Más de un tercio de las 2,000 mayores empresas mundiales de capital abierto adoptaron objetivos de neutralidad de carbono de aquí a 2050, pero esas promesas se hicieron según definiciones variables, sin verificación y parecen parte de una estrategia de comunicación de “lavado de imagen verde”.
Así y todo, la armonización de criterios está en marcha y podría concretarse en 2024 o 2025.
“El lavado de imagen verde crece y seguirá creciendo mientras no existan normas que aclaren quién hace qué exactamente”, dice a la AFP Emmanuel Faber, director del Consejo de Normas Contables Internacionales (ISSB), que busca establecer una norma universal empresarial sobre el clima.
Las compañías calculan su huella de carbono desde los años 2000. Para contar las emisiones de sus fábricas, oficinas, proveedores, empleados o clientes, el método de referencia mundial es estadounidense, el GHG Protocol. Pero tiene muchas carencias y no es obligatorio.
Además, sigue siendo arriesgado comparar las emisiones de diferentes empresas cómo se comparan sus beneficios.
Por ejemplo, el gigante brasileño de la carne JBS o la multinacional francesa de la distribución Carrefour han publicado tradicionalmente solo una pequeña parte de sus emisiones reales, como lo demostró la ONG Carbon Market Watch.
Otro ejemplo es la mayor empresa petrolera del mundo, Saudi Aramco que, a pocos días de la conferencia mundial sobre el clima celebrada en Glasgow en octubre de 2021, había anunciado un ambicioso objetivo de “cero” emisiones de carbono operativas para 2050.
Pero el “cero” emisiones operativas se limita a las que producen sus instalaciones industriales y omite las emisiones “indirectas” de CO2, relacionadas con el petróleo que vende.
El blanqueo ecológico o “ecoimpostura” es “evidente” en algunas empresas, afirma Thomas Koch Blank, experto del Rocky Moutain Institute.
Pero, incluso para las empresas bien intencionadas, la ausencia de una norma tan estricta como en la contabilidad financiera deja demasiado espacio a la “arbitrariedad”.
La verdadera aceleración en el esfuerzo de armonización data de 2021, destaca Peter Paul van de Wijs, de Global Reporting Initiative, un organismo con sede en Amsterdam que desarrolla sus propios estándares medioambientales y sociales.
La más ambiciosa es la de la Unión Europea (UE), cuyo organismo Efrag prepara normas ambientales y sociales para 50,000 empresas a partir de 2024.
Pero el gendarme estadounidense de los mercados financieros, la SEC, también sorprendió con un proyecto de regulación que pretende obligar a las empresas que cotizan en bolsa a publicar sus emisiones.
La UE, Estados Unidos y el G20 de potencias industrializadas y emergentes apoyan o discuten la iniciativa liderada por Emmanuel Faber, imposible de ignorar porque su fundación gestiona las normas contables NIIF, utilizadas en 120 países.
“No habrá un momento más propicio que los próximos doce meses. Europa, Estados Unidos y otras jurisdicciones están estableciendo las bases”, sostiene Faber.
Con una norma obligatoria, cada empresa deberá decir la verdad sobre su huella de carbono y su plan de transición climática, bajo pena de sanción. La mentira medioambiental será, en teoría, más fácil de descubrir.
Pero queda un problema por resolver: ¿cómo creer a las empresas que prometen “cero emisiones” en 2040 o 2050?
La organización Science Based Targets (SBT), animada por las oenegés WRI y CDP, certifica los compromisos, comprobando que la empresa tiene un plan riguroso de reducción de emisiones.
Pero los criterios para obtener este sello “SBT” de respetabilidad climática, conseguido por 1,480 empresas, se están endureciendo. Su jefe, Luiz Amaral, espera una regla del juego común. “Sin estandarización, sin transparencia contable, estaremos reducidos a un concurso de palabras”. N
