En mayo de 2009 Miguel Ángel Beltrán Villegas, un académico colombiano viajó a México en busca de asilo y una visa para estudiar en la UNAM; sin embargo, fue detenido, acusado de terrorismo, y devuelto a su país por agentes migratorios mexicanos, quienes violaron sus derechos al hacerlo firmar documentos con información falsa.
Beltrán Villegas, crítico con el gobierno de Álvaro Uribe, llegó a México para solicitar asilo, debido a que él y su familia habían sido acosados y amenazados por las autoridades de su país, y porque cursaría sus estudios posdoctorales en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
Cuando acudió ante el Instituto Nacional de Migración para obtener su visa de estudiante, las autoridades mexicanas le dijeron que para darle el documento debía firmar una resolución que, de acuerdo con el catedrático “contenía datos falsos”.
Al percatarse de inconsistencias en el documento, Miguel Ángel le notificó de los errores al personal de migración, quienes le dijeron que no había problema y que era solo una formalidad, por lo que finalmente accedió a firmar los papeles. Sin embargo, era falso: inmediatamente después lo esposaron, le pusieron una chamarra en la cabeza para impedirle ver y se lo llevaron.
En diversas ocasiones el detenido explicó a las autoridades mexicanas que no podía volver a Colombia por el riesgo en el que se encontraban él y su familia y solicitó asilo “a gritos”, pero no funcionó. Tras cinco horas de no saber a dónde lo llevaban se percató que se encontraba de nueva cuenta en su país, esta vez acusado de ser terrorista e integrante de las FARC.
En su país, Miguel Ángel Beltrán fue encarcelado y absuelto en dos ocasiones, hasta que finalmente la Corte Suprema colombiana determinó que no existían pruebas de que formara parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que pudo volver a México.
Las pruebas que las autoridades presentaron en su contra eran correos electrónicos e información relacionada con las FARC, misma que se encontraba en posesión del investigador debido a que sus proyectos académicos eran sobre la situación del conflicto en Colombia.
En 2018, el gobierno mexicano recibió solicitud de asilo de 29 mil 647 personas, y de enero a mayo de 2019 se recibieron 24 mil 424 peticiones, aunque las autoridades prevén que para final de año sean más de 80 mil.
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), los países de donde proviene la mayoría de los solicitantes son Honduras, El Salvador, Venezuela, Guatemala y Nicaragua.
Inmediatamente después de que Miguel Ángel fuera detenido, Nelsa, su esposa, acudió con la organización Sin Fronteras IAP para que apoyaran a su marido, por lo que se promovieron distintas acciones legales, entre ellas para que las autoridades mexicanas reconocieran que existieron violaciones a los derechos humanos del académico.
En conferencia de prensa, Sin Fronteras IAP informó que el 14 de febrero de 2019 la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que el Instituto Nacional de Migración (INM) violó el derecho a la libertad, al debido proceso, el derecho de asilo y los principios de presunción de inocencia y de no devolución de Beltrán.
El fallo de las autoridades mexicanas impuso al INM el pago de una multa como reparación del daño que sufrió Miguel Ángel; sin embargo, el académico señala que para él el dinero no es relevante y exige que se le reconozca formalmente como víctima, que se castigue a los funcionarios responsables de lo ocurrido, que se brinde una garantía de no repetición y que se dé una disculpa pública.
Para la directora de Sin Fronteras IAP, Ana Saiz, la decisión del tribunal “refleja solo un paso del Estado mexicano en materia de responsabilidad ante la violación manifiesta de los derechos humanos de las personas extranjeras.
Actualmente el caso de Miguel Ángel se encuentra en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo que espera que tanto en México como en Colombia los responsables de lo sucedido sean investigados y sancionados.
Mientras tanto, el académico recuperará sus estudios posdoctorales e investigaciones en la UNAM.
