La LXIII Legislatura de Oaxaca aprobó, con 22 votos a favor y 11 en contra, la solicitud del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, de prorrogar por 15 años, la vigencia del contrato para prestación de servicios a largo plazo para el diseño, la creación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de la de Ciudad Judicial.
Lo anterior, con el fin de lograr “algunos ahorros en el presupuesto y destinar esos recursos a obras de impacto social”, que comenzarán a contemplarse en el presupuesto de egresos.
Mediante el decreto, se modificó el contrato signado el 3 de enero de 2008, por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, específicamente en la cláusula octava “contraprestación”, en tanto que continúa la operación y funcionamiento del “Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago alterna afectando un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos y derechos derivado de las participaciones federales”.
“El estado de Oaxaca requiere efectuar obras de impacto social en beneficio de los oaxaqueños, por lo que es necesario reducir los gastos mensuales que se efectúan como pago a la Operadora de la Ciudad Judicial de Oaxaca S.A de C.V., para lo cual esta comisión considera viable autorizar la prórroga solicitada, que permita dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del estado”, indica el documento.
Los esquemas PPS fueron implementados en el gobierno de Ruiz Ortiz y consistieron en ceder a empresas privadas la construcción de complejos administrativos en terrenos propiedad del gobierno del estado, para luego de concluir las obras, llevar a cabo un pago mensual hasta su liquidación.
En el caso de Ciudad Judicial, el contrato se firmó el 3 de enero del 2008, mediante el cual inversionistas privados, realizaron la construcción, equipamiento y mantenimiento a la infraestructura que concluyeron en 2010.
El primer pago se efectuó en noviembre de 2018 y el contrato establecía un lapso de 15 años para finiquitar el adeudo (2025), cuyo costo inicial fue de mil 588 millones 914 mil 116.53 pesos de los que mil 419 millones 714 mil 130 pesos, correspondieron a un crédito con Banorte y 169 millones 199 mil 985 pesos a capital de riesgo.
Hasta el 30 de junio de 2018, de acuerdo al “Reporte Trimestral de Finanzas Públicas” de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado, se habían efectuado pagos por tres mil 54 millones 457 mil 442.26 pesos, con saldos insolutos por 444 millones 510 mil 725.42 pesos, lo que representaba un avance del 72 por ciento de la cobertura de la deuda.
De acuerdo al reporte de la Sefin, la tasa de interés es del 11.86 por ciento anual, misma que califica como “tasa baja en el mercado”, tomando en cuenta el proyecto de Ciudad Judicial.
