En su nuevo libro, Prosecuting the President, el profesor de derecho Andrew Coan especula sobre cómo terminará la investigación de Robert Mueller al presidente de EU. Hay noticias buenas y malas.

YA SEA EN TWITTER o en sus mítines de “Hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo”, el presidente Donald Trump ha pasado la mayor parte de los últimos 18 meses atacando la “cacería de brujas” en su contra. Mientras tanto, el fiscal especial Robert Mueller, exdirector del FBI, ha dirigido una operación reservada. Aparte de las 33 personas y tres compañías a las que ha acusado hasta ahora, casi nadie, mucho menos el público estadounidense, sabe qué esperar cuando su investigación se agita hacia su presunto objetivo final, un presidente Trump cada vez más nervioso.

Andrew Coan, autor y profesor de derecho constitucional en la Universidad de Arizona, en su nuevo libro, Prosecuting the President (Oxford University Press), da un contexto histórico de la operación de Mueller. Dado que la política del gobierno ordena que ningún presidente en funciones puede ser acusado antes de ser impugnado, Coan explica que la relación del fiscal especial con el presidente es una combinación compleja de política y derecho. Para Mueller, al contrario de un fiscal en un tribunal, su deber principal es enfocar la atención pública en los delitos. Lo que se haga con esa información queda en manos del público y el Congreso.

Como objetivo, Trump está en compañía bendita. Por lo menos seis presidentes de Estados Unidos han lidiado con fiscales especiales, empezando por Ulysses S. Grant en 1875 e incluyendo a Richard Nixon, Ronald Reagan y Bill Clinton. Clinton fue impugnado por la Cámara de Representantes (pero absuelto por el Senado). Nixon dejó el cargo antes de que pudiera darse la impugnación. Pero Trump tiene su propia realidad especial, como lo explica Coan a Newsweek.

—¿Cuál es la base legal de un fiscal especial? No está en la Constitución, ¿cierto?

—Correcto. El fiscal especial ha existido por 140 años, principalmente nombrado de manera ad hoc cuando un presidente ha necesitado una manera de demostrar su seriedad con respecto a investigar las acusaciones en contra suya o de su administración. Mueller fue nombrado bajo una serie de regulaciones formalizadas y adoptadas en 2000, después de la impugnación de Clinton. Remplazaron algo que se llamaba Ley de Ética en el Gobierno, la cual, a su vez, fue adoptada después de Watergate y establecía un fiscal especial mucho más fuerte del que tenemos hoy día, uno que no podía ser despedido con facilidad. Muchas personas en ambos lados del pasillo pensaron que el fiscal especial era demasiado fuerte. Para los demócratas, la prueba A fue Ken Starr [durante la administración de Clinton]. Para los republicanos, fue Lawrence Walsh, quien pasó siete años investigando los Irán-Contras [durante las administraciones de Ronald Reagan y George H.W. Bush].

—¿Cuál es la función principal del fiscal especial?

—A lo más, fungen como personificaciones del pueblo, aumentando la visibilidad de las acusaciones y ejerciendo presión sobre el presidente. Pero, a fin de cuentas, la decisión final en lo tocante a impugnar y retirar a un presidente es una decisión política.

—¿Por qué un presidente en funciones no puede ser acusado?

—La Constitución ordena claramente que un presidente puede ser sujeto de una acusación criminal después de una impugnación. Ya sea que los fundadores quisieron que esto fuese excluyente —o sea, que un presidente o cualquier otro funcionario solo puedan ser acusados después de ser retirados del cargo—, está sujeto a debate. El argumento principal para permitir la acusación solo después de la remoción es que la acusación afectaría fatalmente la capacidad de un presidente de llevar a cabo sus deberes constitucionales. Por ejemplo, sería inconcebible que los jefes de policía arresten a un presidente en medio de una llamada telefónica con un líder extranjero. Tampoco podría dirigirse una guerra desde una cárcel en D. C.

—Si un presidente no puede ser acusado, ¿en qué se diferencia el sistema estadounidense de una monarquía?

—En que una monarquía no tiene un sistema de impugnación. La cuestión real no es si un presidente puede ser retirado del cargo o acusado, es quién debería ejercer dicho poder: ¿el Congreso? ¿O 19 ciudadanos en un gran jurado?

—¿Estos fiscales siempre son apolíticos? ¿O Trump está en lo correcto al decir que esta es una cacería de brujas?

—Creo que Trump es el primer presidente que usó personalmente las palabras “cacería de brujas”, pero los presidentes tienen un poderoso incentivo político de socavar la credibilidad de un fiscal especial. Atacar al fiscal es en extremo común, aunque, al contrario de Trump, los presidentes anteriores rara vez se involucraron en los ataques, más bien los delegaban a sus subordinados.

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“Las acusaciones de que el fiscal especial es demasiado apasionado o se ha descarrilado han sido un lugar común en el pasado, pero usualmente han sido herramientas de la propaganda presidencial. Es una decisión a conciencia, pero solo ha habido pocos casos serios de apasionamiento excesivo. Uno sería la investigación cada vez más extensa de Ken Starr a Bill Clinton. La mayoría de los observadores, a lo largo y ancho del espectro político, llegaron a considerarlo como una demostración de un fracaso serio del juicio procesal”.

—Con base en lo que se ha hecho hasta ahora, ¿piensa que Mueller cree que Trump puede ser acusado?

—La respuesta es no, no lo cree. Además de los problemas constitucionales, hay una política del Departamento de Justicia (DOJ) —que el presidente no puede ser acusado— a la que Mueller está atado.

—Usted escribe que los fiscales son nombrados para apuntalar la “confianza pública” en el gobierno. Después de 18 meses y 33 acusaciones, ¿Mueller no ha disminuido la confianza pública en este gobierno?

—La alternativa es no investigar en absoluto las acusaciones graves o confiarle las acusaciones al DOJ, el cual opera bajo las órdenes de personas con nombramientos políticos hechos por el presidente. Los fiscales especiales promueven la confianza en que se investigará la mala praxis meticulosa e imparcialmente.

—Dado que Mueller no puede en realidad acusar a Trump, ¿no es la investigación finalmente una actividad política?

—No pienso que la respuesta sea un “si acaso”. Un fiscal especial es, a la par, un actor legal y político. Su trabajo es aumentar la visibilidad de las acusaciones de mala praxis seria de una manera que enfoque la atención pública. Pero el derecho tiene un papel en verdad robusto aquí. El hijo del presidente puede ser acusado de un crimen. Su exasesor de seguridad nacional y su director de campaña ya fueron acusados de crímenes. Las herramientas legales formales que Mueller tiene a su disposición le permiten ejercer este papel político de subrayar las acusaciones. Eso probablemente no habría sucedido sin un fiscal especial.

“El desenlace para el presidente es diferente: el proceso político de la impugnación. Pero incluso eso se da a la sombra del derecho. Si el presidente ha quebrantado la ley, eso importa políticamente, y un fiscal especial tal vez sea la única manera de que el público se entere de ello”.

—Si él considera que Trump cometió un delito, ¿cómo lo presentará Mueller, ya que no lo puede acusar?

—Podría decir que hay evidencia la cual fundamenta un cargo de obstrucción de la justicia para cualquiera, salvo el presidente de Estados Unidos. Podría decir que hay evidencia la cual fundamenta cargos de conspiración criminal para defraudar a Estados Unidos contra cualquiera de los acusados salvo el presidente. Esto sería significativo cuando el Congreso decida si avanza con la impugnación.

—¿Cuáles son las posibilidades de que la administración pueda tratar de evitar que el informe de Mueller sea conocido por el público?

—Él está obligado a entregar un informe confidencial al nuevo fiscal general, William P. Barr [quien espera ser confirmado en febrero], explicando sus decisiones sobre los cargos criminales. Si Mueller entrega evidencia significativa en contra de Trump, hay muchas probabilidades de que diga que prefirió no presentar cargos criminales a causa de la norma en contra de acusar a un presidente en funciones. Alternativamente, él podría presentar la evidencia sin llegar a alguna conclusión.

“En cuanto Mueller entregue ese informe completo, habrá una intensa presión política para que el fiscal general lo haga público. Los abogados del presidente ya trabajan duro para elaborar argumentos legales con respecto a que cierta evidencia podría estar protegida por el privilegio ejecutivo. Los abogados le presentarán ese argumento a Barr como una manera de influir en su decisión con respecto a si hacer público el informe al Congreso o al público en general.

“El Congreso tiene herramientas si Barr decide retenerlo. La Cámara de Representantes tiene el poder de solicitarle documentos a la rama ejecutiva. Si la rama ejecutiva se resiste, podría darse una batalla en la corte entre la Cámara de Representantes y el DOJ. El Congreso también puede llamar a Mueller y su personal para que den testimonio. Si Barr trata de eliminar el informe, la probabilidad de que se filtre es alta, aun cuando el equipo de Mueller ha sido reservado de forma extraordinaria. La cuestión es cuán lejos Barr, un abogado muy respetado entre la clase dominante, estaría dispuesto a ir para eliminar la evidencia condenatoria —si hay alguna— contra Trump. El informe aparecerá algún día. ¿Querrá él que lo recuerden como el recolector de Trump?”.

—¿Cómo afectan los ataques personales que Trump lanza contra funcionarios a la capacidad de Mueller de hacer su trabajo?

—Van directo al centro de la capacidad del fiscal de hacer su trabajo. Otros presidentes han ejercido presión, pero lo que hemos visto con Trump excede a todos los otros, no solo en la vituperación, sino en su involucramiento personal, lo cual es en verdad importante.

—Si no puede ser acusado, y no lo impugnan, ¿Trump no podría dejar correr el reloj y mantenerse como presidente?

—Es muy plausible imaginarse un informe muy dañino, pero que no sea lo suficientemente dañino para poner en marcha la máquina de la impugnación. Y si él se postula de nuevo y gana, ampliará el periodo durante el cual no puede ser acusado hasta el final de su segundo mandato. Estará viejo para entonces [78 años], así que habría dejado correr el reloj en un sentido real.

—Usted termina su libro con la sección “Estados Unidos, el vulnerable”. ¿Por qué? ¿Y vulnerable a qué?

—Estados Unidos es más vulnerable a un presidente que ignore las normas y quebrante el imperio de la ley que en cualquier otro momento de mi vida. Hay dos cambios estructurales en la política estadounidense que socavan la capacidad del fiscal especial de hacer responsable a un presidente. Uno es la polarización extrema de la política estadounidense, lo cual significa que toda cuestión es vista a través del cristal partidista. Es muy difícil que el pueblo estadounidense se pregunte imparcialmente: “¿Este presidente, de hecho, ha cometido un acto criminal?”.

“El segundo es el momento populista que estamos experimentando. Con esto me refiero a la conexión personal que Trump tiene con sus partidarios y la licencia que esta conexión le da de ignorar las normas que habrían constreñido a otros políticos. Ningún otro presidente habría sobrevivido a burlarse de un héroe de guerra como John McCain o a motivar a sus partidarios a agredir físicamente a manifestantes.

“Cuando un presidente no se siente constreñido por las normas, para los fiscales especiales es mucho más difícil enfocar la atención en estos problemas para que el público juzgue al presidente imparcialmente”.

—Si el papel del fiscal es “enfocar la atención” en los actos criminales, entonces los medios de comunicación son parte de la cadena de entrega, ¿cierto?

—Los medios de comunicación son cruciales, y no solo en despertar la consciencia del público sobre el trabajo del fiscal especial y la presión política [sobre él]. Por ejemplo, esa historia sobre altos funcionarios del FBI que querían revisar si Trump es un agente, inconsciente o no, de los rusos; eso es en verdad escandaloso. Pero no tenemos idea de qué concluyeron, o qué concluirá Mueller. En ese punto, y muchos otros, estamos a oscuras. Un fiscal especial a menudo es el único que puede responder estas preguntas con credibilidad. 

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Publicado en cooperación con Newsweek /Published in cooperation with Newsweek