso legislativo para destituir y crear magistrados. Razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la arbitrariedad y ordenó que se restituyeran tanto al antiguo tribunal como a los magistrados.
Mientras el sainete judicial de los tribunales continúa en Oaxaca, en Aguascalientes, la gobernadora panista, Teresa Jiménez, modificó la Constitución de su estado para hacerse de un tribunal a modo.
Esto que sucede a considerable distancia de quienes no vivimos en Oaxaca o Aguascalientes pareciera no afectarnos. Pero la realidad es muy otra, pues el proceder arbitrario es de dos gobernadores de diferentes partidos, y viene motivado por el ejemplo que el Ejecutivo ha impuesto al atacar persistentemente a las instituciones que se encargan de equilibrar el poder. El ejemplo cunde y tenga por seguro que, de seguir así el estado, alcaldía o municipio donde usted vive habrá de verse afectado.
Para entender lo que se juega en los tribunales lo primero es separar este enredo por partes: comencemos por definir qué es un tribunal de justicia administrativa. Un tribunal de este tipo se ocupa de resolver los problemas que surgen entre la gente y los encargados de gobernarla.
Si por ejemplo a usted le subieron las contribuciones en su municipio de manera arbitraria, puede presentar una queja y el tribunal resolverá si el aumento procede o no. Cuando no procede, el tribunal ordena a la autoridad que cancele el aumento, y la autoridad acata la orden.
Si el funcionario se niega a acatar la orden del juez se hace acreedor a una pena. Esta puede llevar a que lo cesen en sus funciones. De manera que un tribunal de justicia administrativa defiende al pueblo de los abusos de la autoridad.
Aquí recordé cuando a un amigo le bajaron el impuesto predial de una propiedad. Él estaba feliz, hasta que se percató de que la reducción obedecía a que habían reducido los metros cuadrados de su propiedad en el catastro.
Cuando fue a reclamar le exigieron que pagara todos los bimestres que el predio estuvo separado, y para unificarlo, ¡claro!, le exigieron una suma por abajito del agua. Mi amigo trató de arreglarlo por la buena, pero fue imposible. Entonces acudió al tribunal del Gobierno de la Ciudad de México.
El juez vio el asunto y ordenó a los funcionarios que restituyeran la cuenta predial a su estado original. Esto sin que mi amigo erogase un centavo. Esa es la protección que le brindan al ciudadano estos tribunales.
Pero continuemos con la explicación inicial. El gobernador de Oaxaca no puede, por capricho, destituir a un magistrado ni reformar la ley. Para hacerlo debe seguir un protocolo estricto, condicionado por el proceso legislativo del Estado de Oaxaca.
En el caso que nos ocupa, el gobernador debió presentar la iniciativa, el Congreso debió pasarla a comisiones, estas debieron dictaminar si se aprobaba o no, y luego pasarla al pleno del propio Congreso para su aprobación, modificación o rechazo. Esto no sucedió.
De este modo, el proceso que velozmente se siguió en Oaxaca violó los artículos 51, 55, 56 y 58 de la Constitución del Estado. Ante la arbitrariedad, los magistrados depuestos solicitaron el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN concedió la suspensión provisional, en función de que debe resolverse el fondo de la constitucionalidad de esta reforma. El Congreso se negó a resolver y el cuento continúa.
Lo de Aguascalientes, si bien tiene algunas diferencias, en lo medular persigue lo mismo. Dar a la gobernadora un poder omnímodo sobre sus gobernados, y dejarlos sin mecanismos de defensa que se ajusten al derecho. Así la vara de medir estará definida por los caprichos del gobernador en turno.
La destrucción sistemática de las instituciones —como los tribunales— creadas para equilibrar el poder atenta directamente contra sus derechos como ciudadano. El poder es el caramelo que más disfruta un político, y ¿a quién le dan un caramelo que le amargue?
Pero el abuso y la indefensión son, por el contrario, brebajes amargos y difíciles de tragar. La injusticia, cuando se materializa en nuestras personas, hace hervir la sangre. El problema es que no nos damos cuenta cuando perdemos nuestros derechos, y para cuando nos percatamos, ya es demasiado tarde. La conseja popular dice: “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido”. Y esta es una verdad de Perogrullo.
La destrucción de las instituciones creadas para defendernos se ha puesto de moda. Con Morena, el mecanismo para lograrlo es enmascarar esta destrucción con dádivas al electorado que, cegado por el dinero que recibe, pierde de vista la supresión de sus derechos.
Es importante hacernos conscientes de que nuestros derechos deben respetarse, pero aún más importante es entender que los únicos que podemos hacer que nuestros derechos se mantengan somos nosotros. Esta es la labor para la próxima elección. Votar masiva y conscientemente para conservar la democracia y evitar que un nuevo grupo de caciques le pongan el último clavo al ataúd del Estado de derecho mexicano. (Colaboraron en este artículo los doctores en Derecho Pascual Alberto Orozco y Sergio Charbel).
Tres asesinatos han cimbrado a la clase política mexicana. El del empresario José Guadalupe Fuentes, promotor en Guerrero de Marcelo Ebrard; el del empresario Daniel Flores Nava; y el de la excandidata a la alcaldía de Poza Rica, Soraya Zamora G., mejor conocida como “Lady Pestañas”. Los dos últimos eran colaboradores de Adán Augusto López.
En el primer caso se dijo que fue para robar el vehículo del Sr. Fuentes, pero el vehículo no fue robado; en cambio, persiguieron a un testigo para asesinarlo. El segundo fue cuando el avión en que volaba el Sr. Flores Nava despegó y se desplomó al comenzar a elevarse. Y Zamora fue asesinada a balazos frente a su domicilio.
Es claro el escenario electoral cuatroteísta que nos espera. Rumbo a las votaciones de 2024, los criminales han comenzado a manipular la elección desde temprano. Supongo que el presidente, al final del proceso electoral, otra vez nos dirá que “los que pertenecen a la delincuencia organizada en general (se portaron) bien”. N
—∞—
Salvador Casanova es historiador y físico. Su vida profesional abarca la docencia, los medios de comunicación y la televisión cultural. Es autor del libro La maravillosa historia del tiempo y sus circunstancias. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
