El ejército ucraniano “pone a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”, denunció este jueves Amnistía Internacional.
Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares, señala la organización internacional. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil.
“Hemos documentado un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en peligro. Violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Estar en una posición defensiva no exime a las fuerzas armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario”.
Sin embargo, no todos los ataques rusos documentados por Amnistía Internacional siguieron esta tendencia. En otros emplazamientos concretos en los que Amnistía Internacional concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra, incluidas algunas zonas de la ciudad de Járkov, la organización no halló indicios de que hubiera fuerzas ucranianas ubicadas en las zonas civiles atacadas ilegítimamente por el ejército ruso.
Entre abril y julio, un equipo de Amnistía Internacional pasó varias semanas investigando los ataques rusos en las regiones de Járkov, el Dombás y Mykolaiv. La organización inspeccionó lugares que habían sufrido ataques, entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques. Y llevó a cabo labores de detección a distancia y análisis de armas.
Durante estas investigaciones, el equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas. Además, se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas.
El Evidence Lab de la organización ha analizado imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes.
La mayoría de las zonas residenciales donde se emplazaron los soldados estaban a varios kilómetros de las líneas de frente.
“Existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales”, indicó la organización.
En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos. O bien ayudado a evacuarlos. Es decir, “no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil”. N
