La internacionalización del movimiento #MeToo ha abierto la puerta para que la agenda feminista de cada país se traduzca en demanda viral. Desde el #SiMeMatan mexicano, el #LaManada español o el #MiráCómoNosPonemos argentino, los colectivos de mujeres en varios países han cerrado filas para terminar con una declaración de sororidad: #YoSíTeCreo.
ES 8 DE MARZO y en Madrid la fecha tiene eco. Hace un año, en 2018, el centro de esta ciudad colapsó durante la marcha anual por el Día Internacional de la Mujer ante la no calculada asistencia de cientos de miles de personas —170 mil, versión gobierno; medio millón, versión organizadores—, con cifras similares en Barcelona y plazas llenas en ciudades como Sevilla, Bilbao y Zaragoza. Doce meses después, la pregunta está en el aire. ¿Volveremos a salir todas? ¿Será igual la marcha de 2019, será menor? La respuesta está en las noticias un día después: 350 mil personas y las calles llenas en una Madrid pintada de violeta, el color que se ha convertido en el símbolo del movimiento feminista.
Las imágenes se repiten en todas las ciudades y los colectivos se van apropiando del tema. En Lavapiés, el barrio que es conocido por su alto número de inmigrantes, los grupos se unen y hacen presencia: Colectivo de Mujeres Migrantes. Mujeres de Bangladesh contra la Violencia. Grupo de Mujeres Musulmanas. Hablan sobre un escenario con una pancarta detrás: “El feminismo será antirracista o no será”.
En esta, una de las ciudades-corazón de Europa, la voz de América está presente. Se recuerda a las 41 niñas calcinadas en una casa hogar en Guatemala. Se exige la despenalización del aborto para las mujeres salvadoreñas, que son procesadas y juzgadas por decidir sobre su cuerpo. Se exige justicia para la activista ambiental Berta Cáceres. Se demanda protección para que las mujeres migrantes no sean agredidas sexualmente mientras cruzan en caravana por el territorio mexicano.
Porque México también resuena. La ola violeta del 8 de marzo es una onda expansiva que cruza fronteras. En este país, apenas dos días después de que el Congreso de Nuevo León aprobara la penalización del aborto en ese estado, miles de mujeres salieron a la calle a protestar. Porque desean interrumpir el embarazo de manera segura si así lo deciden. Porque desean salir de noche sin arriesgar la vida. Porque tampoco quieren arriesgarla cuando se ponen falda corta, cuando usan escote, cuando van a una fiesta, cuando se emborrachan. Porque nada de eso tendría que ser motivo para que, en México, seis de cada diez mujeres (Inegi) hayan sido víctimas de la violencia alguna vez; el doble de la media mundial. Porque cada día, nueve mujeres son asesinadas en este país.
Así que mujeres de Ciudad Juárez, Guadalajara, Puebla, y una palpitante Ciudad de México tomaron las calles también. La pintura de rostro y las camisetas violeta de España se combinaron con los pañuelos verdes del movimiento por el derecho al aborto seguro en Argentina, y con los carteles y botones rosa mexicano con la leyenda “Ni una más”. El ruido de tambores y un eco sin fronteras retumbó de un lado del océano al otro, del norte de América Latina hasta el sur: “Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer”.
El 20 de enero de 2017 Donald Trump, un hombre acusado de acoso sexual y autor de declaraciones misóginas y sexistas, tomó protesta como el presidente 45 de Estados Unidos. Un día después, el 21 de enero, la respuesta social llegó en forma de marcha. La manifestación bautizada como “Women’s March” reunió a cinco millones de personas, la gran mayoría mujeres, en las calles de 600 ciudades, entre ellas Washington DC, Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Es hasta la fecha la acción masiva más grande registrada en ese país.
El nombre del movimiento y sus principales reivindicaciones tenían que ver con el reconocimiento a los derechos de las mujeres y la protesta contra políticas sexistas, pero en ese espacio no solo confluyeron organizaciones de defensa de los derechos reproductivos. Estas se sumaron con las de defensa de los derechos laborales, civiles, de libertad de culto, de la comunidad LGBT+, de los inmigrantes, de las personas discapacitadas y por la justicia ambiental. La sororidad, la palabra que más suena entre las redes de mujeres, en este caso se extendió a todos los grupos vulnerables de la sociedad estadounidense.
Mientras en los meses posteriores a la manifestación los distintos comités locales de Women’s March creaban el “ahora qué sigue” de su movimiento, en el Hollywood de Estados Unidos, una de las industrias que generan más ganancias en el mundo, se gestaba un fenómeno paralelo: #MeToo, un movimiento contra el acoso y el abuso sexual. En octubre de 2017 el hashtag se viralizó en redes sociales evidenciando la extendida y normalizada práctica de violencia sexual contra las mujeres, especialmente en el ámbito laboral. El productor Harvey Weinstein empezó a acumular denuncias, que llegaron a las decenas, mientras actrices como Alyssa Milano, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman y Jennifer Lawrence se sumaban al movimiento. La sociedad que suele describirse a sí misma como democrática tuvo frente a sí la evidencia de que la violencia de género no se detiene ante barreras de clase, fenotipo, ni posición social.
Ese mismo año, una encuesta realizada por la empresa de televisión ABC y por el diario The Washington Post encontró que 54 por ciento de las mujeres estadounidenses reportaban haber recibido acercamientos sexuales “inapropiados y no solicitados”; 95 por ciento dijo que este tipo de comportamiento usualmente queda impune. Además de los números, en esos meses dos casos de denuncias de acoso laboral presentadas por periodistas de televisión fueron de conocimiento público, tuvieron diferentes resultados, y evidenciaron lo avanzado y lo pendiente para el movimiento #MeToo.
El primer caso es el de la conductora del noticiero Fox News, Gretchen Carlson, quien acusó al CEO de esa empresa, Roger Ailes, por acoso sexual. Tras un litigio publicitado, en el que se supo que Carlson contaba con material grabado que comprometía a otros directivos de la poderosa cadena, Fox llegó a un acuerdo con la periodista, consistente en el pago de 20 millones de dólares y una disculpa pública.
El segundo caso es el de Karla Amezola, una reportera originaria de Tijuana que trabajaba presentadora de noticias para Liberman Broadcasting (LBI), una televisora de programación nacional en español con sede en Los Ángeles. En marzo de 2017 Amezola fue despedida por LBI, para la cual había trabajado por seis años, “por no cumplir con los estándares de calidad”. Un año antes, Amezola había denunciado administrativa y legalmente al productor Andrés Angulo, su jefe, por un continuado acoso que incluía insinuaciones sexuales explícitas y tocamientos en contra de su voluntad. La periodista, actualmente de 32 años, se vio en la incómoda posición de continuar trabajando en el lugar, en un ambiente hostil, mientras el proceso legal avanzaba. Hoy, aunque Amezola ya está fuera de LBI, dicho proceso sigue, pues aún no se dicta resolución.
A pesar de que ambos casos presentaban los mismos argumentos jurídicos —acoso sexual, abuso de poder por parte de su jefe inmediato, y la existencia de grabaciones con evidencia—, la empresa respondió con la rescisión del contrato de Angulo y también con el de Amezola, quien a pesar de todo consideró que el resultado fue una victoria en un medio de “intocables”. Durante ese periodo la periodista hizo un continuo llamado a las mujeres que trabajan en la industria de medios en español en Estados Unidos para iniciar su propio #MeToo. Hasta la fecha, esa es una reivindicación pendiente.
Si la ola violeta ha cruzado fronteras para reivindicar la equidad de género y el alto a los abusos y acosos sexuales, la ola verde que se generó en las calles del sur del continente, con el uso del pañuelo que representa la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito en Argentina, fue tan contundente, que corrió hacia el norte y tocó otros países y otras agendas.
El 8 de marzo pasado, mientras las imágenes que llegaban de España y otras ciudades europeas llenaban internet, en Buenos Aires las mujeres se preparaban para sumarse al Paro Internacional de Mujeres. El pedido simbólico realizado en varios países de parar las actividades en los trabajos, en las tareas de cuidado, o en la actividad de casa, tenía como objetivo sostener la consigna de “si las mujeres paramos, se para el mundo”. Pero como ocurrió en muchas otras ciudades, la huelga feminista porteña pasó de la consigna al hecho con mujeres que obtuvieron permiso para tomarse el día, las que se reportaron enfermas, las que faltaron a la escuela, y las que contaron con un compañero solidario para hacerse cargo de sus asuntos mientras ellas salían a marchar. La cifra oficial para Buenos Aires fue de 100 mil.
Aunque el pañuelo verde y su significado se volvieron la bandera visible para el movimiento en Argentina, un país en el que se mata a una mujer cada 32 horas y en el que dos de cada tres mujeres dicen haber sido víctimas de acoso, la chispa que se convirtió en la llamarada del #MeToo fue el caso de Thelma Fardín, una actriz de 24 años que a finales de 2018 denunció penalmente al actor Juan Darthés por una violación ocurrida en 2009, cuando ella era menor de edad y trabajaban juntos en una telenovela.
En su declaración, Fardín explicó que “anuló” la experiencia para poder seguir adelante, y que el hecho de que hubiera otras denuncias públicas la animó a hacer la denuncia legal de su caso. Darthés se defendió, acusó a la actriz de habérsele insinuado, y una semana después salió de Argentina rumbo a Brasil, país en el que nació y que no contempla la extradición de sus connacionales; pero la llamarada no paró. A las denuncias en el medio del espectáculo se sumaron denuncias a políticos, y empezó a crecer en redes sociales el hashtag #MiráCómoNosPonemos, impulsado por las actrices, en respuesta a “mirá cómo me ponés”, la frase que Darthés habría dicho a sus víctimas tomándoles la mano, haciéndoles sentir su erección.
La fuerza de la movilización feminista en Argentina ha permeado en los países latinoamericanos por dos razones: la primera, por la demanda concreta de aborto seguro y legal realizada ante el Congreso, una presión que logró que la iniciativa sobre el asunto se aprobara en la Cámara Baja y que, aunque fue rechazada en el Senado, convirtió la demanda de coyuntura en un movimiento a largo plazo. La segunda, porque la ola verde fue integrada por mujeres muy jóvenes, muchas de ellas bien informadas, que han recurrido a las vías tradicionales de participación política para presentar sus demandas, pero que también han encontrado en las redes sociales no solo el medio para la denuncia, sino la forma de crear redes de apoyo y acompañamiento para las denunciantes.
Un botón de muestra: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argentino posee una línea telefónica a través de la cual recibe consultas y denuncias de abuso sexual infantil. En 2018 el promedio de llamadas diarias era de 16; tras la denuncia de Fardín y el movimiento que esta generó, ese número se incrementó a 214 llamadas diarias, un 1,240 por ciento más. De acuerdo con el mismo Ministerio, el 70 por ciento de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas y el 70 por ciento de los agresores son del círculo familiar de la víctima.
Si en Estados Unidos o Argentina hubo un momento #MeToo surgido de colectivos de alto perfil, como el medio del entretenimiento, en otros países el detonador ha venido de la calle. En el caso de España, la chispa prendió en noviembre de 2017, cuando bajo una enorme atención mediática comenzó en Pamplona el juicio a “La Manada”, un grupo de cinco hombres acusados de violar a una chica de 18 años en un portal durante la primera noche de las fiestas conocidas como “sanfermines” de 2016. La publicación de los mensajes enviados a través de un grupo de Whats-App titulado “La Manada”, a través del cual se comunicaban los acusados, mostró mensajes en los que los hombres se jactaban de su “proeza” sexual. Seis meses más tarde, la sentencia judicial declaró que los hombres habían cometido “abuso” y no violación. El caso se volvió un símbolo del machismo dentro del sistema judicial, que incluyó en el proceso la indagación de lo que había hecho la víctima en las semanas posteriores al abuso. Para el siguiente 8 de marzo, el de 2018, las mujeres inundaron las calles españolas.
En México, la campaña #MeToo despegó este mes de marzo, pero la acción colectiva de denuncia en redes, algunas bajo el anonimato, se empezó a manifestar desde 2015, cuando trabajadoras del círculo de la cultura lanzaron el hashtag #ropasucia para ventilar situaciones sexistas en el medio. Al año siguiente, #MiPrimerAcoso abrió la puerta para que cualquier mujer, desde cualquier ámbito, denunciara el acoso constante que sufren tanto en el espacio público como en el privado. Ese ejercicio, además, arrojó al rostro de la sociedad mexicana un dato estremecedor: la mayor parte de las denunciantes dijo haber sufrido su primer acoso entre los 6 y los 11 años de edad.
En 2017 se viralizó una nueva denuncia: #SiMeMatan, el hashtag bajo el que se articuló una campaña para denunciar la revictimización de las mujeres durante las coberturas mediáticas y los procesos penales de instrucción de feminicidios, poniendo el foco en la historia personal de la víctima, su nivel educativo o socioeconómico, los sitios que frecuentaba e incluso su manera de vestir; esto en un país en el que 6 de cada 10 mujeres han sufrido un incidente de violencia —el doble que la media mundial—, y nueve son asesinadas cada día.
La viralización más reciente, el #MeToo mexicano (#MeTooMX) que creó denuncias específicas para los diferentes ámbitos laborales —#MeTooEscritoresMexicanos, #MeTooPeriodistasMexicanos, #MeTooCineMexicano…— y abrió la puerta a las denuncias anónimas, ha sacado a la luz la polarización social en torno al tema y los limitados recursos para la mediación con los que cuenta la sociedad mexicana; pero sobre todo, ha evidenciado la falta de eficiencia por parte del Estado mexicano para garantizar que las víctimas puedan denunciar de manera segura, que existan los recursos para que se haga justicia, y que se respete el derecho a la presunción de inocencia para las partes acusadas.
En eso también hay una coincidencia que cruza fronteras: la ausencia de mecanismos para responder a las demandas de los colectivos de mujeres —con sus agendas específicas en cada país, pero con puntos comunes— hace que las sociedades creen nuevas estrategias, nuevas “manadas”, para cobijarse bajo un solo techo: #YoSíTeCreo. Teñidas de verde, de rosa o de violeta, usando los medios que están a su alcance, estas nuevas manadas sacuden las estructuras tradicionales bajo una sola consigna: “Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer”.
