La irrupción del coronavirus ha crispado los nervios en los hacinados penales latinoamericanos, provocando fugas masivas, varios motines que dejaron más de 80 muertos y llevando a varios gobiernos a tomar la impopular medida de liberar a presos.
El incidente más letal ocurrió el fin de semana en una prisión en Guanare, en el centro de Venezuela, donde la restricción de visitas como medida de cordón sanitario desencadenó un suceso que acabó con al menos 47 muertos y 75 heridos, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Algunos medios locales cifraron los fallecidos en más de 60.
La precariedad de muchos penales hace que la alimentación de los reclusos dependa de lo que les llevan sus familiares, por lo que la suspensión de visitas se traduce en hambre.
La primera señal de alarma fue en Brasil el 16 de marzo y por la razón opuesta: la restricción de salidas temporales para evitar el ingreso del virus. Cerca de 1,400 presos se fugaron de varias prisiones del interior de Sao Paulo en reacción a la medida; las autoridades lograron recapturar a unos 600.
Desde entonces, cada semana han estallado nuevos disturbios en Colombia, Argentina, Perú o México, mientras los contagios crecen entre reos y custodios.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha urgido este martes 5 de mayo a investigar las muertes ocurridas en el marco de los motines que se han sucedido en las últimas semanas cárceles de toda América Latina para protestar por la falta de protección ante la propagación del coronavirus en las prisiones.
“La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención”, ha dicho el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.
Colville ha indicado que “los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, recordando que en estos contextos la fuerza siempre debe usarse conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
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En concreto, ha apuntado a El Salvador, donde “recientemente se han impuesto medidas de seguridad extremadamente duras en las cárceles que pueden constituir trato cruel, inhumano o denigrante y pueden también exacerbar las ya precarias condiciones de higiene”.
Más allá de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, Colville ha llamado la atención sobre las condiciones en las cárceles latinoamericanas, que son “profundamente preocupantes”.
“Problemas estructurales preexistentes, tales como el hacinamiento crónico y unas condiciones no higiénicas, combinados con la falta de acceso a la asistencia médica, han permitido una rápida propagación de la COVID-19 en muchas instalaciones penitenciarias”, ha denunciado.
Como consecuencia de ello, miles de presos y guardias de prisiones han contraído el coronavirus en América, tanto en el norte como en el sur del continente, lo que sumado a la falta de acceso a servicios básicos, incluida la comida, ha avivado las protestas carcelarias.
En este contexto, ha instado a los países de la región a “adoptar las medidas adecuadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando las condiciones sanitarias y un acceso masivo a test y a asistencia médica entre los detenidos y el personal de seguridad”.
Asimismo, ha abogado por permitir los contactos entre los reos y sus familias aunque sea al “nivel mínimo” y facilitarles comida y agua potable, además de informar puntualmente sobre el estado de la población penitenciaria.
Por otro lado, ha dado la bienvenida a las excarcelaciones que se han producido de los presos más vulnerables a la COVID-19, como las personas con dolencias previas, las de mayor edad o las embarazadas.
“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los extremos niveles de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que están cumpliendo penas cortas por crímenes no violentos, así como de menores y migrantes”, ha exhortado.
Además, ha urgido a “reducir el uso de las detenciones provisionales, una medidas que debería ser siempre excepcional pero que se ha usado crónicamente un las Américas”, y a liberar directamente a las víctimas de detenciones arbitrarias, “sin base legal suficiente”, por “crímenes incompatibles con el Derecho Internacional” o simplemente por ejercer sus derechos y libertades.
De acuerdo con el último informe (2018) de población penitenciaria del Institute for Crime and Justice Policy Research (ICPR), con sede en Londres, la tasa carcelaria promedio de América del Sur es de 233 por cada 100,000 habitantes, mientras que en Centroamérica llega a 316. Como referencia, la tasa de Europa occidental es de 81.
Las dificultades de cumplir con las dos reglas básicas contra la propagación, es decir la higiene y el distanciamiento físico, suponen un desafío extraordinario en establecimientos que en muchos casos apenas cuentan con agua corriente y donde en una celda para dos viven a menudo seis u ocho personas.
Varias ONG han denunciado las condiciones de múltiples cárceles de Latinoamérica donde la falta de sanidad permite circular a enfermedades como la malaria, la tuberculosis o la sarna.
Con información de AFP y Europa Press.
