Puebla, Pue. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dio a conocer que la administración estatal pagó 2 mil 700 millones de pesos a la Sistema de Administración Tributaria (SAT), por una obligación financiera que tenía desde el 2015, que generó un mal proceso administrativo y ocasionó un litigio que fue heredado, por ello se procederá legalmente contra el responsable.
El titular del Poder Ejecutivo criticó a la administración que estuvo en ese entonces, pues este tipo de incumplimiento afectan a las finanzas del Estado, misma que pueden ser usadas en otros proyectos.
“Se llevará a cabo las acciones pertinentes para determinar las responsabilidades contra quienes resulten causantes de las omisiones y se dará seguimiento legal hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
Tras este gasto que hizo el gobierno, el mandatario se comprometió a hacer gestiones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Federación para obtener recursos que subsanen este pago.
En su intervención, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro Corro explicó que este caso del 2015, se generó en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien contrató el despacho en asesoría fiscal “Sistema Lac”, que recomendó pedir la devolución de impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), correspondientes a 2008 y 2009.
Detalló que este ejercicio se hizo en dos partes, una a finales de 2015 y otra al inicio del 2016, por lo que Puebla recibió una suma de 702 millones de pesos, y tras este caso exitoso se compensó a la consultora con un bono por conseguir el regreso de impuestos.
No obstante, para el 2018 el SAT declaró que la devolución de recursos fue incorrecta, dado que el gobierno lo sustentó en normas retroactivas de 2008, pero fue hasta el 2011 cuando Puebla se adhirió a las disposiciones fiscales.
Dijo que en su momento el monto que el gobierno tenía que pagar era sólo de 702 millones de pesos, pero subió a mil 800 millones de pesos y de 2018 a la fecha, llegó a 2 mil 700 millones.
La secretaria dijo que se decidió pagar, ya que, de no hacerlo se podría incurrir en un acto penal y continuar el litigio representaría un monto de 30 millones mensuales que se seguirían acumulando a la cuenta, por ello se liquidó el pasado 5 de abril.
Con información de Diario Puntual
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