En un bulevar de la ciudad de Los Ángeles, California, Omar Buddakey entra en una tienda sin vitrina ni avisos, más allá de una cruz verde iluminada. El discreto código pasa inadvertido ante el público en general, pero es inconfundible para sus clientes: es uno de los tantos comercios clandestinos de marihuana en esta región estadounidense.
A siete años de haberse aprobado el consumo recreativo del cannabis, el estado de California, en el oeste de Estados Unidos, no ha conseguido asestar un golpe al multimillonario mercado ilegal que sigue en alza mientras que la burocracia y los elevados impuestos asfixian a la industria oficial.
Buddakey, un chofer de ambulancia de Los Ángeles que fuma marihuana para lidiar con su ansiedad, suele comprar en el mercado ilegal por motivos económicos: “Las tiendas legales son muy caras”, justifica.
“Diría que me ahorro un mes de salario al año comparado con las tiendas grandes (…) Prefiero pagar menos por la misma cosa”, declara a la AFP este hombre de 27 años.
En una de estas tiendas, que incluso figuran en los directorios de Yelp o Google, la mala iluminación y las capas de polvo que recubren los tarros en los cuales está la marihuana no espantan a la clientela de todas las edades que viene atraída por el factor ahorro: 100 dólares por 30 gramos de hierba, que en los comercios con licencia costarían 135 dólares.
“La policía ha allanado esta tienda unas ocho o diez veces. Se llevan la hierba, nuestras cámaras y todo el dinero (…) Simplemente abrimos una hora o un día después”, explica un vendedor de 20 años en el local.
En 2016, los californianos aprobaron en un referendo el uso recreativo del cánnabis, 20 años después de permitirse su consumo con prescripción médica.
Uno de los objetivos de la legalización era “paralizar el mercado negro”, regularizar la sustancia para garantizar su calidad y aumentar la recaudación de impuestos, similar a lo planteado en los casos de Canadá, Uruguay o Alemania.
Pero desde 2018, cuando abrieron las primeras boutiques de marihuana con sello oficial en el estado más poblado de Estados Unidos, el comercio ilegal se ha mantenido estable y actualmente moviliza alrededor de 8,000 millones de dólares en ventas por año, según la firma especializada Global Go Analytics.
Por el contrario, el mercado legal, a pesar de sus tiendas especializadas con productos singulares, selecciones variadas y consejeros entendidos de cannabis, enfrenta dificultades. En 2022 las ventas cayeron 8.2 por ciento en comparación con 2021, hasta 5,300 millones de dólares.
“California está pagando dos errores que cometió al diseñar su programa: muchos impuestos y muchas regulaciones”, opina Tom Adams, director ejecutivo de la firma especializada en el tema Global Go Analytics.
A pesar de que el estado aprobó la legalización, las reglas pueden variar entre jurisdicciones y las autoridades municipales tienen la palabra final. En consecuencia, menos de 40 por ciento de las ciudades permiten la venta en su territorio.
Hay unas 1,100 tiendas legales en California —de 40 millones de habitantes—, por lo que muchos clientes quedan a merced del mercado ilegal. Y en aquellos lugares donde es permitido, los comerciantes dicen sentirse contra la pared.
“Nos asfixian con impuestos, y lamentablemente esto frena al sector”, comentó Nathan Holtz-Poole, copropietario de una tienda en Venice Beach que emplea a unas 18 personas.
Su dispensario parece un herbolario y tiene una decoración meticulosa. Su catálogo incluye desde especies cultivadas en casa hasta concentrados de cannabis muy potentes en forma de gomitas. Pero aún así, el comerciante atraviesa un momento difícil. “Apenas alcanza para sobrevivir. En el mejor de los escenarios, para cubrir los gastos”, afirma.
Holtz-Poole estima que los impuestos regionales, locales y los específicos de la industria aumentan en 35 por ciento el precio final del producto, pero además, que pierde 30 por ciento de sus clientes frente al comercio ilegal que no debe pagar esas tasas.
Según Holtz-Poole, en su vecindario, en el conocido litoral de Los Ángeles, tiendas con licencia para comercializar apenas CBD —un componente del cannabis sin efecto narcótico—, venden productos con el psicoactivo tetrahidrocannabinol (THC), a pesar de no estar autorizados para ello. El comerciante sostiene que lo denuncia constantemente ante las autoridades, pero no ve una respuesta que le parezca satisfactoria.
“Nos sentimos completamente abandonados”, asegura.
Michael Boylls, quien dirige la unidad de cannabis en la brigada antidrogas de la Policía de Los Ángeles, afirma que se trata de una batalla cuesta arriba. Su unidad realiza entre 300 y 400 redadas al año, y consiguen cerrar algunas veces las tiendas ilegales. Pero los vendedores rara vez enfrentan algo más grave que una multa, cuenta Boylls, y regresan casi de inmediato a sus comercios. “Trabajamos duro, pero la ley no tiene fuerza”, se queja. N
