Los médicos salvaron a la pequeña Rosalinda. Luego de casi 24 horas de viaje por el desierto de La Guajira esta indígena de dos años llegó moribunda a una sala de urgencias por desnutrición y hambre, males que matan a casi un centenar de niños cada año en esta región de Colombia. Llevaba días con vómito y diarrea. La hidrataron con sonda por su diminuta muñeca. “Llegó malísima. Era como cargar un trapito”, recuerda su madre, Magalis Iguarán.
Tras cinco días en la Unidad Materno Infantil Talapuin de Uribia, Rosalinda “ya está sentadita y pide comida. Cuando llegó no quería ni agua (…) la salvaron”, relata Iguarán (32), envuelta en una túnica amarilla que disimula su propia delgadez.
“Como dos veces al día nada más: desayuno arepa con queso y a veces almuerzo arroz con pedacitos de carne de res (…) está cara la comida para cinco personas”, se queja. Otros tres hijos aguardan su regreso a la lejana comunidad de Puerto Estrella.
La pobreza (67.4 por ciento), la escasez de agua potable y la corrupción hacen estragos en La Guajira, el punto más septentrional de América del Sur, a orillas del Caribe ,y habitada por indígenas wayúu. Allí la tasa de mortalidad para menores de 5 años fue de 21 por cada mil nacimientos en 2021, según la autoridad estadística. En Siria, donde una guerra civil de 12 años tiene al país al borde de la hambruna, la cifra es 22, de acuerdo a Unicef.
“Rosalinda llega con pérdida aguda de peso por diarrea, retraso en tallas (…) una desnutrición aguda moderada”, explica la pediatra Karen Toncel. A diario atiende hasta dos casos similares. Mientras Rosalinda se recupera, otra menor de dos años con signos de desnutrición reposa en urgencia con una sonda conectada a su mano.
Toncel encuentra cada semana al menos un caso “crítico” que remite a cuidados intensivos. “Fatales puedo decir que son uno o dos pacientes cada mes, duplicamos la mortalidad en el país. (…) casi el 100 por ciento son población wayúu”, lamenta.
Al menos 20 niños murieron por desnutrición en La Guajira durante los primeros cuatro meses de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, quien en poco menos de medio año de mandato ha admitido que este es su primer “fracaso”. En Colombia 308 niños fallecieron de hambre en 2022 (85 en La Guajira), 111 más que el año anterior, según la Defensoría del Pueblo.
Bajo una enramada de cactus secos, los niños de la comunidad indígena Malirachon se refugian del sol. Una nutricionista mide sus brazos usando una cinta con números rojos que alertan sobre una posible desnutrición.
“Me siento triste por el niño, está enfermo”, dice en un español quebrado Sandra Epieyú (22 años), mamá de José Fernando (1) y José (4), los más delgados. Es tejedora y habla en lengua wayuunaiki. Su figura menuda esconde cuatro meses de embarazo. En su choza de madera, prende leña para cocinar chicha, una bebida de maíz que compone buena parte de su dieta.
Su esposo lleva las artesanías a la capital departamental Riohacha y recibe entre 8 y 10 dólares semanales. “A veces compro arroz y frijol rojo, la carne está cara”, rezonga Epieyú mientras el país alcanza una inflación del 13.2 por ciento, récord del siglo.
Unas 15 familias viven aquí sin agua potable y deben caminar hasta el molino de agua vecino. Epieyú, quien por su embarazo no puede cargar bidones, admite que a veces se surte de los “jagüeys”, enormes charcos de agua lluvia donde también beben animales.
Según Evasio Gómez, la autoridad indígena local, el estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conoce el caso de los Epieyú y les envía un suplemento alimenticio que no llega hace más de dos semanas. La encargada de entidad renunció a comienzos de febrero. Su sucesora, Astrid Cáceres, no pudo atender una entrevista con la AFP pues aún no se ha posesionado.
Un enorme tanque vacío está junto a la casa de Sandra. “Lo trajo la Alcaldía en 2016 (…) traían agua de Riohacha en carrotanque” pero dejaron de hacerlo tras las elecciones de 2019. “Quiero que nos respondan como tiene que ser, que no sea por temporadas de políticos”, se molesta Gómez.
La escasez afecta a toda esta región con decenas de miles de poblados dispersos. Por carreteras sin pavimentar, mujeres con niños llevan bidones en bicicletas, burros o a pie. Los mayores de cinco años reciben alimentos en sus escuelas. Pero una docente que habló bajo anonimato por miedo a perder su empleo asegura que las raciones son precarias. El exgobernador local José Ballesteros (2014-2015) está enjuiciado por desfalcar el programa.
Wilmer Epieyú (7) no cuenta en las estadísticas sobre desnutrición infantil por haber superado los cinco años, pero mide apenas 75 centímetros y “tiene el peso de un niño de un año y medio” (8 kilos), se alarma Nielcen Benítez, nutricionista de la ONG Banco de Alimentos. Benítez examina a sus siete hermanos. Varios muestran signos de alerta: vientre inflamado y cabello descolorido. “Es tan desolador”, suspira. N
