La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes de Colombia ha abierto este lunes un proceso formal contra el presidente del país, Iván Duque, en relación a las acusaciones que la excongresista Aída Merlano vertió sobre él desde Venezuela, asegurando que el jefe del Estado era consciente de la red de compra de votos en la región del Caribe que le beneficiaba en las elecciones de 2018.
El mandatario será investigado por haber cometido supuestamente un delito de coacción contra los votantes, por tráfico de votos y por tentativa de homicidio, en relación, esto último, a las acusaciones que Merlano emitió desde Venezuela, afirmando que existía un plan urdido por las altas esferas de la política nacional, entre cuyas figuras estaba la del presidente, para acabar con su vida al ser conocedora de las prácticas corruptas que se estaban llevando a cabo durante los comicios que colocaron a Duque en Casa Nariño.
La Comisión, presidida por John Jairo Cárdenas, ha nombrado a los diputados Edward Rodríguez, del Centro Democrático; Andrés Calle, del Partido Liberal; y Wilmar Leal, de la Alianza Verde como investigadores de esta primera causa contra el presidente colombiano, según ha informado el diario ‘El Espectador’.
Por su parte, Cárdenas ha confirmado que será él mismo quien se ponga al mando del otro delito del que se acusa a Duque, prevaricación y denegación de funciones, tras las denuncias de la oposición, la cual ha asegurado que el presidente “no sólo conoció la existencia de la compra de votos a su favor, sino que se reunió con las personas que promovieron esta práctica”.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia también ha abierto una investigación preliminar en relación a las copiosas denuncias de Merlano, quien señaló a miembros de las familias Char y Gerlein no sólo de estar detrás de esta red de compra de votos, sino también de haber participado en su fuga y posterior “secuestro” para asesinarla después y arrojar su cuerpo a “una fosa común”.
A principios de febrero, el Ministerio del Interior de Venezuela anunció que “tras arduas investigaciones”, Merlano había sido detenida en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, tras huir en octubre de 2018 de Colombia.
Merlano, quien fue miembro del Congreso de Colombia por el Partido Conservador entre 2014 y 2018, logró entrar en el Senado, pero fue acusada y condenada a 15 años de prisión por haber comprado votos para lograr su escaño.
Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Justicia de Colombia anunció que el Gobierno haría una solicitud de extradición “ante el legítimo Gobierno de Venezuela que encabeza de Juan Guaidó”, ya que no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente.
Sin embargo, esto generó polémica pues Guaidó, pese a proclamarse “presidente encargado”, no tiene control alguno sobre los tribunales o las fuerzas de seguridad venezolanas.
Por su parte, Maduro, quien calificó de “ópera bufa” los movimientos del Gobierno de Duque, anunció que estaría dispuesto a restablecer relaciones consulares con Colombia a fin de intentar solucionar esta cuestión, sin embargo, se encontró con la negativa del presidente colombiano.
Desde que fue detenida por las autoridades venezolanas, Merlano siempre ha defendido estar “perseguida” por el Gobierno de Colombia al disponer de pruebas suficientes para hacer “caer” a varias figuras destacadas de la clase política de su país.
“Siempre fui un peligro por toda la información que manejaba. Tengo pruebas, vídeos, audios, pruebas escritas, contratos y licitaciones amañadas. Todos caerían con las pruebas que yo tengo”, advirtió durante la vista preliminar del juicio por falsificación de documentos y usurpación de identidad al que tendrá que hacer frente en Venezuela.
