El presidente de Chile, Sebastian Piñera, removió este lunes a ocho de sus ministros, incluido su cuestionado jefe de gabinete Andrés Chadwick, y nombró al economista liberal Ignacio Briones como ministro de Hacienda, en un intento de hacer frente al estallido social que mantiene el llamado a su renuncia.
En medio de manifestaciones frente al palacio presidencial de La Moneda en el momento en que se realizaban los anuncios, el mandatario derechista confirmó la salida de ocho ministros y ratificó en sus cargos a los otros 16, entre ellos el canciller Teodoro Ribera.
Los nombramientos incluyen a Gonzalo Blumel como nuevo jefe de gabinete, quien ejercía como ministro secretario general de Presidencia -el enlace con el Parlamento- y era uno de los ministros más carismáticos, además de ser el más joven, con 41 años.
En Hacienda estará Briones, exdecano de la escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que a sus 46 años reemplaza a Felipe Larraín, fuertemente cuestionado por su recomendación “a los románticos” de comprar flores al anunciar en septiembre que Chile no había registrado inflación, y que incluso el valor de las flores había bajado.
La exintendenta de Santiago, la médica Karla Rubilar, con una alabada participación en las últimas protestas ciudadanas, asumió como vocera del Ejecutivo, en reemplazo de Cecilia Pérez, quien pasó a la cartera de Deportes.
El exlíder del movimiento estudiantil “pingüino de 2006”, Julio Isamit, asumió como nuevo ministro de Bienes Nacionales, mientras que la exsubcretaria de Previsión Social María José Zaldívar toma las riendas en la cartera del Trabajo.
El exsubsecretario de obras públicas Lucas Palacio asumió la cartera de Economía, en reemplazo de Andrés Fontaine, criticado por pedir a la población “levantarse más temprano” para enfrentar al alza en la tarifa del metro en la horas de mayor flujo de pasajeros. Esta alza en la red de transporte público más utilizada por los santiaguinos detonó las protestas sociales que hoy mantienen en jaque al gobierno de Piñera, a 20 meses de haber asumido su segundo mandato.
El exministro de Bienes Nacionales Felipe Ward asume como ministro secretario de la Presidencia.
Miles de personas marcharon este domingo rumbo a la sede del Congreso nacional en Valparaíso siguiendo la concentración que reunió a más de un millón de personas en la capital chilena el viernes.
Varias columnas de manifestantes coparon la avenida España, la costanera que une las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, portando banderas chilenas y exigiendo cambios profundos del modelo económico chileno.
“La fortaleza del movimiento social que se tomó las calles ha sido su transversalidad y carácter pacífico y constructivo. ¡Nuestro llamado es que en Valparaíso siga siendo así! Hoy más que nunca ante el fracaso de estrategia de seguridad del gobierno que no evita saqueos e incendios”, dijo Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso.
En la marcha participaron unas 100,000 personas y concluyó con enfrentamientos aislados entre manifestantes y la Policía, informó Sharp.
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Las protestas se reprodujeron en Rancagua, Concepción y Talca, ciudades del sur del país donde cientos de manifestantes también se enfrentaron con uniformados ya entrada la noche.
Mientras, en Santiago, en el frontis de la casa de gobierno, un millar de ciclistas se congregó para gritar a coro: “Piñera, escucha: ándate a la ‘chucha’ (vete al diablo)”, y también fueron dispersados por la Policía con carros lanza-agua y gases lacrimógenos.
Y en el parque O’Higgins de Santiago, unas 15,000 personas –según la Policía– se congregaron sin que se registraran incidentes en un acto cultural, denominado “El derecho de vivir en paz”, en alusión a una célebre canción de Víctor Jara, el folklorista asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se ha vuelto a escuchar con fuerza durante las masivas manifestaciones de la última semana.
En redes sociales ya se convocaron a dos nuevas manifestaciones para el lunes y martes frente a la casa de gobierno.
Las protestas se saldan hasta ahora con 20 muertos, cinco de ellos responsabilidad de agentes del Estado, en momentos en que crecen las denuncias sobre abusos contra los manifestantes y se esperan misiones de verificación de la oficina de derechos humanos de ONU y de Amnistía Internacional.
