Saltándose los lineamientos federales, la Secretaría de Salud de Baja California permitió que tres laboratorios procesen pruebas de COVID-19, aunque no tienen el reconocimiento del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y usan pruebas para la detección del virus no avaladas por la federación.
Uno de ellos es InfectoLab y pertenece a un funcionario estatal. Los otros dos son propiedad de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Según el listado oficial del InDRE, en esta entidad hay tres laboratorios privados que cuentan con su aval oficial: LSG, Certus y SIMSA.
También hay dos laboratorios de academia que reunieron los estándares requeridos para obtener su reconocimiento: el laboratorio de Bioseguridad 2, del Departamento de Bionanotecnología de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM; y el del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
Todo laboratorio que realice pruebas serológicas, las que revelan si una persona ya tuvo COVID-19, debe contar con la aprobación del InDRE, según la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Pero la ventana de oportunidad para obtener ese reconocimiento se suspendió en abril pasado, cuando el gobierno federal ubicó a México en Fase 2 de la pandemia.
El 17 de ese mes, el InDRE dejó de dar reconocimiento a laboratorios clínicos privados y les autorizó realizar pruebas de detección SARS-CoV-2, condicionándolos a utilizar alguno de los estuches comerciales incluidos en un listado oficial.
Hasta entonces, las pruebas para detectar el nuevo virus solo se realizaban en el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) en Mexicali.
Pero la apertura del InDRE fue aprovechada por las autoridades de Salud de la entidad para entablar convenios con laboratorios no reconocidos, como es el caso de InfectoLab.
El titular de Salud, Alonso Pérez Rico, también acordó realizar el análisis de las pruebas en laboratorios de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), asentados en Tijuana y Mexicali, aunque ninguno tiene la aprobación del Instituto.
A pesar de ello, casi la mitad de las 33 mil 414 aplicadas en Baja California, de marzo a octubre, se han realizado en los dos laboratorios de UABC.
Esas pruebas fueron analizadas por personal docente y alumnos de la universidad, y la mitad dieron positivo al virus, según Idanya Rubí Serafín Higuera y Rubén Machado, encargados de los laboratorios de UABC en Tijuana y Mexicali, respectivamente.
Ante la falta de reconocimiento del InDRE, autoridades de la Cofepris recomendaron a la universidad apegarse “a los requisitos que se requieren para poder dar el servicio de manera segura y obtener la autorización para dicho servicio”.
Pero la falta de acreditaciones no es la única situación cuestionable detectada por este reportaje.
El Laboratorio Molecular de Infectología (InfectoLab) pertenece a Samuel Navarro Álvarez, jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria en el Hospital General de Tijuana (HGT) y es el único laboratorio privado que mantiene un convenio con el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, para realizar pruebas de diagnóstico.
Al inicio de la pandemia, laboratorios reconocidos por el InDRE como LSG y SIMSA procesaban pruebas para la Secretaría de Salud, pero esos convenios fueron cancelados por Pérez Rico.
Carlos Cota Heras, encargado de los laboratorios de InfectoLab, sostuvo que desde hace un año realizan pruebas PCR, y que al inicio de la pandemia en Baja California solo agregaron una para COVID-19 a su lista de servicios, aún sin el aval del InDRE.
“Antes de que pasara todo esto nosotros ya hacíamos biología molecular, realmente no entiendo por qué el InDRE sacó una certificación que no nos da, pero bueno, es parte de las reglas, al final nosotros llegamos a un acuerdo con el Laboratorio Estatal de Salud Pública”, comentó Cota.
El dueño de InfectoLab, Samuel Navarro, dijo que no se les negó el reconocimiento del InDRE, aunque aceptó que no lo tienen.
“Estábamos en el proceso cuando el InDRE emitió un comunicado de que ya no es necesaria esa certificación, que únicamente los estados tienen que autorizar la acreditación técnica”.
El funcionario estatal se negó a decir la cantidad de pruebas COVID que ha analizado para el estado, señalando que “es algo interno”. Tampoco quiso hablar del acuerdo que sostiene con la Secretaría de Salud estatal.
Sobre este convenio, el titular de Salud, Alonso Pérez Rico, dijo que no existe conflicto de interés, a pesar de que Samuel Navarro es un funcionario estatal.
Con InfectoLab “el estado no tiene otra cosa más que agradecimiento eterno, porque las PCR que están haciendo ellos no cuestan al estado; ellos nos están ayudando en hacer el estudio. Nosotros ponemos los insumos, ellos nos corren los estudios y no nos cobran”, aseguró Pérez Rico.
Esa misma dinámica se aplica en otros laboratorios de la red estatal, que son seis incluyendo a InfectoLab.
Pero aquellos laboratorios clínicos privados que desean realizar pruebas de detección y no disponen del reconocimiento del InDRE, están obligados a utilizar alguno de los estuches comerciales que enlista la Secretaría de Salud federal en el documento “Evaluaciones provisionales en apoyo a la emergencia por la pandemia de la enfermedad COVID-19”, publicado en su sitio web.
Sin embargo, las pruebas COVID se analizan con reactivos fuera de norma en Baja California.
En esta investigación se detectó que la Secretaría de Salud estatal provee insumos no avalados para ser utilizados en México, a los seis laboratorios adheridos a la red del Laboratorio Estatal de Salud Pública.
Tal es el caso de la enzima qBio Cat, producida por Genesis Scientific y adquirida en una casa comercial que está en San Diego.
Lo mismo sucede con el kit para la extracción del RNA Zymo Research, que no fue localizado en listados oficiales del InDRE.
El titular de Salud en Baja California no solo admitió esta irregularidad, sino que la justificó.
“Si nos apegamos a las pruebas solamente con los insumos que nos manda el InDRE, haríamos menos de un cuarto de las pruebas que hemos hecho en Baja California”, dijo.
Detalló que los insumos del InDRE han estado limitados desde que empezó la pandemia, y que en Baja California “nunca hicimos lo que nos mandaba el gobierno federal”, porque ello implicaría dejar de hacer pruebas.
Indicó que la mayoría de los insumos se han conseguido de Estados Unidos, algunos de Inglaterra y otros del centro de la República.
Anotó que Baja California no es el único estado que ha incurrido en esta irregularidad, sino que otros estados fronterizos también utilizan reactivos no avalados por el InDRE.
“Los estados del norte tenemos esa ventaja de cruzar y comprar en Estados Unidos”, ponderó.
En la contingencia sanitaria, el gobierno estatal ha invertido 7 millones de pesos en insumos para hacer 30 mil pruebas. Cada una tiene un costo aproximado de 200 a 300 pesos, detalló Pérez Rico.
Para Cofepris, el problema es que estos kits “no garantizan la calidad, seguridad y eficacia” porque no están avalados por el InDRE.
Durante esta investigación se encontró que los laboratorios certificados registran una mayor detección de casos positivos que aquellos que operan fuera de la norma federal.
Entre cuatro laboratorios se han procesado dos terceras partes de las pruebas en Baja California.
En los dos de UABC, ubicados en Tijuana y Mexicali, se analizaron 15 mil pruebas y la mitad registró la presencia del virus.
En los de la UNAM y CICESE, ambos en Ensenada, se registró un 60 por ciento de casos positivos, de un total de 4 mil 395 y mil 646 muestras analizadas, respectivamente.
