La nueva política que el gobierno federal implementará para el programa de Estancias Infantiles, continuará bajo un nuevo “esquema de honestidad y transparencia”, sin embargo, este nuevo “esquema” deja a la deriva la existencia de muchas de estas estancias así como una serie de afectaciones a los padres y tutores que trabajan o estudian.
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, tenía como objetivo apoyar a las madres de 15 años y más con hijos de entre uno y cinco años once meses, que no tenían acceso a la seguridad social y con ingresos inferiores a la línea de bienestar (al costo de la canasta alimentaria más una serie de servicios básicos), sin importar su condición laboral.
De esta manera, conocer la situación en términos de derechos sociales en la que se encuentra cada uno de los municipios que cuentan con al menos una estancia, permite conocer la relevancia para los trabajadores guanajuatenses.
De acuerdo con información del directorio de Estancias Infantiles de septiembre de 2018 de la desaparecida SEDESOL, en Guanajuato se encuentran 451 Estancias Infantiles que en septiembre de 2018 estaban afiliadas a este programa social.
Estas 451 estancias se encuentran distribuidas en 40 de los 46 municipios del estado. La gran mayoría de ellas se encuentra en cinco de ellos:
En estos cinco municipios se encuentra el 53% de las estancias del estado. Cabe mencionar que, únicamente 49 estancias se encuentran en zonas rurales, 64 en entornos semiurbanos y las restantes 338 en entornos urbanos de Guanajuato.
Destaca que, en 33 municipios de los 40 que cuentan con al menos una estancia infantil, más de un cuarto de la población es vulnerable por carencias sociales, es decir, se trata de una gran proporción de guanajuatenses cuyos ingresos son inferiores a la línea de bienestar y que no cuentan con acceso a los servicios de salud; carecen de acceso a la seguridad social, a la calidad de espacios y de servicios básicos en la vivienda, e incluso podrían no tener una alimentación adecuada.
Asimismo, destaca que, en el municipio de Villagrán (donde se encuentran cinco estancias) el 19% de la población es vulnerable por ingresos, es decir, esta proporción de la población, si bien no presenta carencias sociales, percibe ingresos inferiores a la línea de bienestar.
De igual forma, en el municipio de Cortazar (donde se localizan cuatro estancias), la población bajo esta situación representa el 13% del total municipal, mientras que en 15 municipios más esta proporción es superior al 5 por ciento.
Estos indicadores revelan una parte de la precariedad laboral en la que se encuentra la población guanajuatense que podría ser beneficiaria de las estancias infantiles.
De acuerdo con el análisis El entorno social de estancias y guarderías elaborado por México Social, a nivel nacional se encuentran, 9 mil 315 estancias en activo: por lo menos una estancia en uno de cada dos municipios del país.
De estas estancias son beneficiarios 310 mil 968 madres y padres solos, que tenían inscritos a 327 mil 854 niños. Únicamente el 3.5% de los usuarios son hombres, es decir, 10 mil 535.
De acuerdo con la ficha de monitoreo 2017-2018, en la que CONEVAL presenta la situación de este programa que era implementado por SEDESOL, las estancias infantiles contribuyen a mejorar las condiciones de acceso y de permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y de los tutores que trabajan, que se encuentran buscando empleo o que estudian.
Esta ficha reveló también como un hallazgo importante que, además de que las estancias representan un espacio de cuidado infantil para las familias de bajos recursos, este programa tiene efectos positivos en la situación laboral de la madre y también para su empoderamiento.
Cerca del 90% los beneficiarios de las estancias infantiles tenían trabajo cuando se inscribieron al programa, permanecieron él y mejoraron su posición laboral.
En el análisis El entorno social de estancias y guarderías, destaca que la afectación a cientos de trabajadores, en conjunto con las condiciones críticas de trabajo que existen en el mercado laboral, representan un aspecto de vulnerabilidad para las y los trabajadores.
En un total de mil 473 municipios de todo el país la población que no tiene acceso a los servicios de salud es igual o inferior al 15 por ciento. Este número de municipios representa el 60% de los 2 mil 456 que existen en nuestro país.
En contraparte, en 281 municipios donde la población no tiene acceso a este derecho social, se localizan 2 mil 900 estancias, es decir, el 31% del las más de 9 mil estancias de todo el país.
Este dato resulta relevante derivado de que, muestra que la cobertura del programa de estancias cubre zonas desfavorecidas en el ámbito del acceso a la seguridad social, lo cual refleja precariedad laboral, así como la falta de cobertura de otros programas sociales.
De esta manera, el mencionado análisis concluye que, la reducción del presupuesto a las estancias infantiles deja a la deriva la existencia de muchas de ellas. La desaparición de una estancia implica que los padres o tutores no podrían elegir dejar si hacen o no uso de este programa, por lo que deja en el desamparo a miles de trabajadoras y trabajadores que en su inmensa maría viven en zonas con fuertes carencias sociales.
De esta manera, la imposibilidad de elegir una estancia infantil donde los niños son atendidos por profesionales, implica que se podrían vulnerar sus derechos así como la exposición a un sinnúmero de riesgos.
