#MiPrimerAcoso, #SiMeMatan y el #MeTooMx, entre otros movimientos de las redes sociales, han evidenciado que en México el acoso y abuso sexual, la misoginia y el sexismo, forman parte de la vida cotidiana de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Y que ya no callarán más.
KAREN hizo todo lo que pudo para que las autoridades llevaran adelante su denuncia de violencia sexual.
Un sábado por la noche, hace dos meses, su amigo abusó de ella. El lunes siguiente acudió al Instituto de la Mujer de Torreón, en Coahuila. Ahí le dieron opciones de lo que podía hacer, pero nunca se ofrecieron a llevarla a denunciar en el momento.
Esa misma semana, al sentirse tan afectada, regresó al instituto para preguntar cómo denunciar. Fue entonces que la llevaron al Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde hay un MP. A tres distintas personas les tuvo que contar lo que vivió, pero ninguna levantó un acta. Solo le hacían comentarios: que lo que había vivido quizás era abuso sexual, que tal vez ameritaba cárcel y que si en verdad quería eso para su amigo.
Pasaron diez días para que le hicieran el peritaje médico, luego vino otro en su casa y, al final, el psicológico. La joven tenía guardado el short que usó la noche que su victimario la agredió, pero le dijeron que no tenía caso analizarlo; que la prueba más contundente sería el peritaje psicológico.
Al final resolvieron que no procedía la acusación de violación. Determinaron que su himen no tenía daño.
El código penal de Coahuila determina que si no hay cópula (penetración con el pene) no hay delito de violación, y que para considerarlo un abuso sexual, debe haber evidencia de “violencia física, psicológica o moral suficiente”.
El peritaje psicológico determinó que en el caso de Karen sí había afectaciones, pero no graves. Argumentaron que, de seguir adelante con su denuncia, debía percatarse que el delito denunciado no ameritaría cárcel. Que vendría un proceso de conciliación ante un moderador; que su agresor estaría bajo observación, yendo a firmar al juzgado, y que le otorgarían una reparación de daño.
“Me dijeron que violencia moral es si hubo amedrentamiento, o que aplica cuando son menores de 15 años. Yo tengo 27, así que, para la ley, yo no tengo daño moral”, relata con la voz temblorosa.
Y sobre la reparación por el abuso sexual del que fue víctima el peritaje determinó que “doce sesiones era lo que necesitaba para mi proceso y como, en promedio, cuesta 600 pesos la consulta, multiplicando serían 7,200 pesos”. Todavía se atrevieron a decirle que al realizar el peritaje en su casa, se habían percatado de que no tenía necesidad de ese dinero. “Para mí fue una burla”, dice Karen con rabia y dolor, “así que pues claro que no, no me voy a exponer a verle la cara y que, aparte, él, me pague mis terapias”.
¿De qué le sirvió a Karen denunciar?
En México, según cifras oficiales, nueve mujeres son asesinadas a diario y seis de cada diez mujeres han sido víctimas de la violencia alguna vez.
En 2018 se iniciaron 11,593 carpetas de investigación por violación simple, 18,288 por abuso sexual y 2,825 por acoso sexual, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con respecto a las sentencias que se emiten por estos delitos, los últimos datos disponibles en las bases del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son de 2012; muestran que se quedan muy por debajo de los niveles de denuncia: en el fuero común, ese año hubo sentencia condenatoria en 2,714 casos de violación; en 2,501 de abuso sexual, y solo 23 para las vinculadas a acoso sexual.
En los últimos años, la visibilización del acoso sexual ha cobrado una fuerza inusitada en las redes sociales. Los testimonios revelados por miles de mujeres, de distintas edades y ámbitos profesionales, bajo los hashtags de #MiPrimerAcoso, #SiMeMatan y el #MeTooMx, entre otros, han evidenciado que las distintas prácticas del acoso están presentes tanto en el espacio público como en el privado. Las mujeres decidieron romper el silencio.
El resurgimiento del movimiento #Metoo mexicano se viralizó el pasado 22 de marzo cuando la comunicadora política Ana G. González hizo público en su cuenta de Twitter que el escritor Herson Barona había abusado sexualmente y con violencia de más de 10 mujeres. Varias mujeres confirmaron los señalamientos.
Las reacciones en redes sociales fueron en ascenso y se creó el hashtag #MetooEscritoresMexicanos revelando nombres de presuntos agresores en el ámbito literario. En las siguiente horas y días, las denuncias en contra de algunos periodistas, cineastas, publicistas, activistas, académicos, creativos, artistas… fueron aumentando.
Acudir a las redes sociales dado el vacío institucional que existe para atender, canalizar y procesar las distintas violencias que las mujeres viven a diario.
Usar las redes sociales para dejar en claro que ni las denuncias formales prosperan, que el culpable no recibe castigo alguno como lo prueba el hecho de que casi el 95 por ciento de los delitos quedan impunes.
Así lo refirió Lydia Cacho, en una reciente entrevista para W Radio. De acuerdo con la periodista y también defensora de derechos humanos, #Metoo es una expresión cultural internacional sobre cómo ha funcionado el ejercicio del poder en el ámbito público, cuando el machismo le enseñó a los hombres que son dueños del poder económico y del poder laboral, de tomar las decisiones sobre quién y cómo se puede entrar en un trabajo. “Las mujeres hemos pagado la cuota de ser mujeres, al tratar de entrar en el mundo masculino del trabajo”, aseguró.
Y matizó que, si bien no todos los hombres lo hacen, sí hay una gran mayoría de varones que reproduce esta cultura, que la defiende pues forma parte o tienen en sus manos los medios, las empresas, los espacios desde donde se abusa, acosa, hostiga y humilla a las mujeres.
La mayoría de las mujeres se siente insegura y molesta en su lugar de trabajo. Un gran número de quienes son acosadas o han sufrido abusos sexuales no se atreve a denunciar, no por falta de agallas, sino porque saben que las leyes mexicanas les hacen el camino terregoso.
Distintas formas de violencia sexual se encuentran sancionadas no solo por el derecho penal, sino también por el derecho laboral, el derecho civil, el derecho administrativo, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Ley Federal para Prevenir la Discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que, dependiendo del trabajo en el que la persona se encuentre, una misma conducta puede violar distintas leyes, por lo que puede acudir a diferentes instancias para denunciar. Así lo explica Estefanía Vela, abogada y responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La abogada Vela explica que si una mujer es acosada por un servidor público, esto puede constituir, al mismo tiempo, un delito, una falta civil y una causa de responsabilidad administrativa. Se puede acudir al ministerio público, a un tribunal civil o a la contraloría interna de la institución en la que se trabaje. Y las consecuencias en cada instancia son distintas. En la penal, dice, la mayoría de los códigos establecen que el acoso sexual será sancionado con pena de prisión. En la vía civil, con dinero. En la vía administrativa, con amonestación, suspensión o inhabilitación laboral.
Si, por el contrario, se trabaja en una empresa privada, la persona tiene distintas opciones. Puede, para empezar, acudir a su misma empresa. Si no pasa nada y, por el contrario, se “permite o tolera” el acoso, la víctima puede demandar a la empresa laboral o civilmente.
Estefanía Vela explica que el sistema penal pone a la mujer que decide denunciar en una situación complicada, pues su testimonio no tiene valor jurídico: “En el derecho penal, por ejemplo, la presunción de inocencia implica que, si se va a sancionar a alguien por cometer alguno de los delitos señalados en la ley, tiene que comprobarse que, sin lugar a dudas, realizó el acto. Si la víctima ofrece su testimonio, la persona acusada puede ofrecer múltiples elementos probatorios para contradecirlo y así desestimarlo. El proceso está diseñado para que la víctima sea cuestionada”.
Junto a la ola de denuncias en redes sociales contra acosos, abusos e incluso violaciones de escritores, músicos, académicos y otra decena de gremios, usuarios han cuestionado que internet dé cabida a una especie de tribunales virtuales donde se juzgue a hombres, en lugar de investigaciones formales que sigan el debido proceso.
La legislación mexicana da derechos tanto al acusado como a quien acusa, ya que, si bien existe el principio de presunción de inocencia, la Ley General de Víctimas, vigente desde 2013, estableció la presunción de buena fe, es decir, que los servidores públicos iniciarán la investigación a partir de creer que la víctima dice la verdad y no deberán criminalizarla o responsabilizarla por el delito que sufrió.
La abogada especialista en violencia de género Andrea Medina señala que ante la ola de acusaciones públicas, están siendo omisos en sus obligaciones legales, lo mismo empresas que fiscalías, porque conductas como el acoso y el hostigamiento están prohibidos por tres vías.
“Es un delito en materia penal y le toca a la Procuraduría. Pero es también una prohibición tanto de trabajadores como de la patronal en la legislación laboral, por lo tanto, le toca investigarlo al ámbito laboral y las juntas de Conciliación y Arbitraje. Pero, además, es una conducta definida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por lo tanto, es también una conducta prohibida en el ámbito administrativo. ¿Qué es el ámbito administrativo?, pues todo lo que no es penal y laboral: las escuelas, las instancias de gobierno”, puntualiza.
No obstante, la jurista considera que se ha planteado un falso debate sobre si todo debería denunciarse penalmente. Muchas empresas suelen responder ante la denuncia de casos de abuso que si no hay una demanda legal, ellas no pueden investigar, cuando en realidad la víctima tiene derecho a ser protegida por las tres vías y puede acudir a una o a las tres.
Peor aún, advierte Medina, hay situaciones que se han expuesto en redes que podrían ser delitos graves para los cuales no hace falta que la afectada denuncie, como las violaciones o conductas que involucran a menores de edad. “Se está publicando todo esto, hay delitos que se persiguen de oficio, y las autoridades no están haciendo un monitoreo para decir: aquí hay algo que puede ser un delito grave y yo debería investigar”, afirma.
Solo la Fiscalía de Michoacán anunció el 27 de marzo que daría inicio a una carpeta de investigación ante las publicaciones en redes sociales contra periodistas de esa entidad, “las cuales hacen referencia de posibles hechos constitutivos de delitos en agravio de mujeres”. El resto de fiscalías del país ha guardado silencio absoluto ante el #MeToo mexicano.
En las denuncias vertidas en redes sociales bajo distintos hashtags del #MeToo ha habido de todo. Los casos de acoso e incluso abuso sexual han sido constantes. Muchas mujeres que han dado sus testimonios no han querido que se conozca su nombre real por temor a represalias, y esto ha provocado la descalificación de varias personas que cuestionan el anonimato y consideran que la acusación pierde validez.
El repudio por el anonimato cobró fuerza luego de que el músico y escritor Armando Vega Gil se quitara la vida tras ser denunciado en #MeTooMúsicos por un presunto abuso sexual a una mujer que entonces tenía 13 años.
Vega Gil, en una carta de despedida publicada en su cuenta de Twitter, pedía que no se culpara a nadie de su muerte, al tiempo que vinculaba su decisión de suicidarse a la acusación hecha contra su persona que afirmó era falsa.
Ante la gravedad del hecho, y la batalla campal que se armó en la plataforma social, reconocidas feministas se deslindaron del movimiento que venía teniendo un amplio apoyo mayoritario.
La periodista Blanche Petrich, por ejemplo, publicó en su perfil de Facebook que había dejado de creer en el #MeToo porque no se habían usado los suficientes filtros ni mecanismos para contener la difamación y el daño a inocentes. Preguntó: “¿Qué mecanismos de contención se dispusieron para dar cauce a las revelaciones y evitar dañar a inocentes? ¿Se midieron los riesgos de soltar en las benditas (o malditas) redes sociales todos estos demonios bajo el supuesto de tirar el machismo y el abuso contra las mujeres?
“Los latigazos de verdad, y los falsos, hirieron a los acusados, convertidos en villanos y violadores a nivel trending topic. Hubo consecuencias: despidos, heridas incurables, desprestigio, carreras truncadas, familias enteras lastimadas. Solo hubo una rectificación de #MeToo: días después de lastimar el buen nombre de un defensor de derechos humanos, el mecanismo reconoció que la acusación era falsa.
“Ya para entonces veía claras señales de que el ejercicio, que debía traer fuerza, salud y valor a la indispensable causa de asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, se salía de cauce”.
Por su parte, la periodista y escritora Lydia Cacho dijo en la radio que Armando Vega era su amigo y que “llevaba años peleando dentro de sí, a mí me lo expresó varias veces, con una depresión tremenda, estaba harto del país, de las violencias y de su violencia”. Y agregó: “eso es algo que me pasa a mí constantemente, muchos hombres se me acercan a contarme que no saben cómo enfrentarse a su machismo”.
Cacho explicó que periodistas y personas públicas viven denuncias y difamación, las cuales enfrentan por la vía legal y públicamente para que se reafirme su inocencia. Al respecto del suicidio de Vega, explicó: “No era el primero, no era el único, un suicidio como el de Armando, me lo dijeron expertos, es un suicidio muy pensado para que una persona decida cometer un suicidio de esa índole, necesita tener una reflexión de largo aliento sobre la necesidad de acabar con su vida; la vida de Armando vale tanto como cualquier otra persona, una persona que comete un delito, no merece la pena de muerte, las personas que cometen un delito necesitan pagar por ello en el ámbito de la justicia”.
En la cuarta edición de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), se dice que, en el año previo a la encuesta, aproximadamente a 344,000 mujeres (1.7 por ciento), les propusieron o insinuaron tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios en el trabajo. También que aproximadamente 178,000 mujeres (0.9 por ciento) sufrieron represalias en su contra porque se negaron a tener relaciones sexuales en el trabajo. Otra cifra de la misma encuesta muestra que 90,000 (0.5 por ciento) fueron a las mujeres a las que una persona les mostró sus partes íntimas. Hay 289,000 mujeres (1.4 por ciento) a las que han manoseado, tocado, besado o que se les han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento. Por último, la encuesta nos dice que aproximadamente a 78,000 mujeres (0.4 por ciento) trataron de violarlas, y que 24,000 (0.1 por ciento) sufrieron una violación.
Ahora, ¿cuántos de estos casos han terminado en sanciones para los abusadores? Según datos del Inegi, de 1997 a la fecha solamente 44,154 hombres y 334 mujeres han sido condenadas por el delito de violación. Comparemos esta cifra con las 24,000 mujeres que fueron violadas solo en 2016 y nos daremos cuenta de que nuestro sistema penal no está consiguiendo hacer justicia a los miles de mujeres que han sufrido de estos delitos.
En el caso de abuso sexual ocurre lo mismo. Según cifras del Inegi, en esos 16 años en total se ha condenado por abuso sexual a 20,910 hombres y 178 mujeres. Una vez más, los números de las condenas no se acercan siquiera al número de mujeres que han sufrido de acoso sexual en su lugar de trabajo.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el anonimato juega un papel importantísimo en salvaguardar la seguridad de las personas. Además de que empuja a la participación pública y a la generación de debates” que de otra manera no se podrían llevar a cabo. Y es que, si ya te maltrataron, te pegaron, te acosaron o te violaron, dar tu nombre al denunciar te deja vulnerable para recibir otro ataque similar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que “el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y el derecho a la vida privada protege el discurso anónimo de las restricciones gubernamentales”, así las denuncias anónimas funcionan de la misma manera que las firmadas y deberíamos de creerle a la victima que ya está haciendo un enorme esfuerzo emocional al atreverse a denunciar públicamente su agresión.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, organización de origen británico que defiende la libertad de expresión en el mundo, dice que el anonimato está reconocido dentro de la libertad de expresión. Dentro de las recomendaciones clave de la organización a los Estados donde tienen representación es que las plataformas de redes sociales y los portales de noticias no deben exigir registros con nombre real, asegurándose de que el anonimato sea una opción verdadera.
En Artículo 19, asegura Ana Ruelas, parten de la veracidad de la víctima y de que el testimonio es verdad. También se le dará voz a la contraparte y se reconocerá el debido proceso.
El anonimato, comenta, es la posibilidad que tienen las mujeres de expresarse como nunca antes lo hubieran podido hacer. Es importante, enfatiza, que se rompa la barrera del silencio, esto no exime la necesidad de avanzar hacia la presunción de inocencia y el debido proceso, pero no se debe deslegitimar a las mujeres que se han atrevido.
Las violencias, dice, están ahí y “no estamos acostumbrados a escuchar que la violencia existe en todos los espacios porque esto es tan normalizado y tan al mismo tiempo reconocido por todas las personas. No se había discutido y lo que hace el movimiento #Metoo es romper el paradigma de que las violencias están en ciertos sectores poderosos porque están en todos lados”.
Para romper el silencio se requiere el anonimato, insiste, si la mujer se siente segura y reivindicada, adelante, si siente que esto la ayuda para sentirse fuerte y acompañada para luego hacer una denuncia, entonces como sociedad estamos haciendo lo correcto, concluye.
Tenemos la impresión de que el acoso laboral contra las mujeres debe de tener una connotación sexual: comentarios sexuales, albures, manoseos o exhibicionismo. La realidad es que el acoso laboral, como toda violencia de género, tiene que ver con que el comportamiento es producto de la diferencia sexual y del ejercicio de poder que esta implica.
Sofía Mosqueda escribe para Nexos que “esta manera de concebir el acoso permite incluir y entender cualquier conducta que demerite a las personas en su ambiente laboral por su sexo o su género. Podemos entonces entender que el acoso es un problema institucional y estructural, y que tanto este como la discriminación son producto menos de un deseo sexual y más de la necesidad de reiterar la identidad y el estatus del espacio de trabajo, tradicionalmente masculino”.
Cuando vemos el acoso solo como un tema sexual, dejamos de lado muchas prácticas de sexismo no sexuales, como paternalismos, ridiculizaciones, exclusión, bloqueo de información, gritos, faltas de respeto, sabotaje de trabajo y otras formas de agresión y acoso que son producto del género de las personas. Y que causan daños personales muy similares a los ocasionados por el acoso sexual, explica Sofía Mosqueda.
La agencia de noticias CIMAC, al realizar un estudio sobre la situación laboral de las mujeres y hombres periodistas, preguntó lo siguiente a colegas de todo el país: “¿Consideras que el trato que tiene la directiva de tu medio es igual para hombres y mujeres? Si es diferente especifica por qué”.
Algunas de las respuestas de las mujeres periodistas fueron que: Al momento de tomar decisiones, siempre son los jefes (dos hombres) quienes tienen la palabra final. A ellas no las dejan ascender si no son “amables”.
“A las mujeres se nos paga menos. A los hombres los ascienden más y pagan mucho mejor. Discriminan el trabajo y desempeño de las mujeres. Acosan laboralmente a las mujeres. El trato de la empresa es condescendiente con los amigos de los directivos. En algunas asignaciones de riesgo se prefiere enviar a hombres. Hay preferencias y discriminación laboral y acoso laboral. Las direcciones y cargos principales los ocupan en su mayoría los hombres. Mucho machismo dentro del trabajo. Las opiniones de las mujeres no son del todo reconocidas, los hombres pueden salir a emborracharse con el jefe y regresar a la hora que se les dé la gana, comentarios siempre sexistas”.
En la encuesta realizada para el estudio de CIMAC resultó que un tercio (30.6 por ciento) de las trabajadoras encuestadas consideró que no es igualitario el trato, lo que representa el 77.8 por ciento de las mujeres, es decir, las respuestas afirmativas sobre este tipo de discriminación provienen de las periodistas. El 22.0 por ciento de las respuestas son masculinas y en este universo significan 8.7 de cada 100 trabajadores con esa visión de su espacio laboral. Sigue siendo minoritaria la respuesta masculina, pero muy superior a la que se dio en el caso de la discriminación por parte de los directivos de los medios.
De acuerdo con la investigación de CIMAC, cuando se preguntó: “¿Consideras que en tu ambiente de trabajo en los medios de comunicación existen discriminación, obstáculos o desventajas laborales para las mujeres?”, las respuestas afirmativas crecieron considerablemente; fueron 178, 39.9 provienen de los hombres y 60.1 por ciento son de mujeres. Aunque siguen siendo menores las respuestas afirmativas masculinas, es mucho mayor a la respuesta obtenida en la primera pregunta sobre discriminación.
Sobre el tema del hostigamiento y acoso laboral el problema con mayor incidencia (32.3 por ciento) es la desvalorización del trabajo. De acuerdo con CIMAC, tanto la discriminación como el acoso o el hostigamiento provocan una desvalorización del trabajo y en muchos casos de la o el periodista, pero también se acosa o se hostiga con esta actitud agresiva.
“De hecho, uno de los objetivos más claros es ese: desvalorizar el trabajo de las personas frena su desarrollo, pero también sus demandas de mejoría, además de que las vuelve más sumisas. De alguna manera es otra forma de sometimiento en la que el empleador siempre tendrá justificadas sus exigencias y las de la trabajadora o trabajador se debilitan paulatinamente. En segundo término se encuentra la agresión verbal (29.5 por ciento), que por sí misma habla de un ambiente laboral de violencia, pero también de una ausencia de normatividad interna como reglamentos, contratos de trabajo y representación sindical”.
Xóchitl Rodríguez Quintero no solo hizo público en Twitter quién la agredió sexualmente; también reveló que la denuncia que presentó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no ha avanzado, desde hace más de un año. Su testimonio en contra de Miguel Becerril Gómez, editor de video, alcanzó en una semana 2 mil 500 “me gusta” y se ha compartido casi 2 mil veces.
Unas horas después de dar su testimonio, la autoridad la contactó para dar seguimiento a su denuncia. Cuenta que al presentarse en las oficinas centrales de la PGJCDMX, el desaseo fue completo: primero le dijeron que se había perdido su carpeta de investigación, la no. CI/FDS/FDS-1/UI-FDS-1-01/041/01-2018; luego, que la habían confundido con otra carpeta; incluso, cuenta que se atrevieron a decir que la denuncia había sido desechada ya que no se había comprobado daño psicológico.
Xóchitl narra que el abuso sexual a manos de su agresor ocurrió el 31 de diciembre de 2016. Al principio pensó que podría ignorarlo. Intentó olvidar la agresión perpetrada por uno de sus mejores amigos. Pero empezó a dejar de comer, tenía sueño recurrente, al punto que se vio imposibilitad de trabajar; constantemente pensaba en que quería morirse. Sumida en completa depresión pudo aún ver que el abuso del que había sido víctima la estaba destruyendo.
Acudió a un especialista. Le indicaron medicamentos psiquiátricos; luego vino la terapia psicológica. Fue así que más respuesta, después de siete meses, estuvo en condición de buscar ayuda legal.
Por errores burocráticos de la autoridad, su investigación inició dos meses más tarde. La persona a la que denuncia ha interpuesto hasta el momento dos amparos.
La joven de 25 años calcula que, hasta el momento, lleva gastados casi 100 mil pesos entre los gastos de tratamiento médico, psicológico y los honorarios de su abogada. Todo a sabiendas de que este delito, como está tipificado en la ley, de avanzar solo procederá un proceso de conciliación y reparación del daño. Xóchitl sigue adelante con su caso.
De los casos que hay información más sistematizada es de los de trabajadores de medios de comunicación, ya que han sido administrados por un colectivo de mujeres nacido meses antes: Periodistas Unidas Mexicana (PUM). Además de analizar la verosimilitud de las denuncias antes de publicarlas (razón por la que han descartado 70 de 312 mensajes), y aclarar que son confidenciales, pero no anónimas, ha podido documentar que al menos el 14 por ciento de mujeres buscó antes las vías institucionales, sin tener resultados.
De los 242 señalamientos que había publicado hasta el 1 de abril, 16 fueron llevadas en su momento ante un jefe o directivo de la empresa, y cinco presentados en el área de Recursos Humanos. Los superiores jerárquicos minimizaron siempre las quejas e incluso pidieron no llevarlas más allá; mientras que de las que llegaron a RRHH, algunas fueron atendidas sin un protocolo, por lo que hubo revictimización, y en ningún caso hubo acciones contra el acosador ni medidas de protección a la denunciante.
En otros cinco casos, por tratarse de agresiones ocurridas en escuelas de periodismo, las jóvenes acudieron ante los directivos, pero la respuesta fue que no se podía hacer nada, o simplemente no hubo consecuencias.
Otras siete sí fueron denuncias legales presentadas ante fiscalías o ministerios públicos.
“Solo en una se logró una orden de restricción, pero no hubo acciones contra el agresor. En otros casos, la víctima no continuó por el proceso ‘agresivo’; las autoridades dijeron que no procedía porque no había forma de comprobarlo o no había amenazas directas, o las víctimas fueron amenazadas para no continuar la denuncia. En un caso, la investigación sigue abierta, pero el agresor nunca se ha presentado a declarar”, precisó PUM.
En términos legales y en materia de derechos humanos, se establece que cuando se cometen faltas debe haber una reparación integral. Es decir, que las medidas no deben incluir solamente la reparación del daño causado a la víctima, sino que se deben realizar los cambios necesarios para que estas situaciones no vuelvan a suceder.
La única manera de lograr un cambio de fondo es tomar medidas que impliquen cambios estructurales para detener las distintas violencias contra las mujeres.
