La nueva Red Integrada Nacional de Radiocomunicación federal presenta retos y elementos novedosos, pero queda aún pendiente la urgente política de Estado que establezca las prioridades, reglas, acciones, responsables, tecnologías y recursos con que México evolucionará sus radiocomunicaciones para seguridad pública.
EN DICIEMBRE pasado entró en vigor un acuerdo presidencial “que tiene por objeto la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación” (RNIR).
Este hecho ha sido interpretado como el advenimiento de “El Acuerdo”, uno largamente anunciado y esperado que definiría la política del Estado Mexicano en materia de radiocomunicación para seguridad pública.
“El Acuerdo” establecería las bases para una estrategia nacional capaz de articular los esfuerzos, recursos y capacidades de todos, gobiernos y empresas, para mejorar, modernizar y consolidar las comunicaciones de misión crítica en México.
Con ello se pondría fin a lustros de incertidumbre, disputas y problemas que llevaron a debilitar la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) existente y a la proliferación de redes locales inconexas, heterogéneas y duplicadas, afectando el desempeño de las corporaciones policiales y sus esfuerzos por reducir la inseguridad que nos aqueja.
Carecer de una política y un plan estratégico es causa central del deterioro de la radiocomunicación para la seguridad pública y contar con uno es de urgencia apremiante.
Múltiples factores han sido invocados como posibles causas del deterioro actual: que si el monopolio, que si el celo local por controlar sus propias comunicaciones, la corrupción, la falta de presupuesto, la duplicidad de funciones entre áreas rectoras, los vaivenes y señales encontradas entre autoridades… y un largo etcétera.
Seguramente éstos tuvieron su parte en gestar la crisis, pero estoy seguro de que la falta de una hoja de ruta compartida y reglas claras creó las lagunas, los espacios de discrecionalidad y las contradicciones que sirvieron de cultivo para que esos factores germinaran en obstáculos, impidiendo que se consolidara la RNR o que se construyera de manera ordenada otra en su lugar.
La urgencia de contar con un plan estratégico y nuevos lineamientos para la RNR es clara y compartida desde hace varios años. En 2017 el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó establecer un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo que garantice la operación, mantenimiento y actualización de la RNR. En 2018, el Instituto Politécnico Nacional presentó, en el estudio realizado para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los elementos constitutivos de lo que sería dicha estrategia. En 2019, la Comisión Permanente de Información del Consejo Nacional de Seguridad Pública emprendió un “proceso abierto de consulta para poder establecer los lineamientos que en materia de radiocomunicación son indispensables para la seguridad pública del país”. En 2020, el Senado de la República señaló como parte de las motivaciones de un exhorto realizado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que “resulta necesaria ‘una revisión de la política pública para definir el futuro de la Red Nacional de Radiocomunicación’”.
En ese contexto era comprensible que el acuerdo de la RNIR de diciembre se interpretara como la respuesta del Estado mexicano a dicha urgencia. Sin embargo, no es así. Si bien se refiere también a una red nacional, su objeto y alcances son distintos.
A continuación, algunas reflexiones que pudieran resultar útiles para dimensionar el acuerdo y las implicaciones para su cumplimiento.
Será muy importante que el gobierno federal establezca con claridad la relación entre la RNR y la RINR. La nueva red de redes federales podría constituir un componente valioso para incorporarse a la necesaria política de Estado. Sin embargo, es distinta de la RNR que se integra por las redes de radiocomunicación de los gobiernos federal, estatales y municipales. Es importante recordar que las fuerzas federales poseen solo el núcleo central y una fracción de la infraestructura y equipos de la RNR, que en su mayoría es propiedad de los gobiernos estatales.
Así pues, de inicio se crea una instancia rectora –distinta al Consejo Nacional de Seguridad Pública— para que sean las propias dependencias y entidades federales las que en un plazo de hasta 150 días hábiles establezcan los elementos específicos necesarios para su ejecución.
Eso significa que el cumplimiento de este Acuerdo no se puede invocar para obligar a los gobiernos subnacionales a cambiar o migrar sus redes a la nueva RNIR. Por un lado, constitucionalmente no es posible que una determinación del ejecutivo federal sea impuesta a los gobiernos libres y soberanos de las entidades federativas.
Por otro lado, dado que no existe disposición que derogue o modifique los términos en que funciona la RNR existente, para las corporaciones en los tres órdenes de gobierno subsiste la responsabilidad de garantizar su operación y darle mantenimiento. Para ello deberán poder continuar destinando tanto los recursos federales y como los propios.
El reciente acuerdo presidencial es novedoso. Abre la puerta a una nueva red de redes federal, pero no resuelve el problema de fondo. Corre incluso el riesgo de convertirse en parte del mismo si no se evita que se sume a los vacíos, obstáculos y señales encontradas que contribuyeron a provocar la crisis actual.
La mejor forma de lograrlo es estableciendo la tan esperada política de Estado en materia de radiocomunicación. Necesitamos una hoja de ruta que establezca las prioridades, los pasos, acciones, responsables, tecnologías y recursos. Se necesita ordenar la evolución de la red, darle estructura y sentido mediante reglas claras y una estrategia nacional que articule los esfuerzos de todos los involucrados, que diga qué se hará con la red actual, cómo, cuándo, qué será de cada estado y sus activos. Como país, nos lo debemos. Lograrlo será una auténtica contribución para la seguridad pública en México. N
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El autor es experto y consultor en seguridad pública. Actualmente es director del Centro de Consultoría en Administración Pública. Antes fue secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Titular del Centro Nacional de Información.
