
Tras la declaratoria de alerta de género en 50 municipios de Puebla, la Universidad Iberoamericana y organizaciones civiles, exigieron al gobierno del estado implementar un mecanismo efectivo institucional en el que participen agrupaciones de la sociedad y personas expertas en investigación criminal, feminicidio y desaparición.
De acuerdo con la institución educativa de 2015 a la fecha, se han registrado más de 300 feminicidios en la entidad y las autoridades judiciales solo han emitido 20 sentencias condenatorias.
Expuso que con la declaratoria antes mencionada, “se desmantela la discrecionalidad que operaba frente a la acumulación de recomendaciones y medidas parcialmente cumplidas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de la comisión de delitos conexos con los feminicidios, como las desapariciones y la violencia sexual que, diversas organizaciones y organismos peticionarios habían referido en su momento”.
Por ello, exigió el cumplimiento de los siguientes puntos:
Además de la Ibero, los organismos que exigen tales estrategias son: la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos; Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social; el Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana; el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ; Justicia Pro Persona; LADO B; Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos y Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.