El programa La Escuela es Nuestra se aplica en Colima sin criterios
técnicos de construcción y pone en riesgo la vida de estudiantes
y docentes, coinciden especialistas. La misma gravedad podría
replicarse a lo largo y ancho del país.
DESDE el gobierno federal y la Delegación de Programas para el Desarrollo de Colima (DPDC) se impulsa un proyecto que es una receta perfecta para una tragedia como la que se vivió en el colegio Rébsamen, en la Ciudad de México, donde murieron 19 infantes, así como siete adultos, aplastados por una escuela mal construida.
El terremoto del 19 de septiembre de 2017 no fue lo que mató a estos niños y trabajadores del colegio, sino una construcción deficiente, modificada, que incumplía con la norma de infraestructura física educativa, tal como sucede ahora con el programa La Escuela es Nuestra en comunidades rurales de Colima.
La Escuela es Nuestra se aplica a escala nacional y es uno de los programas que más ha impulsado el gobierno del presidente López Obrador: en 2021 ha crecido un 70 por ciento su presupuesto, lo que cuadriplicaría los apoyos entregados en 2020, cuando se erogaron casi 10,000 millones de pesos, de acuerdo con lo informado en rueda de prensa el pasado 8 de octubre por funcionarios de la Secretaría del Bienestar.
El programa tiene como objetivo general “mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles públicos de educación básica”, y prioriza la atención a aquellos planteles ubicados en localidades de población indígena que presentan un alto índice de pobreza y marginación, situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social.
De acuerdo con datos oficiales de la DPDC, en Colima el año pasado se beneficiaron 101 escuelas, con un promedio, en la mayoría, de 150,000 pesos por plantel. Sin embargo, de este total, solo 20 escuelas, de 2020 a marzo de 2021, pidieron orientación a la Subdirección de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación (SE).
Guillermo Salazar, titular de esta subdirección, explicó que la mayoría de las asistencias técnicas fueron para cubiertas de plazas cívicas, canchas y un desayunador; en ningún caso, aseguró, se han acercado para orientarse técnicamente en la construcción de aulas, aunque existen videos e imágenes de la modificación y construcción de estas difundidas por la DPDC en sus redes sociales.
De igual forma, en el caso del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa (Incoifed), ningún padre de familia ha solicitado orientación técnica para la construcción de aulas y planteles, a pesar de que las mismas reglas de operación del programa así lo establecen con las obras mayores.
Tampoco existen solicitudes formuladas por los padres de familia a las direcciones de obra pública o desarrollo urbano de los diez ayuntamientos del estado, desde el 2020 hasta marzo de este año, en que soliciten acompañamiento técnico para la construcción, modificación o ampliación de la infraestructura educativa.
No se han acercado, asimismo, a los colegios de arquitectos. Gabriel Barrera Osorio, presidente del Colegio de Arquitectos del Valle de Caxistlán, A. C., expuso que en las construcciones documentadas por la DPDC y difundidas en sus redes se observa que están mal hechas desde un inicio y tendrán que rehacerse totalmente, pues en un temblor colapsarían.
Tampoco han acudido a solicitar asesoramiento a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción en Colima (CMIC), cuyo titular, Carlos Maldonado Orozco, advirtió que el programa pone en riesgo a los infantes que reciben clases en instalaciones estructuralmente deficientes.
“El tema de construcción de escuelas obedece a la más alta normatividad en construcción, porque finalmente abajo del techo de las escuelas está el futuro de México. Y nos preocupa que esta normativa esté siendo omisa y la consecuencia sean escuelas que no tengan la seguridad que merecen nuestros niños de México”, expone el representante de esta cámara.
En el numeral 7.1.1 de los lineamientos de operación del programa, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021, se establece que los padres de familia que conforman el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), en el caso de la construcción de obra mayor, deberán acudir por supervisión técnica. Lo mismo refieren las reglas de operación de 2019.
“Obligatoriamente deberá contar con la participación de organismos públicos de infraestructura física educativa de la federación y de las entidades federativas, municipios, cámaras de la construcción, o un profesional habilitado y certificado con cédula profesional, quien será el responsable técnico para dictaminar sobre el proyecto de obra mayor, su ejecución y su recepción, conforme a la correspondiente carta responsiva, siempre y cuando no se destine más del 2.5 por ciento del total del proyecto para este fin”.
Los organismos públicos estatales de infraestructura física educativa, en este caso, son el Incoifed y la Subdirección de Planeación y Programación de la SE, los cuales vigilan que el recurso del Plan General de Obras del Fondo de Aportaciones Múltiple, para la mejora física de los planteles, se ejerza conforme a las disposiciones legales.
Sin embargo, esto no aplica para el recurso canalizado a través del programa La Escuela es Nuestra, cuyas reglas de operación disponen que sea entregado directamente al CEAP de cada plantel, por medio de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo. Lo que sucede después con el dinero solo los padres de familia lo saben.
Se trata de recursos públicos que llegan directamente a los padres de familia, quienes en el interior del CEAP definen en qué, cómo, cuándo, cuánto y dónde se van a ejercer los recursos, que en el caso de Colima fue de una bolsa de 16 millones 50,000 pesos, repartidos en 101 escuelas durante 2020.
En el numeral 5.2 de los lineamientos de operación de La Escuela es Nuestra se establece que el recurso se podrá utilizar para el mantenimiento del inmueble escolar, así como la construcción de aulas, laboratorios, aulas digitales, talleres, sanitarios, sistemas de agua potable, cisternas, techos de instalaciones, techumbres para actividades cívicas y deportivas, dormitorios y oficinas, entre otros.
Todas estas acciones de infraestructura son consideradas, de acuerdo con el glosario de los lineamientos de operación del programa, como obra mayor y deberán “contar obligatoriamente con supervisión técnica”. No entran en esa categoría la adquisición de inmobiliario y equipo escolar, así como tampoco materiales didácticos y educativos.
Eso marcan las reglas de operación y la normatividad vigente, pero la realidad es muy distinta: obras de infraestructura educativa que no cumplen con estas especificaciones técnicas y una negligencia de la mayoría de los CEAP, cuyos integrantes incumplen con las reglas de operación del programa al no asesorarse con los organismos de infraestructura física educativa o con especialistas del colegio de arquitectos o de la CMIC.
La Delegación de Programas para el Desarrollo en Colima (DPDC) promocionó, como un éxito de La Escuela es Nuestra, la ampliación de un aula en el preescolar de Agua Dulce, en el municipio de Villa de Álvarez, obra que se construyó sin tener el acompañamiento técnico del Incoifed, la SE, el ayuntamiento, el colegio de arquitectos o la CMIC.
En un video de poco más de un minuto, Gabriela Ayala Mojarro, tesorera del comité escolar, explicó que antes era un salón chiquito y que, con el apoyo de 150,000 pesos, los padres de familia quisieron que se hiciera más grande el salón y se ampliara.
“La prioridad más importante es el salón, pero también se piensa hacer una techumbre con sus comederitos para los niños para el desayuno. Hasta ahorita llevamos gastado, más o menos, 34,000 pesos en lo que se ve: 15,000 en mano de obra y lo demás en material. Y además se está beneficiando la misma gente de aquí, porque son trabajadores de aquí mismo”, afirma en el video.
De acuerdo con la madre de familia, la obra está siendo construida por dos albañiles y dos peones. El video cierra con la imagen de la madre de familia dando las gracias y asegurando que es lo mejor que ha caído en la comunidad “en todo el tiempo”.
En sus redes sociales, la DPDC también exalta la pinta de salones, la construcción de un baño para docentes y alumnos, así como la construcción de una cancha con techumbre en un preescolar de la comunidad La Loma, en Minatitlán. Esta última es considerada como obra mayor, junto con la construcción del baño. Ambas se hicieron sin supervisión técnica.
María de los Ángeles Mariscal, representante del CEAP de ese plantel, expone la importancia de este programa que les dio el dinero directamente. “Te dieron la confianza y tú vas a llevar el dinero a lo que es. No es de que aquí le voy aumentar tanto y me voy a quedar con tanto; eso es mucha ventaja”.
La madre de familia pondera, además, que los infantes van a tener un mayor entusiasmo para ir a su escuela, pues van a tener cancha techada, donde podrán jugar.
La otra obra documentada, que no cumple con los criterios técnicos ni fue supervisada por el Incoifed, la SE, el ayuntamiento, el colegio de arquitectos o CMIC, se ubica en la comunidad del Sauz, en Minatitlán. Esa obra fue presumida por Indira Vizcaíno, en aquel entonces titular de la DPDC y ahora candidata de Morena al gobierno del estado.
Construir escuelas sin atender especificaciones técnicas es instalar una bomba de tiempo, en especial en un estado donde se han registrado fuertes terremotos, como el de 2003, que causó la muerte de 23 personas y dejó heridas a otras 300.
Son sobre todo los planteles escolares los que deben cumplir con estos ordenamientos, pues en el directorio de refugios de Protección Civil del Estado figuran al menos 172 escuelas de nivel básico, la mayoría de ellas ubicadas en comunidades rurales de alta marginación social, donde el programa La Escuela es Nuestra se focaliza.
Los recursos pueden ir de 150,000 pesos (planteles donde estudien de 0-50 niños), 200,000 pesos (51-150) y 500,000 pesos (151 o más). En el caso de Colima, la mayoría de los subsidios fueron de 150,000 pesos. Y con ese dinero ya se han construidos, sin supervisión técnica, aulas, patios cívicos, techumbres, ampliación de salones, entre otras acciones consideradas como obra mayor.
En ese sentido, Carlos Maldonado, titular de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción en Colima, explica que precisamente toda la normatividad de escuelas tiene muchos años y está diseñada por los mejores ingenieros de México, lo que ha permitido que las escuelas sean utilizadas como un espacio seguro en caso de un siniestro, “pero estas nuevas construcciones no garantizan eso”.
Para el titular del Incoifed, Eduardo Gutiérrez Navarrete, eso es lo más delicado y peligroso del asunto, en un momento en que está a punto de desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y que se ataca, desde la presidencia, a los organismos autónomos de trabajo técnico.
“Fenómenos naturales han ocasionado pérdidas humanas, como en el Distrito Federal (19-S), porque al final se han hecho cosas fuera de la normativa. Hoy el caso de Colima sí nos tiene preocupados y ocupados”.
El titular de este organismo descentralizado del gobierno del estado expuso que no critica la asignación de recursos directos a los padres de familia, sino que el problema es que no consultan la parte normativa, lo que considera muy delicado.
“Toman decisiones sin criterios técnicos y que desde luego están poniendo en riesgo la seguridad de los alumnos. Ya se han venido realizando, en algunas comunidades, y nosotros ya los tenemos identificados”.
Gutiérrez Navarrete describe el caso del Sauz, en el municipio de Minatitlán. Ahí el pasado 27 de agosto de 2020, autoridades de la DPDC, encabezados por Indira Vizcaíno, acudieron “a conocer los avances en la construcción de sus nuevas instalaciones”, como escribió Julio León en sus redes sociales.
“En este preescolar y bachillerato del Sauz se observa una edificación sin criterio técnico, ellos lo hicieron en una ladera; la parte de los elementos estructurales no la están haciendo como lo marca la norma. Están metiendo refuerzos que no obedecen a la capacidad de este elemento estructural para soportar el peso de lo construido”, explica Navarrete.
Agrega que las instalaciones eléctricas están visibles, no tiene vitropiso, entre otros elementos, pero lo preocupante es que se puede apreciar en imágenes que ya hay niños recibiendo clases en esos espacios.
“Como estas escuelas, se van a generar otras a lo largo y ancho de nuestro estado. Nosotros, que sí les hemos dicho a los que coordinan este programa, y aprovecho para seguir insistiendo, las puertas del instituto están abiertas para cualquier asesoría técnica que requieran. No porque ellos vayan a hacer su obra allá les vamos a cerrar las puertas”.
Aseguró que, si las personas que construyeron ese preescolar y bachillerato en el Sauz hubieran acudido al Incoifed, como lo marcan las reglas de operación, se les habría dado el acompañamiento técnico.
“Nosotros les íbamos a decir, en primer lugar, que no se podía construir ahí. Hay que buscar otro espacio. Es un terreno que a lo mejor es del ejido, pero que nosotros, por la parte normativa, no hubiéramos construido ahí, porque la Ley General de Infraestructura Física Educativa especifica qué clase de terrenos son los idóneos”.
Cuestionado sobre si se le dio asesoramiento a alguna de las 101 escuelas beneficiadas por el programa, el titular del Incoifed respondió que no, y que se ha actuado, en caso de algunas, debido a denuncias ciudadanas, como sucedió en el caso del Sauz, en Minatitlán.
En la delegación del Colomo, en Manzanillo, el 19 de octubre de 2019 se registró una explosión en la escuela primaria 5 de Mayo. Fue un fin de semana en la noche y por eso no hubo muertos ni heridos. La causa fue una acumulación de gas en la cocina. Tras el siniestro, el Incoifed acudió a la escuela para evaluar los daños y determinar qué fue lo que sucedió.
De entrada, se trató de una cocina que no asesoró ni construyó el Incoifed o la SE. Los cilindros de gas estaban en un espacio muy pequeño, cuando técnicamente no deberían de estar en la cocina, sino, de acuerdo con la norma, en una caseta o espacio alterno. En el caso de este plantel había dos estufas y dos cilindros en un espacio de 2 por 3 metros.
El Incoifed, después de evaluar los daños, determinó que estos eran mayores porque habían construido, sin cumplir con la norma, una pared que dividiera el aula; la construyeron sin refuerzos y eso debilitó su estructura. El resultado: la explosión por acumulación de gas y la destrucción de la pared que los padres de familia construyeron.
El Incoifed actúa en este caso por denuncias ciudadanas. Así fue en el caso Sauz, en Minatitlán, y también en el jardín de niños “Gregorio Torres Quintero”, de la comunidad de Callejones, en Tecomán, donde se construyó una cancha techada sin criterios técnicos y sin cumplir con las normas. Resultado: la lona se desprendió en una tormenta el año pasado.
“Hemos insistido mucho a los maestros y padres de familia que se acerquen. Nosotros no les cobramos ni nada, ni la parte técnica. Y es que al final toda obra que hagan sin consultarnos y no lleve una firma del instituto es su responsabilidad. Punto. Ojalá que nunca pase nada”.
Lo que observa el Incoifed es que los padres de familia le apuestan a lo barato, sin considerar que las normas de infraestructura educativa establecen parámetros rigurosos para garantizar la seguridad estructural de las escuelas.
Es una receta para una tragedia, tal como sucedió en el colegio Rébsamen, donde la dueña —ahora en la cárcel—, sin respetar los lineamientos de construcción y de infraestructura educativa, añadió estructuras ilegales que causaron la muerte de 19 menores estudiantes de ese colegio.
“¿Cuál es la versión que comúnmente hacen los padres de familia? Que nosotros construimos muy caro. Que es mucho acero. No creo que sea muy profesional, pero hay gente que dice que es mucho acero el que le pone el instituto, yo se los puedo hacer con menos y les sale más barato”, relata Eduardo Gutiérrez.
El titular del Incoifed asegura que a eso le apuestan los CEAP: a obras baratas que no se ajustan a la parte normativa. “Los edificios educativos que construimos se ajustan a la parte normativa para sismos, y en este caso, de planteles escolares, lleva un poco más de ese factor que por sismo tiene una casa habitación o cualquier otro edificio del estado de Colima”.
Detalla que por eso el costo del metro cuadrado es más elevado. “Por eso los padres de familia o los mismos docentes dicen: vamos construyendo nosotros. Eso es el riesgo que ponen a algo que es muy delicado, como la seguridad de los niños”.
—¿La obra de Minatitlán, del Sauz, en un temblor…?
—Puede colapsar. Usted lo está viendo. No requiere conocimientos técnicos, porque son tan evidentes las fallas que visualmente se observan las deficiencias técnicas. Ojalá tampoco llegue a pasar un evento de una gran precipitación de lluvia importante, porque podría desgajarse esa parte de la ladera ya construida y colapsarse.
Para este reportaje se solicitó una entrevista con la actual titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de Colima, María Guadalupe Solís Ramírez. La entrevista no se concedió al argumentarse motivos de veda electoral. N
