Cuando en 1967 brotó petróleo del primer pozo en Lago Agrio, en plena Amazonía, Ecuador celebró el inicio de una era de prosperidad. Medio siglo después, el oro negro pasa factura en la selva. La perforación fue obra del consorcio estadounidense Texaco-Gulf.
“Ese día, ministros y funcionarios se bañaron en petróleo. Luego lo tiraron al río”, dice a la AFP Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT).
“Un buen comienzo”, ironiza el activista de esta organización que congrega varios pueblos indígenas. Aquel primer pozo de Lago Agrio, en el noreste del país sudamericano, cerró en 2006 tras generar casi 10 millones de barriles.
No obstante, millones de hectáreas han sido transformadas en la capital petrolera de Ecuador: un paisaje cada vez más plagado de pozos, oleoductos, camiones cisterna y refinerías. Los bosques de la región retroceden a medida que se extiende la contaminación, denuncian activistas.
En la actualidad, el país sudamericano produce 500,000 barriles diarios, una cifra que el presidente Guillermo Lasso ha prometido duplicar. El objetivo parece obvio: los ingresos del petróleo, unos 13,000 millones de dólares al año, son esenciales para el desarrollo del país y de su población.
Pero para Moncayo, nacido “a 200 metros de un pozo petrolero” hace 49 años, la industria es sinónimo de pobreza y contaminación a gran escala. Desde la década de 1990, ha emprendido una larga y difícil lucha legal contra Texaco.
En 30 años de actividad, la compañía perforó 356 pozos alrededor de Lago Agrio, cada uno de ellos con fosas de retención (880 en total) que recogían restos de petróleo, desechos tóxicos y aguas contaminadas. Unos 60 millones de litros de este líquido se vertieron al medioambiente, según la UDAPT, contaminando el agua que se usa para pescar, bañarse e ingerir.
Esta suerte de piscinas, que salpican la selva amazónica ecuatoriana, produjeron la que a menudo es considerada una de las peores catástrofes petroleras de la historia. En 1993 unos 30,000 residentes de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, demandaron a Texaco, entonces propiedad de Chevron, ante un tribunal de Nueva York. El caso fue desestimado por falta de jurisdicción.
Los demandantes recurrieron a tribunales más cercanos. La Corte Suprema de Justicia ecuatoriana falló en 2011 a favor de la comunidad y condenó a la empresa a pagar 9,500 millones de dólares en indemnizaciones por la contaminación de sus tierras nativas.
Pero siete años después, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Chevron y Texaco tras determinar que la decisión del alto tribunal de Ecuador había sido en parte “redactada de forma corrupta” por los representantes de los demandantes, que habían prometido un soborno a un juez.
Los pobladores también han fracasado en otros procesos judiciales. Chevron sostiene que Texaco gastó 40 millones de dólares en la limpieza medioambiental de la zona en la década de 1990, antes de vender sus operaciones a la empresa estatal Petroecuador.
Y argumenta que la petrolera estatal ecuatoriana y el gobierno son responsables de cualquier limpieza restante según los términos del acuerdo de venta.
Al final de un estrecho camino por la selva, está Aguarico 4, abandonado en 1994. Cerca, una fosa de retención está cubierta por una gruesa capa de materia orgánica que Moncayo remueve con un palo hasta revelar un líquido viscoso y oscuro. Un arroyo que pasa junto a la fosa está visiblemente sucio, y las vacas pastan en lugares donde lodo negro brota del suelo.
“Es así en todas partes”, explica Moncayo, que lleva puestos guantes quirúrgicos.
Las fugas también vienen del crudo de los oleoductos: entre 10 y 15 al mes, según un reciente estudio de la Universidad de Quito. Petroecuador no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.
Los conflictos entre los habitantes de esta región y Petroecuador se resuelven principalmente mediante indemnizaciones ad hoc, o compromisos del gobierno de construir infraestructuras o ampliar los servicios. No siempre es suficiente.
“Mis gallinas y patos comenzaron a morir. El agua del pozo se oscureció: era imposible beberla o incluso usarla para lavar la ropa. Las niñas tenían problemas de piel”, cuenta Francesca Woodman, propietaria de una pequeña finca en el asentamiento de Río Doche 2, donde viven unas 130 familias.
Francesca dice que se vio obligada a irse con sus ocho hijos debido a la contaminación por el crudo.
“Nosotros aquí sufrimos la contaminación, los derrames, el humo de las chimeneas, inhalamos el polvo de los camiones (cisterna), ¡mientras ellos cobran los dólares en Quito!”, lamentó otra residente, Patricia Quinaloa.
Pero Río Doche 2 también es testimonio del conflicto inherente entre los ingresos que da la industria petrolera y la contaminación.
“Mientras tengamos un poco de trabajo y dinero, aunque sean migajas (…) la gente acepta” las condiciones, afirma Wilmer Pacheco, que trabaja de chofer para una ONG local.
Los datos oficiales muestran que los índices de pobreza en las tres provincias amazónicas productoras de petróleo de Ecuador oscilan entre el 44 por ciento y el 68 por ciento, por encima de la media nacional del 25 por ciento. N
