Por segunda ocasión ciudadanos interpusieron una denuncia contra quien resulte responsable del delito de desaparición y alteración de pruebas al momento de cremar los cuerpos de la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, así como los tres tripulantes más, a las pocas horas de haber ocurrido el percance aéreo en el que perdieron la vida el pasado 24 de diciembre de 2018.
En la Fiscalía General del Estado la mañana de este martes Carlos Meza Gutierrez, Germán Benítez Márquez y José Guillermo Medina Álvarez, representados legalmente por Atilio Alberto Peralta Merino, en una narrativa de hechos señalaron la posible configuración del delito que afectan la procuración de justicia por la autorización de la incineración de los cuerpos de las cinco personas que viajaban en el helicóptero, cuando apenas habían pasados unas horas de la caída del helicóptero, cuyas causas hasta ahora son desconocidas.
Peralta enmarcó el señalamiento en el Artículo 421 fracción XXXIV del Código Penal del Estado de Puebla, que se refiere a delitos que afectan la procuración y administración de la justicia al “alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito”.
El abogado ha argumentado nuevamente que con la autorización de la cremación de los cuerpos desaparecieron pruebas y datos claves en la investigación que a la fecha permanece abierta sobre las causas del accidente.
Esta nueva denuncia se realizó luego que el proceso 29-2019/FECC fuera desechada por causas administrativas y en la que señalaron la imposibilidad de que las necropsias se hubieran realizado a las 5 víctimas del percance aéreo en menos de 11 horas o que se hicieran sin el rigor necesario.
Y es que se ha documentado que tras la caída del helicóptero Agusta A109, matrícula XABON en el viajaba la pareja junto con 3 personas, los cuerpos de las víctimas llegaron al Servicio Médico Forense (Semefo) a las 22:00 horas del 24 de diciembre donde permanecieron hasta las 9:00 de la mañana del día 25, para luego ser trasladados a la Funeraria “Valle de los Ángeles” y para las 13:00 horas se inició el procedimiento de cremación.
En entrevista, el abogado Alberto Peralta asentó como un despropósito esta “desaparición de pruebas” cuando iniciaba la indagatoria penal que tiene la obligación de desentrañar si el hecho es delictivo, “sin necropsia no se conocen las causas de muerte y por ende no puede esclarecerse autoría ninguna”.
Explicó que en caso de que los peritajes de aeronaútica civil no arrojen alguna falla en el aeronave desplomada el pasado día de Nochebuena en el cerro del Chacoaco en Coronango, tal y como hasta la fecha ha sido el resultado, y al no haberse resguardado los restos mortales como evidencia, y sin la debida necropsia la autoridad ministerial, básicamente se carece de elementos para fincar responsabilidades.
Esta segunda denuncia se realiza luego de que Jesús Rodríguez Almeida, quien fue secretario General de Gobierno y posteriormente gobernador interino, admitió que él intentó que se dispensaran las necropsias a los cuerpos de Alonso Hidalgo y Moreno Valle Rosas.
A la fecha aún no se ha podido aclarar por qué se permitió que se cremaran los cuerpos de Moreno Valle y Alonso Hidalgo, antes de cumplirse las primeras 24 horas luego del percance. Al respecto el propio Rodríguez Almeida también ha reconocido que él fue quien sugirió a los familiares que se incineraran los restos de los políticos panistas.
Con información de Diario Puntual
