*Tiene la delegación 72 horas para realizar todos los pagos

Una multa de 10 mil pesos por desacato en el pago de las estancias amparadas, un plazo de 72 horas para liquidar el adeudo y restituir el programa de estancias infantiles bajo las reglas de 2018 es la sentencia que el juez de Distrito le dio al titular de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, bajo pena de separarlo del cargo si no cumple antes del 29 de abril.
Lo anterior lo dio a conocer el Lic. Carlos Joel Vargas Reyes, abogado representante de las 176 estancias infantiles amparadas en Chihuahua, quien explicó que como resultado de los amparos presentados por las dueñas de las casas de cuidado, con el respaldo de padres y madres beneficiarios del programa, en abril pasado la Secretaría de Bienestar a través de su delegación en Chihuahua debió restituir las reglas de operación del programa, lo que incluía el pago de las becas infantiles de los meses correspondientes a enero, febrero y marzo de 2019.
Pese a la notificación emitida por el juzgado de distrito, la delegación hizo caso omiso, lo que le valió una multa de 10 mil pesos por desacato, “luego que se interpuso el recurso de demanda por desacato, la delegación contestó que ya están solicitando el recurso y pagó de manera parcial a 3 estancias; les vuelven a dar un plazo hoy (22 de abril) de 72 horas para que cumplan de manera completa y una audiencia el 29 abril, si para entonces no se ha cumplido, tendría que haber una separación del cargo del delegado, y consignado a la PGR, pero antes de eso va a tener varias oportunidades de cumplir”.
Mientras eso ocurre en el estado, a nivel nacional, la Secretaría de Bienestar solicitó a la Suprema Corte de Justicia resuelva de manera uniforme los amparos recibidos por las estancias.
“Hay dos tipos de amparo, los que han presentado en otros estados y donde les han dado la razón a la Secretaría de Bienestar y, el caso de Chihuahua no solo las titulares de las estancias lo interpusieron, también padres y madres de familia; por eso el Gobierno Federal pide que la Corte intervenga para que ellos determinen cuales son los lineamientos que se van a seguir de la fecha que resuelva en adelante, pero los amparos que ya están ganados así se quedan”.
La diferencia de la integración de los expedientes realizados en Chihuahua con los de otras entidades, radica en que, además de sumar a padres de familia a la petición de las encargadas de las estancias, se basaron en una modificación de la Ley General de Desarrollo Social que se realizó durante la presidencia de Felipe Calderón y en la cual, se incluyó en uno de sus artículos, tratados internacionales sobre los derechos de la niñez donde establece que los programas públicos de desarrollo social en donde están involucrados los derechos de los menores, siempre tendría que ser preferentes a los demás. Asimismo, establece que no se puede reducir presupuesto en programas que beneficien a niños.
“Durante el gobierno de Peña Nieto esta ley se volvió letra muerta, pero se hizo más patente en este gobierno cuando bajaron el presupuesto de 4 mil millones de pesos a 2 mil millones y ese fue el primer foco rojo, luego pasaron a desaparecer el programa bajo el argumento de que el apoyo sería directo a padres y madres, pero el presupuesto esta etiquetado”, explicó el abogado.
Agregó que el apoyo directo a padres y madres no tiene ningún candado que garantice que el recurso se usará en beneficio de sus hijos. “Es una idea muy bonita pensar que se va a usar así, pero no garantiza que así sea, de hecho el espíritu de esta ley es que el interés superior del menor sea reflejado en la política pública, que el estado establezca todos los mecanismos para que la niñez sea cuidada en primer lugar, primero que las carreteras, que la infraestructura, que el combate al narco porque es pilar de todo esto y lo dice la ley, los tratados internacionales, ésa fue la base para que se reestablezcan los derechos de las estancias”.
El amparo ganado significa que el Gobierno debe seguir aplicando las reglas de operación del programa conforme a lo establecido en 2018, en lo que se diseñan las nuevas reglas de operación del programa; las estancias entonces, tienen el derecho a recibir el pago de las becas de sus alumnos y la obligación de seguir funcionando bajo la supervisión de la Secretaría de Bienestar y ahora bajo el aval de un juez de Distrito para evitar que se inventen reglas o mecanismos que impidan el trabajo de las cuidadoras.