“La continuación del programa Quédate en México afecta y daña los derechos humanos de las mujeres migrantes”, de acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C. (IMUMI).
El programa se implementó durante la administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Quédate en México se inició el 18 de diciembre de 2018 y, un mes después, el 25 de enero de 2019, México comenzó a aplicarlo.
El programa consiste en que los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano. El proceso puede tardar meses o años y el lugar de espera no cambia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impulsó durante sus primeros meses de mandato la cancelación de este programa. Sin embargo, la Corte Suprema de su país se negó a hacerlo.
“La gente de derecha en Estados Unidos tiene la narrativa dominante que enfoca el tema de la migración desde una perspectiva de seguridad. La administración de Biden no ha podido revertir esta narrativa”, comenta Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, en entrevista con Newsweek en Español.
Diversos motivos obligan a las mujeres a convertirse en migrantes. Kuhner explica que “salen de su país por razones de violencia de género”. Es decir, violencia doméstica o situaciones dentro de los contextos de crimen organizado en los diferentes países.
“Salen muchas veces con sus hijos o hijas pequeñas. Esto último implica responsabilidades que se ven ligadas con un papel de género, de maternidad, de cuidados y de tener que proveer educación y salud”.
El Instituto para las Mujeres en la Migración ha documentado que muchas veces los agresores persiguen a las mujeres hasta México. Un ejemplo es el caso de Sara. Ella escapó de Honduras tras ser secuestrada junto con su familia por miembros de la Mara Salvatrucha, según contó al IMUMI.
La víctima explicó que uno de sus secuestradores la persiguió y la encontró en Tapachula, Chiapas. Eso la obligó a moverse a otra ciudad, por lo que dejó atrás la solicitud de asilo.
La violencia de género que sufren las mujeres migrantes implica violencia sexual, económica, psicológica y física, ya sea cometida por los propios familiares o por el crimen organizado. Y esta aumentó drásticamente en Centroamérica durante la pandemia de covid-19.
Esta información es corroborada en un informe de Kids in Need of Defense (KIND), organización no gubernamental con sede en Estados Unidos dedicada a la protección de los niños no acompañados y separados. El informe, titulado “Dual Crises: Gender-Based Violence and Inequality Facing Children and Women During the COVID-19 Pandemic in El Salvador, Guatemala, and Honduras”, fue publicado en 2021.
Este reporte fue realizado a partir de entrevistas a mujeres e infancias migrantes y con datos recabados por organizaciones civiles. Asimismo, con bases de datos de Unicef, Save the Children y noticias locales, entre otros.
Según el reporte, en los primeros tres meses del confinamiento hubo un aumento del 70 por ciento de violencia contra las mujeres en El Salvador. En Honduras, el número de casos denunciados de violencia intrafamiliar y de pareja aumentó 4.1 por ciento por semana en el mismo lapso. Además, hubo 10,000 denuncias realizadas al Sistema Nacional de Emergencias 911 solo en abril de 2020.
Sobre violencia sexual en El Salvador, hubo un aumento de 79 por ciento de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, en el período de abril-junio de 2020, frente al mismo periodo de 2019. Y en Guatemala se registraron más de 100,000 embarazos entre niñas de 19 años o menos en 2020. Y casi 5,000 de ellos fueron entre niñas de 10 a 14 años.
Estos solo representan algunos datos que ayudan a reforzar el monitoreo del IMUMI. Mediante entrevistas y encuentros, este instituto da cuenta de las barreras de las mujeres migrantes para hallar un trabajo durante su estancia en México. Tampoco pueden ingresar a sus hijas e hijos en la escuela. Ni encontrar lugares seguros, como guarderías, para el cuidado de las infancias.
En algunos casos, las madres y padres son víctimas de secuestro. Por ello, los hijos quedan solos, buscando llegar a un lugar seguro en Estados Unidos. Sandra fue secuestrada durante su búsqueda de empleo en Piedras Negras, Coahuila. Su retención duró tres días, lo que provocó que sus cuatro hijos cruzaron la frontera solos.
Estas razones orillan al IMUMI a hacer un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para revertir la política de Quédate en México. También, exhorta a implementar prácticas de políticas migratorias con perspectiva de género.
Gretchen Kuhner expresa su preocupación por la falta de transparencia sobre el actuar de la Guardia Nacional en temas migratorios. Sobre ello menciona: “El tema de la transparencia de la Guardia Nacional: cómo está participando, cuáles son los criterios, quiénes son, quiénes están designados al control migratorio, cuáles son los protocolos, cómo están organizados. Toda esta información no ha sido proporcionada.
“Lo que sí se ha documentado es la actuación de ciertos elementos, que al igual que el Instituto Nacional de Migración, actúan con completa impunidad”.
La directora del IMUMI explica que, a falta de datos sistemáticos sobre el actuar de la Guardia Nacional, solo quedan casos aislados que reportar. Relata algunos casos: “Por ejemplo, una persona de la Guardia Nacional disparó y mató a una persona cubana. Y nosotros documentamos el caso de dos mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que sufrieron abuso sexual por elementos de este cuerpo de seguridad.
“Entonces, lo que estamos pudiendo documentar es una actuación sin reglas ni en el uso de la fuerza, ni en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, donde al final replican los mismos criterios discriminatorios y racistas en la detención migratoria”.
El perfilamiento racial se refiere a que agentes de seguridad piden papeles migratorios a las personas basándose en su color de piel, lengua y rasgos. Kuhner declara que es uno de los criterios para la detención de los migrantes por parte de elementos de seguridad mexicana.
La directora del IMUMI específica: “Las revisiones migratorias están basadas en la detección de personas conforme a criterios racistas, étnicos y de idioma. No es lo mismo para una persona haitiana que está intentando buscar otro modo de vida en Tapachula, sin hablar español, que una persona centroamericana, que también la pasa muy mal. Dentro de esas dificultades también existen matices y diferencias”.
Así, puntualiza Kuhner: “Por eso es importante reconocer las distintas formas de discriminación en estos temas y las intersecciones que pueden existir”.
En septiembre de 2021, durante una conferencia de prensa del IMUMI, una mujer de Haití describió la forma en que las personas haitianas son perfiladas por su raza por las autoridades mexicanas y cómo las bajan de los autobuses.
La mujer relató: “Apenas si podemos movernos en Tapachula. Aunque seamos solicitantes de asilo, es prácticamente imposible subirse a un autobús para ir a otra ciudad sin tener que pagar a los traficantes una cuota para pasar por los puestos de revisión”.
Por ello, el IMUMI ha insistido en la ilegalidad y la importancia de detener las redadas y retenes en las carreteras en México. Ahí, por cuestión racial, se detiene a los migrantes y se les expone a detenciones arbitrarias y violencia ejercida por autoridades o el crimen organizado.
Además, según relata Kuhner, estos retenes provocan un área de oportunidad para autoridades como la Guardia Nacional para extorsionar a los migrantes.
“También crea un peligro, porque las personas pueden saber dónde están los retenes, entonces, para evitarlos se bajan y tratan de caminar alrededor. Sin embargo, el crimen organizado sabe todos esos caminos, y pone en peligro a los migrantes en riesgo de secuestro, extorsión. Y a las mujeres, en riesgo de violencia sexual”, concluye. N
