En el Salón de Actos del Colegio de Málaga de la Universidad de Alcalá de Henares, el profesor Neil Foley presenta una imagen de la estatua ecuestre de Juan de Oñate a la que, en señal de protesta, le han cortado un pie.
Foley es un profesor distinguido que pasa su año sabático en España y fue invitado por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá para dar una conferencia plenaria en el “VII Congreso Internacional de vínculos históricos entre España y Norteamérica”, que se coorganiza allí en colaboración con el Instituto Cervantes de Nueva York y la División de Estudios Interdisciplinarios de The City College of New York.
Junto a unos 60 colegas provenientes de universidades de Europa y América, lo escuchamos hablar sobre la relación entre los monumentos y la disputa por el “pasado” en el sur y el oeste de los Estados Unidos.
La estatua de Juan de Oñate fue amputada la noche del 29 de diciembre de 1997 por un grupo que buscaba protestar la celebración de los 400 años del primer asentamiento europeo en Nuevo México.
La amputación de su estatua de bronce es una referencia simbólica a la orden que Juan de Oñate dio de hacer lo mismo con docenas de guerreros Acoma que, en 1599, habían sido capturados en combate. La memoria histórica se ha convertido en un espacio de disputas ideológicas que —desde mi punto de vista— son un correlato del presente.
En el mismo salón, al día siguiente, el Dr. Carlos Castresana dio la conferencia plenaria de cierre con un análisis histórico de la contribución de Estados Unidos al estado de derecho (en inglés rule of law) internacional.
Castresana, entre otras cosas, desarrolló las denuncias de jurisdicción internacional que dieron base a los procesos contra los dictadores Augusto Pinochet y Jorge Videla. La democracia, nos aclara este jurista, es mucho más que el sufragio y uno de sus componentes más importantes es el respeto por el marco legal.
En 1613, Juan de Oñate fue condenado por su abuso del pueblo Acoma y, además, se declaró su destierro de Nuevo México, también le expropiaron sus títulos y se le impuso una multa.
Con el tiempo regresó a España, donde recibió un nombramiento como inspector de minas. Los casos de Pinochet y Videla presentan paralelismos claros y detalles tan atroces como la historia de Juan de Oñate. Pinochet sufrió la vergüenza pública del arresto domiciliario y de alguna forma fue desterrado del mundo, y Videla fue a prisión.
¿Cómo pudieron personas de finales del siglo XX continuar prácticas que ya eran condenadas a finales del siglo XVI?
Desde mi punto de vista, los perpetradores y máximos responsables de los crímenes atroces y de lesa humanidad apuestan a la lentitud de la justicia nacional e internacional, pues el paso del tiempo está a favor de los abusadores.
En Colombia, hace menos de 20 años, 6,402 jóvenes fueron asesinados por agentes del Estado. Y hasta el día de hoy personajes como Álvaro Uribe Vélez se pasean por el país y el mundo lustrándose los zapatos como señal de desafío a la justicia.
En varias ocasiones Uribe Vélez se ha lustrado los zapatos en frente de los despachos de la Fiscalía en Colombia. Es cierto que el día de hoy se encuentra imputado y que los procesos en su contra avanzan. También es cierto que el respeto al debido proceso es fundamental en cualquier proyecto democrático. Pero la lentitud del sistema no debe convertirse en una garantía de impunidad que le permita a los perpetradores pasearse por el mundo posando para imágenes en redes sociales con su risa sardónica e impúdica.
Parte de su cinismo radica en saber que los procesos son tan extensos que ningún ser humano podrá leer todos los documentos y declaraciones que lo acusan o lo excusan. El proceso será interminable y él seguirá haciendo relucir sus zapatos.
En una conversación posterior a la conferencia, mi hermano Jhon y yo discutimos el papel que podría desempeñar la inteligencia artificial de lenguaje natural, como la famosa MarIA, tanto en los procesos de reconstrucción de la memoria histórica como en la preparación de casos en contra de los perpetradores y máximos responsables de crímenes atroces.
¿Qué tal que la justicia tuviera los mismos recursos tecnológicos que la NASA o la Bolsa de Valores de Wall Street para revisar, clasificar y preparar paquetes de evidencia?
¿Qué tal que la justicia y la resolución de conflictos recibieran la misma atención que el valor del petróleo o la cotización de las acciones de Apple o Netflix? N
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Carlos Aguasaco es escritor, académico y profesor en The City College of New York. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
