Cuando tenga cédula de identidad, Andrés espera dejar el duro trabajo en los campos de caña y buscar una vida mejor. El documento puede tardar: nació en República Dominicana, pero su nacionalidad, como le ocurrió a miles, le fue arrebatada hace una década. Su madre es haitiana. Su padre, dominicano, no lo reconoció.
“Los hombres dominicanos son muy cuerneros”, dice entre risas este joven de 22 años durante la faena en los cañaverales de El Seibo, 120 kilómetros al oeste de Santo Domingo, mientras sus compañeros gritan para mover los bueyes que arrastran una carreta repleta de caña. Esperan recolectar unas cuatro toneladas, por las que recibirán unos 16 dólares para dividir entre los ocho que componen la cuadrilla.
“Yo nací aquí… mi nacionalidad es dominicana”, insiste Andrés, que tiene acta de nacimiento, pero no cédula, fundamental para cualquier trámite.
“Me están haciendo la diligencia” para obtenerla, cuenta. Pero hay un problema: las autoridades “quieren que yo tenga la cédula que diga extranjero” y “así no se vale”, afirma. Andrés es uno de los más de 250,000 dominicanos de padres extranjeros, la mayoría de Haití, que perdieron su nacionalidad por un fallo de 2013, aplicado retroactivamente a los nacidos entre 1929 y 2010.
Nacer en este país de 10.5 millones de habitantes no garantiza obtener la nacionalidad, pero así era en el pasado, antes de una reforma constitucional en 2010. Desde la sentencia miles fueron expulsados y otros subsisten como pueden en los “bateyes”, precarias comunidades de casas de madera con techos de latón y letrinas externas, donde viven los trabajadores de la caña.
Allí son menos frecuentes las redadas migratorias, a las que están más propensos cuando se mudan a poblaciones urbanas para trabajar, estudiar o ir al médico. Mujeres embarazadas han sido deportadas tras controles médicos, al igual que personas que nacieron y crecieron en Dominicana, sin vínculo alguno con Haití.
Cae la tarde en uno de los bateyes de El Seibo. Los niños juegan en las calles de tierra y grupos de trabajadores se distraen jugando dominó y bromean en creole, lengua haitiana derivada del francés. La mayoría de los trabajadores de la caña son de Haití o descendientes de haitianos, situación que se remonta a la época del dictador Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961), que impulsó la búsqueda de mano de obra en el país vecino.
A medida que se complicaba la vida en Haití, los obreros decidían quedarse en Dominicana. Los trabajadores, la mayoría analfabetos, eran registrados en un libro distinto del oficial. Recibían una “ficha”, que no era más que un comprobante de empleo. Ni visa ni residencia. El Tribunal Constitucional los consideró “en tránsito” y quitó la nacionalidad a ellos y sus descendientes.
Algunas familias haitianas pagaron a dominicanos para que registraran a sus hijos como suyos, con apellidos distintos a los de sus padres. El gobierno anunció en 2014 un registro especial para los afectados que poseen acta de nacimiento dominicana, el llamado grupo A, que podría optar por la nacionalización. En el B quedan quienes no tienen ningún documento, los “extranjeros”.
El proceso, plagado de obstáculos, ya cerró, y el movimiento cívico Participación Ciudadana estima que apenas 26,800 personas normalizaron su situación.
Quedan cientos de miles que “no son de aquí ni de allá”, lamenta Elena Lorac, de 34 años, activista del movimiento Reconocidos y afectada por la sentencia. “Todas estas políticas de desnacionalización nos dejan ante una vulnerabilidad enorme”. Dominicana mantiene una agria relación con Haití, cargada de xenofobia. Unos tres millones de haitianos viven en el país vecino.
“Inmediatamente me señalan, ‘esa es haitiana’, por mi color de piel y porque tengo pelo crespo”, dice María Paul, 53 años, quien asegura que nació en Dominicana pero nunca fue registrada.
Accedió a una cédula de “extranjera” que venció y no ha podido renovar. “El Estado entiende que yo nací en Haití porque me pone ‘inmigrante'”, cuestiona. “Mis padres sí fueron inmigrantes, pero yo no soy inmigrante”.
Activistas han introducido recursos en la justicia, incluida la nulidad de un registro civil paralelo creado para los afectados por la sentencia. “Es un apartheid registral”, resume la abogada Patricia Santana.
Criticado por endurecer su política frente a Haití con más deportaciones y un muro fronterizo, el gobierno del presidente Luis Abinader declinó comentar el asunto. Organismos internacionales ofrecen apoyo a los afectados, pero son reticentes a hablar del tema. Elena es enfática: “Estamos aquí, no vamos a ninguna parte porque ni siquiera conocemos” Haití. N
