Los secretos más celosamente guardados del presidente estadounidense Donald Trump (sus registros financieros, que incluyen sus declaraciones de impuestos) probablemente permanezcan ocultos para los votantes hasta pasada la próxima elección.
Esa es solo una de las probables consecuencias de la memorable decisión que la Suprema Corte de Estados Unidos tomó el mes pasado al considerar tres casos con cinco órdenes de presentación de documentos relacionados con esos registros. Aunque los jueces escucharán argumentos en marzo y darán su veredicto en junio, varios meses antes de que los estadounidenses acudan a las urnas, parece cada vez más dudoso que ordenen una entrega rápida y limpia de las joyas de la corona del presidente.
En cambio, la decisión del tribunal de revisar esos casos indica que los 92 años de precedentes legales relacionados con los poderes de investigación del Congreso quizá tengan que ser revisados profundamente. Nadie sabe con precisión lo que va a ocurrir, pero será algo trascendental.
Las órdenes de presentación de documentos, emitidas por tres comités del Congreso y un Gran Jurado estatal en Manhattan, buscan sacar a la luz los registros de Trump, de sus tres hijos mayores (Donald Jr., Ivanka y Eric), de la Organización Trump y de una densa maraña de entidades comerciales afiliadas. (Todas estas órdenes de presentación de documentos fueron emitidas antes de que la Cámara iniciara una solicitud formal de juicio político este otoño. La Cámara ordenó que Trump fuera sometido a juicio político el 18 de diciembre.)
Desde 1927, cuando el tribunal emitió un veredicto derivado del escándalo de sobornos de Teapot Dome, ocurrido en el gobierno de Harding, la ley en este aspecto ha sido bastante clara. El Congreso ha tenido una amplia libertad de investigación para informar sobre sus funciones legislativas. Mientras pueda articular un “propósito legislativo” para la búsqueda de información, los tribunales no deberán cuestionar sus motivos.
Sin embargo, si bien las órdenes de presentación de documentos emitidas por el Congreso alguna vez fueron infrecuentes, su uso se ha acelerado desde la década de 1970. Desde que tomaron el control de la Cámara, en enero de 2019, los demócratas han exigido los documentos de más de cien aliados o empresas de Trump. En respuesta, Trump se ha atrincherado. “Estamos combatiendo todas las órdenes de presentación de documentos”, afirmó en abril pasado.
Al tomar esos casos, el tribunal parece prepararse, como mínimo, para corregir el rumbo.
“En el pasado, las disputas relacionadas con documentos y testimonios solían resolverse mediante un proceso de mutuo acuerdo”, afirma Mark Rozell, decano de la Facultad Schar de Política Pública y Gobierno de la Universidad George Mason, y experto en choques de investigación entre el presidente, el Congreso y el Poder Judicial. “Las cosas se complican cuando no existe un proceso de mutuo acuerdo, sin importar quién sea el responsable de ello. El tribunal podría verse tentado a establecer una resolución judicial que ponga límites al poder de emitir órdenes de presentación de documentos y que exija demostrar una verdadera necesidad, algo más que una expedición de pesca”.
Para los tribunales menores, esos casos son bastante simples. Dado que las órdenes de presentación de documentos se centran solo en registros personales y no en documentos oficiales, no plantean temas espinosos de “privilegio ejecutivo”. Además, dado que esas órdenes de presentación de documentos fueron emitidas contra los bancos y contadores de Trump y no directamente contra el presidente, no exigen ninguna acción de su parte, por lo que no le provocan ninguna distracción de sus deberes oficiales.
En dos de los casos se emitieron órdenes de presentación de documentos a Mazars USA, la empresa de contabilidad de Trump, mientras que en el otro se pidió a sus bancos, Deutsche Bank y Capital One, que presentaran los documentos requeridos. (Ni la empresa contable ni los bancos han impugnado las órdenes de presentación de documentos, pero Trump presentó tres demandas federales, una en Washington y dos en Nueva York, para impedir que esas instituciones cumplan con dichas órdenes.)
Todos los jueces de distrito fallaron contra Trump, y las tres cortes de apelaciones ratificaron los veredictos de inmediato. En total, intervinieron 12 jueces federales, de los cuales nueve votaron contra Trump. Los veredictos de las cortes de apelaciones fueron emitidos por tres eminentes jueces de circuito con una experiencia combinada de 92 años en el cargo.
No obstante, en el mundo políticamente polarizado de la actualidad, tener en cuenta los veredictos de los tribunales menores no es una buena forma de pronosticar los resultados de la Suprema Corte. Ocho de los nueve jueces que fallaron contra Trump fueron nombrados por demócratas, mientras que los tres que fallaron a su favor fueron nominados por republicanos. (Otros dos jueces de cortes de apelaciones republicanos también manifestaron su desacuerdo con los veredictos al solicitar, sin éxito, que se reconsiderara el caso relacionado con la orden de presentación de documentos emitida contra Mazars.)
Aun sin tomar en cuenta las lealtades políticas, existe otra razón por la que las decisiones de los tribunales menores no pronostican necesariamente los resultados de la Suprema Corte. Los jueces de los tribunales menores están obligados por los precedentes de la Suprema Corte, mientras que los jueces de esta última no lo están.
Cada uno de los tres casos en los que se han emitido órdenes de presentación de documentos y que están ahora en manos de la Suprema Corte presentan distintos aspectos. En consecuencia, sus resultados pueden variar, y hay espacio para que los jueces lleguen a un acuerdo.
En el primer caso, se emitió una orden de presentación de documentos que el difunto Elijah Cummings, entonces presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara, presentó a Mazars en abril pasado. Esta orden busca, entre otras cosas, “todas las declaraciones de condición financiera, declaraciones anuales, informes financieros periódicos e informes realizados por auditores independientes” preparados o revisados por Mazars para Trump y sus empresas.
Si Mazars utilizó las declaraciones de impuestos de Trump para preparar documentos, lo cual todavía se desconoce, también tendría que entregar tales declaraciones. (Otra orden de presentación de documentos de la Cámara, emitida por el Comité de Medios y Arbitrios, presidido por Richard Neal, y presentada directamente al Departamento del Tesoro, busca específicamente las declaraciones de impuestos de Trump. Pero el litigio relacionado con esa orden sigue empantanado en un tribunal federal de distrito en Washington y parece poco probable que se resuelva antes de la elección.)
Trump afirma que es absolutamente inmune a todas las etapas de los procesos penales mientras esté en el cargo, incluidas las investigaciones previas a una acusación.
La orden de presentación de documentos que Cummings emitió contra Mazars surgió, en parte, cuando la Oficina de Ética del Gobierno descubrió, en mayo de 2018, que el entonces candidato Trump había presentado una declaración de ética imprecisa. En ella se omitió su obligación de reembolsar a su abogado privado Michael Cohen los pagos “por debajo de la mesa” hechos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford. (Daniels afirma haber tenido una aventura amorosa con Trump, lo cual este ha negado.) Más tarde, cuando Cohen declaró ante el Comité de Cummings en febrero pasado, dijo que Trump periódicamente “inflaba sus activos totales cuando ello servía a sus propósitos”, y “desinflaba sus activos para disminuir sus impuestos sobre bienes raíces”.
Al pedir a su comité que aprobara la orden de presentación de documentos para Mazars, Cummings dijo en un memorando que el Comité necesitaba informarse, entre otras cosas, sobre las leyes de ética pendientes y potenciales que podría poner en vigor para sustentar aún más las obligaciones de presentación de documentos del presidente.
Las exigencias de la orden de presentación de documentos parecían bastante intrascendentes para los tribunales de distrito y de apelaciones de Washington, D. C. Los materiales se relacionaban con “un tema… sobre el que podría tenerse una legislación”, según las palabras muy generales del precedente de 1927 de la Suprema Corte en el caso McGrain v. Daugherty. En un veredicto posterior de la Suprema Corte también se dictaba que, “en tanto el Congreso actúe en cumplimiento de un poder constitucional, el Poder Judicial carece de autoridad para intervenir con base en los motivos que dieron pie a ese poder”.
Sin embargo, hubo una importante voz disidente en el panel de apelaciones. Esta pertenecía a la jueza de circuito de Estados Unidos, Neomi Rao, una favorita de la Sociedad Federalista de 46 años a quien Trump nombró en marzo, un mes antes de que se emitiera la orden de presentación de documentos. (Su nombramiento, ampliamente cuestionado, fue aprobado por el Senado en una votación de línea partidista al obtener una puntuación de 53 a 46.)
Rao se centró en una cláusula concreta del memorando enviado por el presidente Cummings a su Comité, en el que se establecían las razones para la orden de presentación de documentos. En esta, Cummings admitía específicamente que también quería averiguar “si el presidente pudo haber mostrado una conducta ilegal antes y durante su ocupación del cargo”.
Después, Rao trazó una clara distinción que, si se adopta por la Suprema Corte, establecería un cambio radical con respecto a la práctica existente. “Las acusaciones de conducta legal contra el presidente no pueden ser investigadas por el Congreso, excepto a través de un juicio político”, escribió. Esto es así, insistió, aún si “la investigación también tiene un propósito legislativo”. (Aunque el Congreso inició, meses después, una solicitud formal de juicio político para estudiar temas no relacionados [el “favor” que Trump pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy], es probable que la validez de las órdenes de presentación de documentos que actualmente están ante la Suprema Corte no se vea afectada por este hecho).
El juez David Tatel, nombrado por Clinton y redactor de la decisión de la mayoría, rechazó el razonamiento de Rao: “El desacuerdo no menciona nada en la Constitución o en la jurisprudencia (y no hay nada en ellas) que obligue al Congreso a abandonar su función legislativa a la primera señal de posible ilegalidad y a limitarse exclusivamente al proceso de juicio político”.
El enfoque de Rao, protestó, “debilitaría la rama legislativa”, obligando al Congreso “a iniciar el grave y oneroso proceso de juicio político o a renunciar a cualquier investigación en apoyo de una posible legislación”. Su interpretación obligaría a las investigaciones legislativas a “avanzar cada vez más lentamente para acabar deteniéndose siempre… que se revele un crimen o un delito”.
El segundo caso presentado ante la Corte se relaciona con tres órdenes de presentación de documentos contra Deutsche Bank y Capital One. Dichas órdenes fueron emitidas por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara (que ordenó la comparecencia de ambas instituciones) y el Comité Selecto Permanente sobre Inteligencia de la Cámara (que únicamente ordenó la comparecencia de Deutsche Bank).
La principal diferencia entre este caso y el de Mazars es que los presidentes de los Comités de Finanzas e Inteligencia no admitieron explícitamente que buscaban pruebas de actos criminales. De esta manera, el argumento de Rao, según el cual las órdenes de presentación de documentos podían ser emitidas únicamente como parte de una solicitud de juicio político formalmente convocada, es legalmente improcedente.
Los propósitos declarados de las órdenes de presentación de documentos emitidas contra Deutsche Bank y Capital One fueron más benignos. La presidenta del Comité de Finanzas, Maxine Waters, dijo que investigaba una posible legislación relacionada con “conspiraciones de lavado de dinero”, mientras que el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, afirmó que su panel centraba su investigación en la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses.
Por ejemplo, Schiff quería averiguar “si algún actor extranjero había buscado comprometer o si tiene algún interés, financiero o de otro tipo, en Donald Trump, su familia, sus empresas o sus socios”. (El diario The New York Times informó, como observó Schiff, que, durante las últimas dos décadas, Trump había recibido préstamos por más de 2,000 millones de dólares de Deutsche Bank en un momento en que ningún otro banco le concedía ningún crédito.)
De nueva cuenta, los jueces de los tribunales menores no vieron ningún problema con estas órdenes de presentación de documentos, aunque admitieron que eran bastante generales. Por ejemplo, las emitidas contra Deutsche Bank buscaban “cualquier resumen o análisis de depósitos a cuenta, retiros y transferencias nacionales o internacionales”. Generalmente, las órdenes de presentación de documentos exigían documentos que databan al menos de 2010, y para algunas categorías de documentos no existía ningún límite de tiempo.
Los jueces de los tribunales menores están obligados por los precedentes de la Suprema Corte, mientras que los jueces de esta última no lo están.
De nueva cuenta, una nominada republicana disintió. “Las órdenes de presentación de documentos legislativas son profundamente problemáticas”, escribió la jueza de circuito de Estados Unidos, Debra Ann Livingston, nombrada por George W. Bush. Ella expresó su preocupación de que unas investigaciones del Congreso “mal concebidas” pudieran llevar a una “implacable exposición de la vida privada”, y alimentar la percepción de que los comités legislativos se ocupaban “no de legislar, sino de realizar investigaciones contra la oposición”.
De acuerdo con esto, Livingston habría devuelto el caso a los tribunales menores y habría exigido que los comités mostraran una necesidad mucho más específica para cada categoría de documentos requeridos.
El tercer caso presentado ante la Suprema Corte también tiene distintos aspectos. Se relaciona con una orden de presentación de documentos emitida por un Gran Jurado y no por el Congreso.
Esta orden de presentación de documentos, emitida en agosto pasado y también dirigida a Mazars, se deriva de una investigación penal iniciada por Cyrus Vance Jr., el fiscal del distrito del Condado de Nueva York. Según se informa, la investigación de Vance gira en torno a los pagos “ocultos” hechos en representación de Trump a Daniels y a otra mujer, la exmodelo de Playboy Karen McDougal, que también ha dicho que tuvo una aventura amorosa con Trump. (Trump también ha negado este hecho.)
En su demanda para bloquear la orden de presentación de documentos del Gran Jurado de Vance, Trump afirma que es absolutamente inmune a todas las etapas de los procesos penales mientras esté en el cargo, incluidas las investigaciones previas a una acusación. Durante una presentación verbal ante un tribunal de apelaciones en octubre, el abogado del presidente sorprendió a los observadores al afirmar que si Trump le disparaba a alguien en plena Quinta Avenida mientras estuviera en el cargo, las autoridades locales no tendrían ningún poder para actuar.
Aunque todo el mundo reconoce que Trump probablemente no pueda ser acusado mientras esté en el cargo, su afirmación general de inmunidad previa a una acusación es contraria al precedente de la Suprema Corte, de acuerdo con el fallo unánime redactado en noviembre por el juez principal Robert Katzmann del Segundo Tribunal del Circuito de Apelaciones de Nueva York.
Específicamente, la postura de Trump es contraria al caso más famoso de orden de presentación de documentos en toda la historia. En 1974, la Suprema Corte ordenó unánimemente al entonces presidente Richard Nixon que entregara las cintas de sus grabaciones de la Oficina Oval en respuesta a una orden de presentación de documentos emitida por un Gran Jurado federal, un suceso que lo llevó a renunciar al cargo. En 2000, la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia dijo específicamente que un Gran Jurado podría “reunir pruebas” durante el periodo de gobierno de un presidente, aun cuando no pudiera presentar ninguna acusación en tanto este estuviera en el cargo.
Además, observó Katzmann, la solicitud de las declaraciones de impuestos de Trump por parte del Gran Jurado ni siquiera fue particularmente invasiva. Los seis presidentes anteriores, desde Jimmy Carter, revelaron dichos documentos al público de manera voluntaria, observó en una nota al pie.
Si bien el caso del Gran Jurado podría ser el más simple de los tres que se han presentado ante la Suprema Corte, debido a que tiene las mayores probabilidades de recibir una confirmación de fallo unánime, no proporcionará ninguna información a los votantes. Aún si Mazars entrega las declaraciones de impuestos de Trump a Vance, estas seguirán siendo un secreto del Gran Jurado hasta que se vuelvan objeto de una acusación, lo cual tampoco podrá suceder sino hasta que Trump deje el cargo.
Siendo claros, algunos observadores se mantienen optimistas de que la Suprema Corte siga sus precedentes y haga valer las órdenes de presentación de documentos del Congreso en estos casos. Mantienen la esperanza de que la amargamente dividida Suprema Corte de la actualidad se una para dar otro veredicto trascendental comparable al de Estados Unidos vs. Nixon en 1974, o el de Clinton vs. Jones en 1998, reafirmando unánimemente que nadie está por encima de la ley. (En el caso de Jones, la corte sostuvo que el presidente Bill Clinton no era inmune a las solicitudes civiles de descubrimiento de Paula Jones mientras estuviera en el cargo.)
“El hecho de que, en la política, los papeles podrían invertirse algún día debería proporcionar una base para el consenso en la Corte en apoyo de la Cámara”, afirma Brianne Gorod, asesora principal del progresista Centro de Responsabilidad Constitucional. “Aceptar los argumentos del presidente disminuiría la autoridad de supervisión del Congreso, la cual es muy importante para el sistema de revisiones y balances de nuestra nación, y hará que sea más difícil que el Congreso, como institución, haga su trabajo, sin importar cuál sea el partido político que tenga la mayoría”.
Aun así, los veredictos de los tribunales menores indican que los jueces de distintos partidos ven los casos a través de lentes radicalmente distintos. En cualquier caso, incluso algunos jueces de la facción liberal de la Corte podrían tener preocupaciones con respecto a las amplias e invasivas órdenes de presentación de documentos que algún vengativo presidente republicano del Congreso o un malintencionado fiscal estatal republicano podrían establecer algún día contra algún futuro presidente demócrata.
Parece seguro que, con el tiempo, los miembros de algún Gran Jurado, periodistas, biógrafos e historiadores podrán estudiar minuciosamente los registros financieros de Trump, incluidas sus declaraciones de impuestos. No así los votantes, al menos no antes del 3 de noviembre.
—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
