Mientras Donald Trump agudiza su ofensiva contra las personas migrantes, varios grupos en Estados Unidos le hacen frente con acciones e iniciativas para proteger a quienes toman la decisión de abandonar su país en busca del sueño americano.
CUANDO A JUANA la detuvieron después de ingresar en territorio estadounidense, lo que más le dolió fue separarse de su hija. Ya había tomado la decisión de dejar Guatemala a causa de la pobreza y la delincuencia; juntas cruzaron México por vía terrestre sin ser detenidas por autoridades migratorias o grupos criminales, e incluso saltaron la valla fronteriza que divide a ambos países… pero lo más difícil fue que le quitaran a su hija.
Juana pide ser identificada así por temor a represalias, pues su proceso de asilo continúa. Cuenta que las trasladaron a un centro de detención donde les quitaron sus pertenencias en Yuma, Arizona, y que se quedó con la imagen de su hija, quien vestía solamente una playera sin mangas en el frío lugar.
“Nosotras nunca nos habíamos separado. Desde que ella tiene uso de razón, nunca nos habíamos separado”, recuerda la mujer.
Ambas salieron de Guatemala el 26 de mayo de 2018, durante el trayecto se unieron a un grupo de personas, y cuando llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos, el 1 de junio, tuvieron que vivir la política de “cero tolerancia” a la inmigración adoptado en abril del año pasado para disuadir a las personas migrantes.
Esta medida llevó a la separación de familias: los adultos como Juana eran procesados por ingresar ilegalmente en el país, entonces les impedían que sus hijos los acompañaran y, en cambio, debían ser trasladados a otros centros que, en ocasiones, estaban ubicados a cientos de kilómetros de distancia de sus familiares.
Aunque las críticas llevaron al gobierno de Trump a cancelar esta política, al menos 2,300 niños fueron separados de sus padres.
Juana fue llevada al centro de detención de migrantes, en Arizona, donde había otras madres separadas de sus hijos. Recuerda que pasó frío y que “no había ni dónde pararse o dónde acostarse; solo una cobija térmica, pero sin colchón”. Mas también estaban los malos tratos de las autoridades fronterizas: comentarios racistas y xenófobos, poca información sobre su hija e intentos de que firmara su deportación.
Pese a todo, un juez consideró que sus razones para dejar Guatemala y pedir asilo en Estados Unidos eran creíbles, pero le impuso una fianza de 15,000 dólares (alrededor de 285,000 pesos mexicanos) para poder continuar con su proceso, un monto con el que no contaba y que un familiar que vivía en Estados Unidos no podía pagar porque su situación migratoria era irregular.
Entonces conoció a Immigrant Families Together, una organización que surgió por la indignación de un grupo de personas, principalmente estadounidenses, ante la política de separación de familias, específicamente por el caso de Yeni González, una mujer migrante guatemalteca a quien ayudaron a reunirse con sus hijos pagándole la fianza de 7,500 dólares, que obtuvieron de donaciones a través de GoFundMe.
Yeni, explica Juana, fue quien turnó su situación a Immigrant Families Together, lo que condujo a que se le abriera una campaña de financiamiento que también cumplió su meta y pudieron pagar la fianza para dejar el Centro de Detención Eloy en Arizona. Sin embargo, para llegar a Nueva York, donde se encontraba ya su hija junto con su familiar, faltaban unos 3,700 kilómetros.
Ella no podía abordar transportes públicos debido a su situación irregular y por no contar con identificaciones, así que voluntarios a lo largo del territorio estadounidense decidieron organizarse para cruzar el país poco a poco durante cinco días.
“Fue un viaje bastante largo, pero fue muy bonito para mí porque conocí a tantas personas… y venía yo temerosa porque no sabía qué tipos de personas me estaba encontrando, no sabía si me estaban ayudando en verdad”, comenta.
Para Julie Schwietert, cofundadora de Immigrant Families Together, se trata de una iniciativa concreta “que podíamos hacer entre todos los amigos que estábamos enojados: recolectar dinero como colectivo, pagar fianzas y reunir a las familias”.
Además, “se crea una comunidad de apoyo a través de su proceso de asilo porque vivir en Estados Unidos cuesta mucho dinero y, cuando uno no tiene un permiso para trabajar, depende completamente del sistema. Nosotros podemos prestar un apoyo continuo tanto monetario como emocional”.
Las fianzas de las personas, explica Julie, varían entre 1,500 y 30,000 dólares, pero la mayoría de ellas son de alrededor de 10,000 dólares (unos 190,000 pesos mexicanos).
“Si bien no pudimos derribar esta política [de cero tolerancia], hemos podido sacar a las personas, una por una, y empezar sus procesos”.
Hasta el momento, ellos han recaudado más de un millón de dólares de cientos de donadores, entre los que se encuentran grandes personalidades como J. K. Rowling —a través de la organización Lumos—, la comediante Amy Schumer y la actriz Marti Noxon.
“Fue un trabajo en equipo de muchas personas colaborando con esta idea, si bien no pudimos derribar esta política hemos podido sacar a las personas, una por una, y empezar sus procesos”, comenta.
Sin embargo, Julie tiene claro que la situación es cada vez más complicada para las personas migrantes y aún más recientemente debido a las presiones del presidente Donald Trump al gobierno de México para frenar el flujo.
“Esto no se va a solucionar entre gobiernos, al menos mientras Trump mantenga su poder. Son las acciones de los ciudadanos las que están haciendo una diferencia, aunque sea pequeña”, concluye.
En Matamoros, Tamaulipas, un grupo de voluntarios entrega comidas y algunos suministros para personas migrantes que esperan iniciar su proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. Lo mismo han hecho diariamente durante un año: preparar alimentos en Brownsville, cruzar la frontera entre Estados Unidos y México y entregarlas a las 150 personas que normalmente hay en la plaza ubicada a unos metros del Puente Internacional.
Son parte de la organización sin fines de lucro Team Brownsville, fundada por estadounidenses que decidieron hacer frente a las políticas antiinmigrantes de Trump ayudando a los migrantes que se refugian en México.
“Nuestra misión es humanitaria. No nos encargamos de leyes, no podemos responder las preguntas de qué pasará cuando crucen. Nosotros vamos a alimentar personas, a darles algo de tomar, en dónde acostarse, algunos juguetes para los menores. Lo hacemos para que no sea tan horrible”, comenta Andrea Rudnik, una de las cofundadoras.
Desde el año pasado, los migrantes deben registrar su nombre en una lista y esperar a que los agentes fronterizos digan su nombre, explica Rudnik. A veces hay hasta 200 personas apuntadas, por lo que deben esperar unos dos meses.
“Es una cosa horrible. La mayoría ya habían esperado dos o tres meses en Tapachula, después cruzan México, llegan al puente y se encuentran con la noticia de que deben esperar más tiempo”, señala. Además, esperan en la calurosa plaza, durmiendo en el piso, sin agua corriente ni baños.
“No quieren dejar el área del puente porque temen que su nombre se diga, que ellos no estén presentes y los pasen. Aunque no esté cerca su número, no les importa, no quieren dejar el lugar”, detalla.
Que los migrantes esperen en México su proceso de asilo, como lo marca la política Remain in Mexico del gobierno estadounidense, puede exponerlos a un peligro extremo, señaló en julio Médicos Sin Fronteras al emitir una alerta sobre la situación en la ciudad de Nuevo Laredo, también en Tamaulipas.
La organización internacional afirma que los solicitantes de asilo que se encuentran ahí “están constantemente expuestos a robos, asaltos, extorsiones, secuestros y homicidios. “Esta política está colocando a las personas vulnerables en áreas controladas por organizaciones criminales, que ven a los migrantes como un producto y una fuente de ingresos”, dijo María Hernández, de MSF México.
Sin embargo, el panorama no es alentador debido al rechazo de Trump. El 30 de mayo, previo a al arranque de su campaña por un segundo periodo como presidente de Estados Unidos, el mandatario amenazó con imponer aranceles progresivos de 5 por ciento a 25 por ciento de todos los productos de México, su principal socio comercial, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ponía en marcha medidas para frenar la migración.
Después una semana de negociaciones en Washington, las delegaciones de países alcanzaron un acuerdo, derivado del cual México anunció el despliegue de 6,000 integrantes de la recién formada Guardia Nacional en la frontera sur y otros 3,000 en la frontera norte, mientras que confirmó que admitiría a personas que solicitan asilo en el país, aunque insistió en que esto no lo convierte en tercer país seguro.
La administración de Trump ha reconocido las tareas de México y el canciller Marcelo Ebrard informó que hubo una reducción en el flujo migratorio en la frontera sur de 36.2 por ciento del 7 de junio al 13 de julio, al pasar de 3,880 migrantes por día a 2,652.
Según el gobierno estadounidense, en junio 104,000 migrantes fueron detenidos tras cruzar la frontera sur de forma ilegal, una cifra que es 142 por ciento superior a la registrada el mismo mes del año anterior, aunque bajó si se compara con los 144,000 registrados en mayo.
Sin embargo, la embestida del gobierno estadounidense no fue satisfecha y el 15 de julio publicó una nueva normativa que prohíbe a las personas migrantes que cruzan por México u otro país que pidan asilo antes de llegar a Estados Unidos, a menos de que hayan recibido una negativa en este país.
La organización Team Brownsville, dice su cofundadora, ha presenciado el cambio en las políticas de ambos gobiernos, pues ahora hay más militares mexicanos en la zona, que están acompañados por una camioneta.
Además, “vimos a las primeras personas enviadas de regreso. Cruzaron el puente, se presentaron, hicieron el proceso y en dos días estaban en México otra vez. Ahora no solo tenemos a la gente que va al norte esperando a su solicitud, sino también a los que regresan a México”, explica.
Rednick afirma, sin embargo, que el apoyo es cada vez más grande, y que el caso de Óscar Martínez, de 25 años, y su pequeña hija Angie Valeria, de menos de dos años, que perecieron ahogados en su intento por cruzar el río Bravo, hizo que creciera el interés de las personas por apoyar.
Un informe del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre los riesgos del hacinamiento luego de haber visitado cinco centros de detención de migrantes en Texas.
“Estamos preocupados por el hacinamiento y la detención prolongada, que representan un riesgo inmediato para la salud y la seguridad de los agentes y oficiales del DHS, así como de los detenidos”, detalla el documento.
Según el reporte, los migrantes no tenían acceso a duchas, comidas calientes, cambios de ropa o acceso a una lavadora, todos estaban en celdas abarrotadas o en habitaciones separadas por una malla de alambre.
Además, había niños de menos de siete años no acompañados que llevaban más de dos semanas esperando su traslado cuando normalmente deben ser entregados a sus familias o atendidos por agencias gubernamentales en un plazo de 72 horas.
La Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) compartió a finales de mayo dibujos realizados por tres menores de 10 y 11 años que estuvieron detenidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza. Para los menores, estar ahí es entre rejas, vigilados por policías armados y con baños dentro de las celdas.
Estos dibujos exhiben algunas de las condiciones a las que están expuestos los niños, explica la doctora Julie Linton, perteneciente a la AAP. “Jaulas que se extienden desde el suelo hasta el techo, luces encendidas las 24 horas del día, insuficiente comida y agua, condiciones que tienen graves efectos en la salud física y mental de los niños”, señala.
Tales tratos, explica, pueden causar en los niños dolores de cabeza, de estómago, riesgo de infecciones, débil sistema inmunológico y pueden tener efectos en el desarrollo y memoria, además de cambios en el apetito, sueño, problemas para defecar, temores, ansiedad y depresión.
Los agentes fronterizos, dice Linton, están enfocados en proteger la frontera, “no en cuidar a niños”.
Pero no solo son malas condiciones. Según una investigación de ProPublica, agentes de la Patrulla Fronteriza mantenían un grupo secreto en Facebook donde se burlaban e insultaban a las personas migrantes, así como a legisladores opuestos a las políticas de Trump contra la inmigración.
La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha calificado a los centros de detención de “campos de concentración” y dijo que se trataba de una práctica institucionalizada en el país. “Un gobierno que crea campos de concentración es fascista”, añadió en una transmisión en vivo vía Instagram.
Aunque algunos republicanos consideraron que su comparación había sido hecha a la ligera y representaba una falta de respeto para las víctimas del Holocausto, el rechazo a las condiciones en las que viven los migrantes llevó a la conformación de “Never Again Action”, una serie de movilizaciones de grupos judíos en estas instalaciones.
Según su página de internet, se trata de “un movimiento masivo que llama a los judíos a cerrar el ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos] y responsabilizar al establishment político de permitir tanto la maquinaria de deportación que ha separado a las familias inmigrantes en Estados Unidos durante décadas como la actual crisis en la frontera”.
“Nos enseñaron a nunca permitir que algo como el Holocausto vuelva a ocurrir. Sabemos por nuestra propia historia lo que sucede cuando un gobierno apunta, deshumaniza y despoja a todo un grupo de personas de todos sus derechos civiles y humanos”, señala.
El gobierno de Estados Unidos determinó a mediados de julio que solo procesará casos de personas que demuestren que solicitaron asilo en al menos un país y su petición haya sido negada en última instancia; quienes entren en la definición de “víctimas de una forma grave de tráfico de personas”; y quienes hayan llegado por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.
Ante ello, distintas organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y el Center for Constitutional Rights, así como RAICES y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Área de la Capital decidieron emprender acciones legales para bloquear la restricción.
El juez Jon Tigar, basado en San Francisco, ordenó al gobierno suspender el uso de este reglamento. “Bajo nuestras leyes, la capacidad de determinar qué grupo de solicitantes puede ser excluido de la elegibilidad de asilo recae en el Congreso”, indicó el fallo, que ordena al gobierno volver a la normativa anterior vigente.
Un poco antes otro juez federal de Washington, D. C. había negado un recurso similar, pero el fallo de Tigar bloquea la aplicación de la norma hasta que el caso concluya.
“La Corte decidió correctamente que décadas de leyes de asilo en Estados Unidos impiden a esta administración negar protecciones al por mayor a través de una arbitraria y apresurada regulación”, dijo según la AFP Baher Azmy, director legal del Center for Constitutional Rights.
El fallo “también salvará a refugiados vulnerables que huyen para salvar sus vidas”, añadió.
Sin embargo, Trump obtuvo una victoria a finales de julio, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos le autorizó utilizar miles de millones de dólares de fondos del Departamento de Defensa para construir el muro en la frontera con México, debido a una “emergencia nacional”.
Con esto Trump logró eludir al Congreso y obtener los fondos para su proyecto de muro, después de que una disputa con el Partido Demócrata, mayoritario en la Cámara Baja, provocara el cierre de la Administración por 35 días, el más largo de la historia de Estados Unidos.
Así como Juana, la mujer de Guatemala, y su hija ya están reunidas en Nueva York con su familiar, las acciones de las organizaciones civiles y los movimientos sociales para reunir a los infantes aún separados de sus figuras parentales continúan sin cesar.
